Gerardo Joel Ávila Cerda

Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
479/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Joel Ávila Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que se le remitió el expediente original del juicio de amparo en que se actúa y sus anexos, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en este asunto, el cual, se radicó con el número 180/2019. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, del estado de autos se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación a las partes, del auto de veinticuatro de octubre del año en curso; por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído, remítase el original de este expediente, así como el original y copia del escrito de agravios e informe justificado, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito de Gerardo Joel Ávila Cerda, por el cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en veintitrés de septiembre del año en curso, por lo que se toman las siguientes determinaciones: Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el quejoso reclama en esta instancia, el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en el juicio ordinario civil 327/2018, que promovió María del Refugio Cerda Cristóbal contra Gerardo Joel Ávila Cerda, que señaló las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, para que la fedataria judicial adscrita al citado órgano jurisdiccional, se constituya en el inmueble que se ubica en Calle Sierra Madre número 1401, fraccionamiento residencial Don Vasco en Uruapan, Michoacán, para poner en posesión real y material a la actora del bien raíz materia de la litis, con el auxilio de la fuerza pública y uso de cerrajero para abrir y romper cerraduras en caso de ser necesario. IMPROCEDENCIA. Este juzgado advierte que en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. En efecto, el invocado artículo 61, fracción XXIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. Como se adelantó, la parte quejosa reclama el auto auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en el juicio ordinario civil 327/2018, que promovió María del Refugio Cerda Cristóbal contra Gerardo Joel Ávila Cerda, que señaló las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, para que la fedataria judicial adscrita al citado órgano jurisdiccional, se constituya en el inmueble que se ubica en Calle Sierra Madre número 1401, fraccionamiento residencial Don Vasco en Uruapan, Michoacán, para poner en posesión real y material a la actora del bien raíz materia de la litis, con el auxilio de la fuerza pública y uso de cerrajero para abrir y romper cerraduras en caso de ser necesario, en el que incluso, compareció al mismo. Ahora, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio ordinario civil 327/2018. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el reclamo constituye solamente una actuación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo la tesis P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." La diversa jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." También, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de epígrafe: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sin embargo, en el caso, el acto reclamado sí está relacionado con la cosa juzgada, es decir, con la sentencia ejecutoriada que resolvió el juicio del que deriva el acto reclamado, pues el quejoso es el ejecutado en el supracitado juicio ordinario civil 327/2018, y además, en se advierte, que compareció al mismo, en su calidad de demandado, por lo que, es evidente que no es ajeno a la cosa juzgada, de ahí la improcedencia de la demanda de amparo. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: RECEPCIÓN Y REGISTRO. Agréguese a los autos el escrito de demanda que promueve Gerardo Joel Ávila Cerda, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el juicio de amparo 479/2019. Previo a acordar sobre la solicitud de admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108 fracciones I y IV y 114 fracciones I y IV, en relación con los numerales 110 y 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, apercibido de las sanciones que establece el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, con copia para las autoridades responsables, terceros interesados, agente del ministerio público de la Federación y dos para el incidente de suspensión, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente. Toda vez que del capítulo del acto reclamado, el quejoso lo hace consistir en lo siguiente: El auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que dictó en el juicio ordinario civil 327/2018, que promovió María del Refugio Cerda Cristóbal contra Gerardo Joel Ávila Cerda, que señaló las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, para que la fedataria judicial adscrita al citado órgano jurisdiccional, se constituya en el inmueble que se ubica en Calle Sierra Madre número 1401, fraccionamiento residencial Don Vasco en Uruapan, Michoacán, para poner en posesión real y material a la actora del bien raíz materia de la litis, con el auxilio de la fuerza pública y uso de cerrajero para abrir y romper cerraduras en caso de ser necesario. En consecuencia, el quejoso deberá precisar: Si la autoridad responsable lo requirió con anterioridad al auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve; toda vez que si bien en sus conceptos de violación, a los que se acude por ser parte integral de la demanda, sostiene que aquella, previo a ordenar la ejecución forzosa, debió solicitarle el cumplimiento voluntario de la sentencia, lo cierto es que de su propia narración de hechos se desprende que aun cuando lo resuelto en el juicio de origen por el juez natural, fue confirmado en apelación por sentencia de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, no fue sino hasta el seis de septiembre de dos mil diecinueve, que le fue requerido el aludido cumplimiento forzoso, esto es, más de un año después de que quedó firme lo sentenciado. Luego deberá ser claro y preciso el quejoso en señalar si durante ese periodo le fue o no requerido el cumplimiento de la sentencia, o no; o bien que actuaciones encaminadas a la ejecución se llevaron a cabo en ese lapso. Asimismo, si en contra de la determinación de seis de septiembre de dos mil diecinueve, o en contra de algún otro acuerdo o requerimiento en la fase de ejecución del fallo en el juicio ordinario civil 327/2018, interpuso algún medio ordinario de defensa. Apercíbase al promovente, que de no cumplir con el requerimiento que antecede, o bien, no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Magaña Espinoza, Salvador Eduardo García Torres y Carlos Huerta Castro, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y para oír y recibir notificaciones, recibir documentos, copias así como o hacer uso de medios electrónicos a la restantes personas; asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través usuario electrónico carloshuerta, el cual se encuentra registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a nombre de Carlos Huerta Castro, sin que lo anterior implique realizarle las notificaciones por dicho medio, por así haberlo manifestado en su ocurso; por tanto, las notificaciones personales, deberán practicársele en el domicilio señalado en su líbelo constitucional. 10. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

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