Gerardo Mijango Cárdenas

Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
505/2020
Año
2020
Actuaciones
39
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Mijango Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la la autoridad responsable 2. Director de Ingresos y Catastro Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a pesar de estar debidamente notificado del oficio 30301, que le fuera remitido vía mensajería acelerada Estafeta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014 (10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copia certificada las constancias relativas al total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que se hará efectivo el apercibimiento establecido en el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se les impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 505/2020 del índice de este Juzgado Federal; asimismo, se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, copia de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión número 67/2022, de la cual se advierte que la Superioridad CONFIRMÓ la sentencia recurrida en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Gerardo Mijango Cárdenas. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se ordena agregar las principales fojas del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, en virtud de su volumen y de resultar innecesarias que se glosen en su integridad, pues las copias fotostáticas se obtuvieron de los originales que se encuentra agregadas en el juicio de amparo. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable 2. Director de Ingresos y Catastro Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".para el efecto de que: ( El Director de Ingresos y Catastro del Ayuntamiento Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, deje insubsistente el oficio ING/293/2019 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se determinó realizar la cancelación, las modificaciones y la negativa de la expedición de la cédula catastral respecto de las fracciones de terreno descritas en el mismo, relacionadas precisamente con la cuenta catastral 04 106 031 00 002 155 00 000 2 a nombre del quejoso, restituyéndolo en el goce de sus derechos, llevando a cabo los trámites administrativos necesarios para ello y se regularice la situación catastral correspondiente. ( Solo en caso de estimar la autoridad responsable que existen motivos suficientes para que la referida cuenta deba cancelarse, modificarse y/o realizarse otro tipo de ajuste o aclaración dada las inconsistencias que aparezcan, entonces, otorgue el derecho de audiencia y defensa a la parte quejosa para que esté en oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, teniendo la obligación de tomar en consideración las alegaciones formuladas al momento de resolver lo conducente. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados en vía de consecuencia del oficio ING/293/2019, al no haberse combatido por vicios propios. Se precisa que los efectos de la concesión del amparo aquí otorgado se fijan de la anterior manera, ya que luego de evaluar los hechos fácticos e identificar el derecho fundamental que fue violentado, se considera que con esas directrices dadas a la autoridad responsable conllevaría la restitución plena en el goce de sus derechos transgredidos." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para lo cual se remite a las partes copia autorizada de la ejecutoria dictada en el recurso administrativo número 67/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido; téngase a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado como amparo en revisión número 67/2022; por tanto, estese en espera de que resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, primero de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite el oficio signado por el Jefe de Administración Postal del Módulo del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta localidad, mediante el cual informa que la pieza postal que le fue requerida fue entregada a este juzgado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se acordó lo conducente. Cúmplase.

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