Gerardo Rocha Fernández

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Rocha Fernández
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán de Ocampo
  • Gerardo Rocha Fernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    En treinta de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 8295. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Incorpórese a los autos, el escrito suscrito por el tercero interesado Gustavo Melgoza Escobar, sin que haya lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que como se desprende de autos la autoridad responsable ya fue notificada del proveído de veinte de junio pasado, como se advierte del acuse de fecha veintiséis de junio del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En veinte de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el término de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho, transcurrió del dos al quince de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el treinta y uno de mayo del año en curso. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 20 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente juicio y el cuaderno original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, dado que a la fecha resulta innecesaria la permanencia en autos del cuaderno de pruebas, consistente en copia certificada de del juicio ordinario civil ********************, que remitieron como justificante de su informe el Juez Primero de Primera Instancia Civil de Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo y actuario adscrito a dicho órgano, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************/2022, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "(.) III. Tienen el carácter de autoridades responsables: A). Como autoridad ordenadora JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ZAMORA, MICHOACÁN, B). Como autoridades ejecutoras el actuario de dicho juzgado. C). Director de la policía y tránsito del estado de Tangancícuaro, Michoacán, también como ejecutora. IV. ACTOS RECLAMADOS: a). De la autoridad ordenadora RECLAMO EL QUE HAYA ORDENADO AL ACTUARIO PASE A MI DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE CAMINO A LA OCALERA NUMERO 774 DE TANGANCICUARO, MICHOACAN, A BUSCAR A ANTONIO ROCHA FERNÁNDEZ A FIN DE GARANTIZAR CON BIENES DE DICHA PERSONA UN ADEUDO QUE TIENE DENTRO DEL JUICIO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO, CUANDO ALLÍ ES MI DOMICILIO PARTICULAR Y VIVO CON MI FAMILIA, LO ACREDITO CON LA CREDENCIAL DEL INE CON LO QUE DEMUESTRO QUE ESE ES MI DOMICILIO PARTICULAR, Y NO SE ME TIENE QUE MOLESTAR EN MI REFERIDO DOMICILIO. b). Del actuario reclamo que insistentemente se ha buscado a ANTONIO ROCHA FERNÁNDEZ en mi domicilio, y forzosamente quiere entrar a mi domicilio cuando está afectándome a mí que no tengo nada que ver con los adeudos de ANTONIO ROCHA FERNÁNDEZ. ACLARANDO QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE BUSCO A DICHA PERSONA FUE EL DIA 8 OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO A LAS 12 DOCE HORAS DEL DÍA, SIN EMBARGO NO HE PERMITIDO QUE SE INGRESE A MI DOMICILIO POR DIGNIDAD HUMANA SENCILLAMENTE, YA QUE YO SOY TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, Y TENGO DERECHO A QUE SE ME RESPETE MI DIGNIDAD, QUE ES UNO DE LOS DERECHOS MAS EMBLEMÁTICOS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. POR LO QUE DIGO QUE ESTE 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FUE LA FECHA QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LO QUE DIGO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. c). También reclamo al director de policía y tránsito de Tangancícuaro, Michoacán, que auxilia al actuario para entrar ilegalmente a mi domicilio, y sin que sea competente para realizar dichos actos, que en sí son inconstitucionales e inconvencionales. El promovente del amparo expone que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO. La demanda de amparo se turnó el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo con residencia en Morelia, quien en auto de veintisiete de diciembre siguiente, la registró bajo el número VIII-1434/2022, de su índice, y determinó carecer de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio de amparo, al estimar que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción correspondiente a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que ordenó remitir el juicio al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán de Ocampo (foja 14 a 18). TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN URUAPAN. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito, el treinta de diciembre de dos mil veintidós y en proveído de esa propia fecha se admitió a trámite con el número ********************/2022; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer respecto de la existencia de terceros interesados hasta en tanto obraran en autos los informes justificados; se ordenó notificar mediante exhorto a la parte quejosa la radicación del juicio en este órgano jurisdiccional; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 19 a 24) . En proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés (foja 75), se reconoció el carácter de tercero interesado a Gustavo Melgoza Escobar, por lo que se ordenó su emplazamiento. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias que remitieron las autoridades responsables con su informe justificado, para que en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al demandado, hoy tercero interesado, señalando diversos domicilios de la parte actora dentro del juicio de origen, incluyendo el domicilio que defiende el quejoso en esta instancia constitucional, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite del juicio en los términos señalados en el escrito inicial de demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento anterior y se ordenó continuar con el procedimiento en los términos señalados en el escrito inicial de demanda. Previos diferimientos, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud que en el caso se reclama un acto de un tribunal judicial, por quien se ostenta tercero extraño, con ejecución en Tangancícuaro, Michoacán de Ocampo, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo: La orden para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes que sean propiedad de Antonio, José Antonio y J. Antonio Rocha Fernández, en el domicilio ubicado en Camino a la Ocalera setecientos setenta y cuatro, en la colonia el Pantano, de Tangancícuaro, Michoacán de Ocampo, contenida en el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil 1976/2019. De la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo y del Director de la Policía y Tránsito de Tangancícuaro, Michoacán: La diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, practicada en cumplimiento a la orden indicada. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, consistente en el acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario civil 1976/2019, toda vez que lo aceptó al rendir el informe de ley. Asimismo, es cierto el acto reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo y al Director de la Policía y Tránsito de Tangancícuaro, Michoacán, consistente en la ejecución de dicha determinación, porque lo aceptaron, al rendir su respectivo informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias del juicio ordinario civil 1976/2019, documental que, por su naturaleza de pública, cuenta con valor probatorio, en términos de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede reseñar sus constancias más relevantes. 1. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes y turno de los juzgados civiles de primera instancia del distrito judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, turnado al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, Antonio, José Antonio y J. Antonio Rocha Fernández, por su propio derecho, promovió en la vía ordinaria civil, demanda sobre enriquecimiento sin causa, en contra Gustavo Melgoza Escobar, de quien reclamó lo siguiente: "(.) A).- La declaración jurisdiccional mediante sentencia definitiva que dicte este Tribunal en la que deberá declarar el enriquecimiento ilícito o sin causa del C. Licenciado Gustavo Melgoza Escobar, por la cantidad de $500,000.00 quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional, en detrimento del suscrito y la condena a la devolución y entrega al suscrito de la cantidad antes citada ya sea voluntariamente a coactivamente con sus intereses legales. B).- Como consecuencia de lo anterior, el aseguramiento provisional de bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias a nombre del demandado, de acuerdo con el artículo 261 y demás del Código de Procedimientos Civiles. C).- El pago de daños y perjuicios causados y que me sigan causando hasta la total solución de este juicio, que es el interés legal. D).-El pago de gastos y costas de juicio." 2. Seguido el juicio en su trámite, el treinta de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente litigio. SEGUNDO.- Se declara improcedente de enriquecimiento ilegítimo (sic) promovida por Antonio, José Antonio y J. Antonio Rocha Fernández, en contra de Gustavo Melgoza Escobar, puesto que no acreditó los elementos de su acción; en consecuencia, TERCERO.- Se condena a la actora al pago de los gastos y costas en favor de su contraria." 3. Inconforme con lo anterior, la parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, correspondiendo conocer del mismo a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el Toca I-46/2021, quien el dieciséis de abril de dos mil veintiuno dictó resolución, en lo que interesa: "PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los agravios vertidos por ANTONIO o JOSÉ ANTONIO o J. ANTONIO ROCHA FERNÁNDEZ, resultaron infundados en parte, inoperantes en otra e inconducentes en una más. TERCERO. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva impugnada. CUARTO. Se condena a la apelante al pago de costas de ambas instancias. QUINTO. Notifíquese personalmente, anótese en el Libro de Registro que se lleva en esta Sala, remítanse los autos originales y testimonio autorizado de la presente resolución al juzgado de su procedencia; en su oportunidad, archívese el toca." 4. Mediante ocurso presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el apoderado jurídico de la parte demandada en el juicio de origen, promovió incidente de liquidación de sentencia definitiva y de segunda instancia, el cual fue admitido por el Juez responsable en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, dictó resolución interlocutoria (foja 448 del tomo de pruebas), cuyos puntos resolutivos son: "PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente. SEGUNDO. Se aprueba el incidente de liquidación de sentencia, con las precisiones indicadas, promovido por José Ángel Jaimes Sotelo, en cuanto apoderado jurídico de la parte demandada, frente a Antonio y/o José Antonio y/o J. Antonio Rocha Fernández, en los términos del considerando segundo de esta resolución. TERCERO. Se condena a Antonio y/o José Antonio y/o J. Antonio Rocha Fernández, a pagar a favor del incidentista por concepto de honorarios, la cantidad de $53,333.33 cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional. Del mismo modo, se hace la precisión de que el pago deberá realizarse dentro de los 3 tres días siguientes al en que quede firme esta resolución, bajo apercibimiento de ejecución forzosa." 5. Contra tal determinación, la parte quejosa promovió recurso de apelación, medio de impugnación que le fue admitido en efecto devolutivo y que, por cuestión de turno le correspondió conocer a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán bajo el Toca I-198/2021, quien el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno dictó resolución (foja 466 a 471 del tomo de pruebas), al tenor siguiente: "PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO Esta Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los conceptos de agravio expuestos por ANTONIO, JOSÉ ANTONIO y/o J. ANTONIO ROCHA FERNÁNDEZ, parte incidentada dentro del asunto de origen, fueron infundados para modificar o revocar la sentencia interlocutoria controvertida. TERCERO. Por tanto, se confirma en sus términos el fallo impugnado. CUARTO. No se hace especial condena en costas de esta alzada." 6. Por escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno la parte demandada en el juicio de origen, solicitó la ejecución forzosa de la sentencia interlocutoria de diecisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 482 del tomo de pruebas). 7. En proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno el Juez responsable (foja 483 del tomo de pruebas), autorizó a la actuaria para que se constituyera en el domicilio de la parte actora y le requiriera el pago de la cantidad de $53,333.33 cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional, a que resultó condenado en la sentencia interlocutoria referida en el párrafo que antecede, y en caso de no hacerlo le embargara bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado. 8. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes del Juez responsable (foja 490 del tomo de pruebas), Gustavo Melgoza Escobar, solicito lo siguiente: "(.) Por este medio, vengo a señalar domicilio de la actora para que se le embarguen bienes suficientes a cubrir la cantidad que marca la sentencia interlocutoria del incidente de liquidación. DOMICILIOS: 1. Camino a la ocalera en el numero 794 setecientos noventa y cuatro, colonia el pantano, de Tangancícuaro, Michoacán, que es su domicilio particular. 2. Camino a la ocalera número 774 setecientos setenta y cuatro, colonia el pantano, de Tangancícuaro, Michoacán, que es el domicilio de su trabajo, donde tiene unas bodegas y es donde guarda su maquinaria. Solicito se habiliten los 2 domicilios ya que no sabemos con certeza en cual se encuentre. (.)" 9. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez natural tuvo al demandado, señalando como domicilios diversos, para efecto de cumplimentar lo ordenado por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, los indicados en punto anterior (foja 491 del tomo de pruebas). 10. El trece de enero de dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo lo ordenado en el autos de cinco de noviembre y trece de diciembre de dos mil veintiuno la actuaria responsable en compañía de la parte demandada, se constituyó en el domicilio ubicado en Camino a la Ocalera setecientos setenta y cuatro, en donde la atendió una persona del sexo femenino, quien le indicó que la persona a la que buscaba se encontraba solamente muy temprano o muy tarde, por lo que no le fue posible llevar a cabo lo ordenado (foja 492 del tomo de pruebas). 11. En razón de lo anterior, y a solicitud de la parte demandada, en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós el Juez de origen habilitó días y horas inhábiles para a efecto de cumplimentar en sus términos el multicitado auto (foja 494 del tomo de pruebas). 12. El tres de agosto de dos mil veintidós, nuevamente la actuaria responsable en compañía de la parte demandada, se constituyó en el domicilio ubicado en Camino a la Ocalera setecientos setenta y cuatro, en la colonia el Pantano, de Tangancícuaro, Michoacán, en donde le atendió ********************, a quien le preguntó por Antonio Rocha Fernández, y al manifestarle que este no se encontraba, procedió a darle lectura íntegra a los proveído de cinco de noviembre y trece de diciembre de dos mil veintiuno y a requerirle el pago de lo condenado en la multicitada sentencia interlocutoria, por lo que el aquí quejoso le manifestó que no tenía, dicho dinero, no señalaba bienes para embargo y no le permitía el acceso al domicilio. Por lo que dio por concluida la diligencia (foja 495 del tomo de pruebas). 13. A solicitud de la parte demandada en el juicio de origen, en auto de once de agosto de dos mil veintidós, el Juez responsable autorizó el uso de la fuerza pública, para que la actuaria adscrita cumplimentara en sus términos el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (foja 497 del tomo de pruebas). 14. En virtud de lo anterior, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós el Juez natural, giró oficio al Director de Seguridad Pública Municipal de Tangancícuaro, Michoacán, el cual fue recibido el uno de diciembre del mismo año. 15. Finalmente, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, la actuaría en compañía de Gustavo Melgoza Escobar, se constituyó de nueva cuenta en el domicilio ubicado en Camino a la Ocalera setecientos setenta y cuatro, en la colonia el Pantano, de Tangancícuaro, Michoacán, en donde le atendió ********************, a quien nuevamente le preguntó por Antonio Rocha Fernández, manifestándole que no se encuentra, que él no sabe nada de su asunto y no les permite el acceso al domicilio, ya que él no viene a ese establo. Por lo que no le fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada (foja 500 del tomo de pruebas). Hasta aquí los antecedentes más relevantes relacionados con los actos reclamados. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el impetrante de amparo no acreditó su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por su parte, los artículos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Los preceptos anteriores, en lo que interesa, engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, mas no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegados. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita cobra aplicación al caso por la identidad jurídica sustancial existente entre el artículo 4 de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, en lo conducente y 6 de la Ley de Amparo vigente, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal, en términos del artículo "SEXTO" transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En conclusión, uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio al interés jurídico del quejoso. Ahora, se retoma que el quejoso reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, la orden para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes propiedad de Antonio, José Antonio y J. Antonio Rocha Fernández, en el domicilio ubicado en Camino a la Ocalera setecientos setenta y cuatro, en la colonia el Pantano, de Tangancícuaro, Michoacán de Ocampo, contenida en el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil 1976/2019. Asimismo, la parte impetrante reclama de la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo y del Director de la Policía y Tránsito de Tangancícuaro, Michoacán, la ejecución de dicha orden. Lo anterior, bajo el argumento que es tercero extraño al juicio natural, en estricto sentido, al aducir que no es parte dentro de él y que, no obstante ello, derivado de dicho juicio, se pretende entrar a su domicilio particular donde está su casa habitación a buscar bienes de una persona ajena. Ahora bien, en relación con los actos reclamados, y la improcedencia relativa a la falta de interés, conviene traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 257/2013, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión de seis de noviembre de dos mil trece, que dio origen a la tesis jurisprudencial 123/2013 (10ª), bajo el rubro y texto, siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Del criterio transcrito se obtiene que, la persona extraña a juicio, como ocurre en el particular, podría tener interés jurídico para promover el amparo indirecto contra la orden para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el inmueble de su propiedad, donde tiene su domicilio. Sin embargo, para que surja ese interés jurídico, conforme al criterio de referencia, la parte quejosa debe demostrar dos supuestos; a saber: Acreditar la propiedad o posesión del inmueble; y, Demostrar que en dicho inmueble tiene el domicilio. Para acreditar lo anterior, el quejoso exhibió copia cotejada, ante notario público, de la credencial con clave de elector RCFRGR67052016H100, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documental que, por su naturaleza de pública, cuenta con valor probatorio de indicio, en términos de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Lo anterior es así, pues a la luz de lo dispuesto por el numeral 202, primer párrafo, del referido código adjetivo supletorio, si bien es cierto se trata de un documento público, si en el mismo se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. De ahí que la referida documental, acredita que el quejoso en el año dos mil veintiuno, declaró ante el Instituto Nacional Electoral, que su domicilio se ubicaba en Camino a la Ocalera número setecientos setenta y cuatro y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, sin embargo, ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales. Por tanto, la copia cotejada ante notario público de la credencial de elector, no resulta idónea ni suficiente para demostrar la propiedad o posesión del inmueble que defiende y, que en el mismo tiene su domicilio particular destinado a casa habitación. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Así como la tesis aislada XIV.3o.3 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio. Así como la tesis IV.2o.C.42 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica. Aunado a lo anterior, de los antecedentes narrados se obtiene que el aquí quejoso, como señala, es tercero extraño al procedimiento de origen del que deriva el acto reclamado, pues no tiene el carácter de actor o demandado. En ese sentido es aplicable el criterio jurídico sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 720, tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente." Luego, si como quedó establecido, el impetrante reclama la orden dictada en el juicio de origen, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes de una persona ajena, en el inmueble en que aduce es su domicilio particular, y su ejecución; por ende, para instar la acción constitucional resultaba indispensable que acreditara su interés jurídico, es decir, demostrara con prueba idónea la propiedad o posesión de dicho inmueble y, además, justificara de manera fehaciente que actualmente en ese lugar tiene su casa habitación. Lo que en el caso no aconteció, pues no allegó probanza en ese sentido, no obstante que este órgano jurisdiccional le dio vista para ampliar su demanda en contra del auto en que el Juez natural tuvo al demandado señalando el domicilio, que el quejoso defiende en esta instancia, como el de trabajo de la parte actora en el juicio de origen, donde éste tiene unas bodegas y guarda su maquinaria, esto es, contaba con bienes con los cuales, el demandado en el juicio natural, podría garantizar el pago de lo reclamado; Sin embargo, con respecto de ello el impetrante no realizó manifestación alguna. De tal suerte que, el quejoso no demostró que el lugar en que se pretende llevar a cabo la ejecución del acto reclamado, sea de su propiedad o posesión, y que constituye su domicilio particular, entendido este, como el lugar en que tiene fijada su residencia, pernocta, tiene las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente, esporádica o temporal, que en ese lugar, es en el que desarrolla su vida privada y que, además, es de su exclusivo dominio, con el propósito de despejar cualquier posibilidad de que en ese lugar se tengan bienes propiedad del señor Antonio, José Antonio y J. Antonio Rocha Fernández. Lo cual era necesario que probara en forma fehaciente, a efecto de evidenciar la molestia que señala le irroga el acto reclamado, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; máxime que, como ya se dijo, el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, por el contrario, debe acreditarse plenamente, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a juicio. Sirve de apoyo a lo considerado, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 528 del tomo II, Noviembre de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DOMICILIO. PRUEBAS IDÓNEAS PARA ACREDITAR EL. En atención a que una persona puede ser propietaria de diversos bienes inmuebles, la prueba documental, por sí sola, no constituye el medio idóneo para acreditar su domicilio, pues tal medio de convicción, lo más que puede confirmar es el extremo primeramente anotado, siendo, en consecuencia, la prueba testimonial, adminiculada con otra probanza, los medios por los cuales se puede demostrar el hecho de que el quejoso habitualmente radica y vive en determinado lugar, probando así su domicilio." Y, en lo conducente la jurisprudencia 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así como el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al fallar el Amparo en revisión 40/89, consultable en la página 294, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, de los meses Julio a Diciembre de 1989, Octava Época: "INTERÉS JURÍDICO. DOMICILIO DEL TERCERO EXTRAÑO. Cuando en un juicio de amparo se reclama de alguna autoridad una orden de cateo y de embargo, ostentándose el quejoso como tercero extraño al procedimiento de donde aquélla deriva y, durante la secuela del procedimiento de amparo no acredita que el domicilio en donde habrá de ejecutarse la referida orden de cateo y de embargo, sea de su exclusivo dominio y si por el contrario, se acreditó que el citado domicilio lo comparte el quejoso con el depositario depuesto en el juicio de origen, y con el propio demandado en el juicio mercantil, es claro inferir que el acto reclamado, por sí mismo, no lesiona el interés jurídico del quejoso, porque ello dependerá sólo del resultado de la diligencia que practique el actuario en cuanto afecten bienes de su exclusiva propiedad y dominio y el juez de los autos apruebe la correspondiente diligencia, pues bien puede ocurrir que el actuario respectivo se limite a secuestrar bienes de las personas con quienes comparte el domicilio de referencia." Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama de la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo y del Director de la Policía y Tránsito de Tangancícuaro, Michoacán, pues no se reclama por vicios propios sino en vía de ejecución o consecuencia. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 286, del volumen 91-96, sexta parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 253622, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de fondo, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no es el caso de atender los alegatos formulados por el tercero interesado y el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, por las razones que se dan en el criterio de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. Si la Junta responsable omite abrir el periodo de alegatos, tal conducta no causa perjuicio alguno a las partes, pues aquéllos son únicamente apreciaciones personales de los litigantes, sin que formen parte de la litis y, por ende, no trascienden al resultando del laudo." Así como el diverso: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, contra actos del Juez y la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo, así como del Director de la Policía y Tránsito de Tangancícuaro, Michoacán, por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante Marcela Cortez Ruíz, secretaria que autoriza y da fe. La suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se determinó sobreseer en el juicio de amparo ********************/2022, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Conste. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.

  4. Principal

    En veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa, para cumplir con la prevención que se le formuló en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, esto es, manifestar si es su voluntad ampliar la demanda de amparo, transcurrió del dos al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada el veintisiete de abril del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. De la certificación secretarial se desprende que a la fecha, transcurrió el plazo de que disponía la parte quejosa, para cumplir con la prevención que se le formuló en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, esto es, manifestar si es su voluntad ampliar la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto en cita, y se tiene por desinteresada a la parte quejosa en ampliar su demanda; en consecuencia, se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo, en la forma planteada inicialmente en su libelo constitucional. DOMICILIO TERCERO INTERESADO. Por otro lado, del estado que guardan los autos, se desprende que en proveído de treinta de marzo del año en curso, se tuvo al tercero interesado señalando las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, no obstante el mismo proporcionó domicilio en esta ciudad para tal efecto; consecuentemente, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio y se tiene al tercero interesado Gustavo Melgoza Escobar, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Bolivia, número 264, colonia el Colorín, en Uruapan, Michoacán. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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