Gerardo Roldán Gándara
Expediente 541/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Roldán Gándara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 23/2022, recibidos en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la superioridad informando que declaró la legal competencia del Juzgado Decimoquinto de Distrito, con sede en Xalapa, para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Gerardo Roldán Gándara. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, al tratarse de un cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibido en línea, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele informando que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y este órgano jurisdiccional, radicándose en consecuencia el expediente 23/2022 de su índice; por tanto, estese en espera de que la Superioridad notifique la resolución correspondiente, a efecto de acordar lo procedente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado. En atención a su contenido, y luego de reflexionar detenidamente sobre las razones que invoca el juzgador como apoyo de su determinación, el suscrito respetuosamente INSISTE EN LA DECLINACIÓN DE LA COMPETENCIA. En primer término, conviene señalar que el homólogo hace referencia a los párrafos 64, 82, 83, 84, 93, 94, 106 y 107 de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.", y de su análisis señala que dicha Sala emitió un criterio para poder fijar las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo desde el momento de la presentación de la demanda, consistente en que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en donde el quejoso manifieste -bajo protesta de decir verdad- se intentó ejecutar aquella. En ese contexto, sin ánimo de reiterar aspectos ya expresados en la resolución de uno de julio del presente año, a dichas consideraciones solo cabría agregar, que si bien es cierto que el homólogo juzgador hizo referencia a los párrafos 64, 82, 83, 84, 93, 94, 106 y 107 de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia con que se sustentó la referida determinación de uno de julio pasado, lo cierto es que se pasó por alto que, en los diversos párrafos 87, 88, 89 y 90 de dicha ejecutoria, que dicen: "87. Por otra parte, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo tiene que ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. 88. Bajo ese tenor, si el quejoso, bajo protesta de decir verdad asegura que se han presentado autoridades judiciales a su domicilio con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, el Juez no puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia desde el auto inicial, sólo por no haber hecho señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en la jurisdicción territorial que le corresponde. 89. La ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, si no es enmendada por el Juez de amparo, podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 90. Así que el Juez debe prevenirlo con el apercibimiento relativo en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada, para que aclare si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción, de las que de manera vedada menciona en su demanda, al referir que ciertas autoridades han acudido a su domicilio para detenerlo." Fue donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el criterio sostenido por este juzgado, en el sentido de que la competencia territorial del juez de distrito en tratándose de actos con ejecución material obedece al señalamiento de las autoridades ejecutoras. En ese sentido, si bien en diversos párrafos la Sala indica que debe atenderse a la manifestación del quejoso del lugar donde se alega la ejecución del acto reclamado (pese a no haber designado a una autoridad ejecutora) lo hizo en el sentido de que ante esa circunstancia no debe procederse inmediatamente a declarar la incompetencia del juzgado, sino a una prevención, a fin de que, a través del señalamiento de la autoridad ejecutora correspondiente se dote de competencia al juez ante quien se presentó la demanda. Lo anterior, en el entendido de que si no lo hace, pese a habérsele dado la oportunidad de hacerlo, entonces debe procederse a la consecuencia natural, que es la declaración de incompetencia del órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo 541/2022 al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, Veracruz, a efecto de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y este Juzgado de Distrito. Ahora, dese aviso al órgano jurisdiccional contendiente, para los efectos señalados en el segundo párrafo del citado artículo 48. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de julio de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y del estado de autos, se obtiene que el plazo de cinco días concedido al promovente Gerardo Roldán Gándara, para que cumpliera con la prevención efectuada en acuerdo de diez de junio del año en curso, en relación con la demanda de amparo que presentó, transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio de la presente anualidad, atendiendo a que se le notificó por lista de acuerdos publicada el diecisiete de junio pasado, sin contar los días sábados ni domingos, pues en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, resultan ser inhábiles, sin que a la fecha diera cumplimiento a la prevención de mérito. De igual forma, de la referida certificación se desprende que no existe promoción alguna dirigida al presente juicio pendiente de acordar, relacionada con la aludida prevención. En consecuencia, si el plazo para dar cumplimiento al requerimiento feneció el veintisiete de junio pasado, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de diez de junio de este año al promovente, por lo que, el suscrito procede a dictar el siguiente auto de: INCOMPETENCIA El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ejecución de los actos reclamados como criterio definitorio de la competencia, solo tiene sentido cuando en la demanda se señalan como autoridades ejecutoras a alguna que tenga su domicilio y ámbito competencial en el lugar en donde habrá de tener, haya tenido o tenga ejecución dichos actos, pues son ellos, los que en su caso, podrán llevar a cabo dicha ejecución, la que de otra manera no podría concretarse, o ya efectuada, no podría ser sometida a escrutinio constitucional. Tal criterio está contenido en la jurisprudencia: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Así, del contenido integral de la demanda de amparo a estudio se advierte que el promovente Gerardo Roldán Gándara reclama: la orden de aprehensión y/o citación y/o presentación decretada en su contra, la cual atribuye a autoridades ordenadoras y ejecutoras, con sede en Coatepec, Veracruz, y dos más en Xalapa, Veracruz. Ahora, si bien destacó que su domicilio está ubicado en Alvarado, Veracruz, como ya se vio, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto, no queda a voluntad de los peticionarios de amparo, dejando en ellos la opción de elegir ante qué Juzgado desean promover su demanda, sino que, la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; regla que también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En consecuencia, y en concordancia con el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta inconcuso que el acto aquí reclamado, debe tener ejecución en la ciudad donde señaló a las autoridades ejecutoras, como lo son, las Corporaciones Policiacas en la ciudad Xalapa, Veracruz; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. En razón de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, para conocer del juicio de amparo que se promueve contra actos cuya ejecución tienen lugar dentro de su jurisdicción, pues de los datos que arroja la demanda de amparo, hacen presumible considerar que allá habrá de ejecutarse la orden de aprehensión que se reclama; ya que, de conformidad con lo establecido con el punto Cuarto, fracción VII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, los órganos de control constitucional de Xalapa, Veracruz, son los que ejercen jurisdicción en los municipios de Coatepec y Xalapa, y por ello les corresponde conocer de aquellos asuntos promovidos contra actos que puedan ser ejecutados en esas ciudades. Asimismo, con copia certificada del escrito de demanda y demás constancias de autos, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1011077, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Sin que sea el caso proveer respecto de la suspensión provisional o de oficio, conforme lo dispuesto por el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de los actos mencionados en el artículo 15 de la propia ley. En consecuencia, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, para que tenga a bien determinar si acepta o no el conocimiento de este juicio; solicitando el acuse de recibo correspondiente e informe el auto que en su caso emita. Notifíquese en términos de ley.
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