Gerardo Raúl Barba Huerta

Expediente 1641/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1641/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Raúl Barba Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación A LA PARTE QUEJOSA, el contenido DE LA RESOLUCIÓN de TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, mismo que en síntesis dice: Zapopan, Jalisco, treinta de agosto de dos mil veintidós. No presentada. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de doce de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por el Secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado; debido a que se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: El acuerdo de avocamiento de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director Jurídico adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora con las copias certificadas, de las constancias remitidas por la responsable, de las que advierte el auto de inicio de procedimiento de responsabilidad, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción constitucional, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, al no existir alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes y no obstante el análisis oficioso que sobre el punto exige el precepto 62 de la Ley de Amparo, este juzgador no advierte que se concrete alguna otra. Entonces, lo que procede es el análisis de los motivos de disenso. QUINTO. Estudio de fondo. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia. Así es, en el caso, impera el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, dado que el quejoso es parte dentro de un procedimiento administrativo en el que se cuestiona su permanencia como elemento policial. Apoya a lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por el Pleno del más Alto Tribunal, cuyo rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." Se retoma que en este juicio el quejoso reclama el acuerdo de avocamiento de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Director Jurídico adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, por el cual instaura en su contra el procedimiento de responsabilidad administrativa 045/2020. Ahora bien, el quejoso alega en su primer concepto de violación, que el acto reclamado violenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los diversos 1° y 103 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, pues el procedimiento administrativo de responsabilidad que se sigue en su contra no se instaura conforme a la ley citada en último término, sino únicamente en términos del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan. Así pues, a fin de evidenciar lo fundado del concepto de violación bajo estudio, es pertinente traer a cuenta el contenido del derecho fundamental de legalidad, reconocido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del siguiente tenor: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." De dicho precepto constitucional, derivan los principios de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, que constituyen sus condiciones primigenias de legalidad, según las cuales, es necesario expresar el precepto legal aplicable al caso y señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sobre esa base, cabe distinguir los supuestos en los que puede incurrirse en violación a los citados principios de legalidad: a) Falta o ausencia de fundamentación y motivación: cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. La eventual concesión del amparo, conduce a que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional y subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente. b) Indebida o incorrecta fundamentación y motivación: cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. La hipotética concesión del amparo, constriñe a la autoridad a que deje el acto insubsistente y aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Soporta lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Expuesta la premisa constitucional aplicable al caso, también es necesario tener presente el marco constitucional y legal regulatorio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en cuanto a las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y Municipios en esa materia, cuya observancia es obligatoria en todo el territorio nacional por ser una cuestión de orden público, a saber: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. (...)" "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (...) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución..." Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. (...)" "Artículo 33. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas: (...) VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial..." "Artículo quinto transitorio: Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año." Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. "Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para regular la función de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, los lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las autoridades competentes, así como las modalidades de los servicios de seguridad privada en el Estado de Jalisco. (...)" "Artículo 4o. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Las relaciones jurídicas de los Ministerios Públicos, peritos y los elementos operativos de las instituciones policiales se regirán por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables. (...)". "Artículo 26. Los cuerpos de seguridad pública de Jalisco son: (REFORMADA, P.O. 21 DE ABRIL DE 2020)I. Los cuerpos operativos adscritos a la Secretaría con todas sus unidades y agrupamientos, incluyendo a la Policía procesal, adscrita a los tribunales de Enjuiciamiento Penal;(REFORMADO, P.O. 27 DE OCTUBRE DE 2016)a) La Policía Estatal, adscrita a la Comisaria, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento;(REFORMADO, P.O. 27 DE OCTUBRE DE 2016)b) Los cuerpos operativos adscritos a la Fiscalía de Reinserción Social, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento; y(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 27 DE OCTUBRE DE 2016)c) Policía procesal, aquella adscrita a los tribunales de Enjuiciamiento Penal, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción XX de la presente Ley;(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2019)II. Los cuerpos operativos de la Fiscalía Estatal, con todas las unidades, divisiones y agrupamientos que prevean la ley orgánica de la institución, su reglamento y demás disposiciones aplicables;III. (DEROGADA, P.O. 21 DE ABRIL DE 2020)(F. DE E., P.O. 24 DE ENERO DE 2013)IV. Los cuerpos de seguridad pública municipales, con todas las unidades y agrupamientos que señale su reglamento; yV. Los demás que en el futuro se constituyan con estricto respeto de esta ley.Los cuerpos de bomberos y protección civil tendrán el carácter de auxiliares de la seguridad pública.". " (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE ABRIL DE 2020)Artículo 27. Se consideran como elementos operativos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza a quienes se les atribuya ese carácter mediante nombramiento, instrumento jurídico equivalente expedido por autoridad competente o realicen funciones de operadores o supervisores en los centros de comunicación o cabinas de radio de las instituciones de seguridad pública o lleven a cabo funciones operativas en las áreas previstas por el artículo 5° de esta ley.Los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior tienen carácter confidenciales respecto a los datos personales y reservados en los demás datos cuando menos tres años posteriores a la terminación de la conclusión del servicio.No forman parte de los cuerpos de seguridad pública aquellas personas que desempeñen funciones de carácter administrativo o que sean ajenas a la seguridad pública, aun cuando laboren en las dependencias encargadas de prestar ese servicio.Queda estrictamente prohibido que un elemento operativo preste su servicio, con tal carácter, en otro cuerpo de seguridad pública o privada. (...)" "Artículo 95. Los miembros del servicio profesional de carrera se sujetarán al sistema disciplinario establecido en el presente capítulo." "Artículo 96. Son correcciones disciplinarias: el apercibimiento, amonestación, privación de permisos de salida y arresto que se imponen a los elementos operativos de seguridad pública, cuyos actos u omisiones constituyan faltas en el incumplimiento de la disciplina. Estas correcciones serán aplicadas como medidas disciplinarias al personal ministerial; en ningún caso se podrán aplicar arrestos al personal ministerial. (...)" "Artículo 103. Las sanciones serán impuestas mediante resolución formal de la instancia facultada para tal fin, por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley y demás disposiciones aplicables; deberán registrarse en el expediente del infractor, así como en el registro que al respecto se establezca. Incurren en responsabilidad administrativa y serán sancionados por la instancia instructora los elementos operativos que cometan actos u omisiones en contravención de la ley, así como de cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. (...)" Por su parte, en los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, octavo y décimo segundo, del decreto por el cual se expidió la ley de seguridad estatal en consulta, se prevé: "SEGUNDO. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, sin perjuicio de sus facultades constitucionales, deberán adecuar o crear, en su caso, el reglamento del servicio profesional de carrera y los demás reglamentos correspondientes contenidos en el presente decreto, en un plazo que no exceda de noventa días a partir de su entrada en vigor. TERCERO. Las instituciones de seguridad pública, dentro de los treinta días siguientes de la vigencia correspondientes, órganos internos procedimientos del servicio profesional de carrera, así como el de sanciones y separación. CUARTO. En los casos de sanción y separación previstos en la presente ley, estarán a cargo del titular de la institución de seguridad pública a través de sus órganos de control interno, hasta en tanto se instale la instancia que para tal efecto deben crear conforme a las disposiciones aplicables. Los procedimientos instaurados con anterioridad a la publicación del presente decreto, se desahogarán conforme a la ley que se abroga en el transitorio décimo segundo de esta ley. (...) OCTAVO. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, en las leyes, reglamentos, decretos, circulares, acuerdos, oficios, juicios, procedimientos administrativos, tratados, contratos, convenios, donde sea mencionada la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, se entenderá que se trata de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, sin menoscabo a lo anterior el Poder Ejecutivo deberá adecuar los respectivos reglamentos de "conformidad a lo dispuesto de los deberán reglamentos instalar los instaurar los por el presente decreto. (...) DÉCIMO SEGUNDO: Se abrogan la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y sus respectivas reformas." En ese contexto, del análisis sistemático, armónico y funcional de los preceptos constitucionales y legales reproducidos con antelación, permite colegir que los mismos constituyen la respuesta a la urgente necesidad de crear una nueva concepción de la seguridad pública en el país, para lograr el debido respeto a los derechos humanos de sus habitantes y además, dignificar las labores policiacas para producir nuevas condiciones de convivencia que regeneren el tejido social. Por lo que en atención a esos objetivos, ha quedado reformulado el marco jurídico que actualmente rigen a las instituciones de seguridad pública, en cuanto a su concepción, políticas e instrumentos, advirtiéndose la edificación de una nueva colaboración entre la sociedad y el Estado. Lo anterior es así, porque el constituyente permanente puntualizó con claridad en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que a propósito de las relaciones entre el Estado y sus trabajadores "...los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.". En concordancia con ello, el propio constituyente estableció en el artículo 21, párrafo noveno y siguientes de la propia Ley Fundamental, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y sus Municipios, puntualizando los deberes que atañen a esa función, para imprimir una actuación efectiva en las instituciones de trato, refiriendo además, que éstas se regirán por principios específicos, destacando la obligatoriedad de coordinación en los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos y conformar así el Sistema Nacional de Seguridad Pública, puntualizando las bases para su funcionamiento, entre las que destacan la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de dicha institución, entre otras. En atención a esa normativa constitucional atinente al "nuevo sistema nacional de seguridad pública", específicamente en cuanto a la directriz de homologación de los cuerpos de seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, expidió la "Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", respondiendo así de manera congruente el establecimiento de estándares, procedimientos, grados, rangos y estrategias en esa materia, al establecer en su artículo 1o. el objeto específico de la misma, como es, regular la integración, organización y funcionamiento del "Sistema Nacional de Seguridad Pública", así como el establecimiento de las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y sus Municipios. Para una mejor comprensión de esa homologación a nivel nacional, en cuanto a estándares, procedimientos, rangos y estrategias, en su integridad, se considera oportuno reproducir la exposición de motivos de la mencionada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "Exposición de Motivos. La seguridad, además de ser un derecho humano, es una garantía individual consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla. Esta es una verdad que, en los últimos tiempos, ha sido imposible hacer realidad y cuya explosión en el ámbito de la vida pública nacional ha rebasado a todas las instituciones del Estado. Los estándares de violencia en algunos lugares de la República Mexicana no sólo son comparables a los escenarios de guerra que se viven en otros Países del orbe son, incluso, mayores. Esto ha generado una reacción desconcertada y desarticulada del gobierno federal, cuya única respuesta ha sido enviar militares, recluir y detener policías y restringir, de manera tácita y por demás ilegal, las garantías individuales de los ciudadanos; todo lo anterior sin ningún resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia. Es por ello que los reclamos sociales para abatir la inseguridad no sólo son justificados por la realidad sino que tienen su fundamento en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y que, por mandato constitucional, forman parte del marco normativo que nos rige, así como en el texto de nuestra Carta Magna, documento fundacional del Estado Mexicano, en donde se hacen explícitos los derechos fundamentales de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. No obstante y pese a que muchas voces se han alzado en favor de elevar las medidas coercitivas para el combate a la delincuencia, hemos olvidado que, la base de una efectiva lucha en contra de este fenómeno no se encuentra en la reclusión y exclusión social de los delincuentes, sino en una política fincada en la justicia social que se traduzca en la elevación efectiva de los niveles de vida de la población. Sólo el desarrollo integral puede darnos las herramientas básicas indispensables para el abatimiento de los índices delictivos. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha señalado, en múltiples ocasiones, la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, tal que respete no sólo los derechos humanos de la población sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el tejido social. Estamos convencidos de que, en el marco de la construcción de un Estado Democrático Social y de Derecho, la militarización de las policías y el aumento de las medidas coercitivas en contra de quienes se ven obligados a transgredir el marco jurídico por las condiciones de exclusión social en que se encuentran, no solucionan el origen del problema. Esta es la razón fundamental de que, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática haya impulsado, en diversos momentos, reformas legislativas tendientes a garantizar la vigencia de los derechos humanos como baluarte de la Justicia Social. Refrendamos nuestro compromiso con la sociedad, específicamente con los grupos más desprotegidos ya que, sin Justicia Social, la seguridad pública seguirá siendo no más que un discurso hueco. No soslayamos, sin embargo, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas, que se han constituido como la única institución pilar del Estado Mexicano, en la búsqueda de la tan esquiva seguridad. No obstante, sostenemos con plena conciencia que el Ejército y la Armada están capacitados para la defensa nacional y no para las labores de seguridad pública; inmiscuirlos en ellas representa no sólo un riesgo para la población, sino un peligro para la soberanía nacional. Es por ello que resulta imprescindible la reformulación del marco jurídico que rige a las instituciones de seguridad pública, pero más importante es construir una nueva concepción de la Seguridad Pública, sus políticas y sus instrumentos, tales que nos permitan edificar un nuevo paradigma de colaboración entre la sociedad y el Estado. Un gran paso se dio cuando, durante el año de 2007, el Congreso mexicano examinó el texto de la Constitución Política y decidió reformarlo para poder brindar los instrumentos jurídicos necesarios que se requieren para hacer frente a una nueva situación mundial y proteger, de esta manera, los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional. El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la seguridad pública, señalaba que: 'En la redacción que se propone para el artículo 21, se considera procedente la existencia de una nueva regulación nacional y general de bases de coordinación de los elementos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde expresamente se contemple la coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública pero siempre en el marco del respeto al federalismo. Así, la ley que se emita en la materia, donde se sienten las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá establecer específicamente, cuando menos, varios elementos. El primero deberá regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El segundo, deberá establecer, como elemento básico, la carrera policial a nivel nacional con carácter homogéneo. Así también, se deberá regular específicamente la certificación de los elementos de policías y agentes del Ministerio público, que no implica solamente su registro en el sistema para evitar que ingresen aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de las organizaciones ilícitas; sino también, y fundamentalmente, que existan certificaciones para que los elementos policíacos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para realizar su función, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Así, por ejemplo, para que un elemento de policía municipal, estatal o federal, que no esté adscrito a las agencias estatales o federal de investigaciones, pueda realizar funciones de investigación preventiva o coadyuvar con el Ministerio Público, deberá estar plenamente certificado que cuenta con los conocimientos jurídicos y de respeto a los derechos humanos, así como con las habilidades y destrezas que le permitirán hacer efectivamente sus trabajos. Esto significa que, en el espíritu federalista que inspira a esta reforma, las leyes generales establecidas por el Congreso de la Unión, deberán ser adecuadas y adaptadas a cada una de las realidades y situaciones de la geografía nacional mediante leyes que los órganos legislativos de los Estados harán en los términos del sistema...' El texto constitucional del artículo 21 reformado, en sus párrafos noveno y décimo, quedó redactado en los siguientes términos: (...) La reforma constitucional se concretó cuando fue publicada, el día 18 de junio, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional, se establece que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, lo que implica la obligación de asumir corresponsablemente la implantación de los preceptos allí vertidos. Esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres Poderes de la Unión. Se establece también el señalamiento explícito de que las políticas de seguridad pública deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas, superando la concepción actual de las políticas hasta hoy implantadas de manera focal en la persecución coercitiva del delito. Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública: legalidad, entendida como 'la sujeción de todos los órganos estatales al derecho (esto es), que debe tener su apoyo estricto en una norma legal.'1; objetividad, definida como la conducta seguida 'con independencia de la propia manera de pensar o de sentir'2; eficiencia, puntualizada como la optimización de los recursos disponibles para 'conseguir un efecto determinado'3; profesionalismo, definido como el ejercicio de sus funciones con 'relevante capacidad y aplicación'4; honradez, entendida como la actuación 'decente, decorosa, recatada, pundonorosa, proba, recta, honorable'5 y respeto a los derechos humanos, como una obligación explícitamente determinada para las instituciones de seguridad pública. (...)" En ese contexto, el Congreso Local expidió la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, vigente a partir del mes de agosto de dos mil doce, erigiendo un nuevo paradigma entre la sociedad y el Estado, en respuesta a esa necesaria nueva concepción de la seguridad pública, sus políticas e instrumentos, ya establecidos en el artículo 21 constitucional y su ley reglamentaria, de tal suerte que abrogando la entonces Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, estableció en su artículo 1o., que esa nueva ley es de orden público e interés social, precisando su objeto, a saber: "...establecer las bases para regular la función de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, los lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las autoridades competentes, así como las modalidades de los servicios de seguridad privada en el Estado de Jalisco." Además, en la misma legislación estatal, reiteró en su artículo 4o., la forma que deben regirse las relaciones jurídicas entre los elementos operativos de las instituciones policiales y el Estado, entre los que se encuentran precisamente los cuerpos de seguridad pública municipales (artículo 26), definiendo además quiénes son los elementos operativos, los miembros de servicio profesional de carrera, así como las correcciones disciplinarias (artículos 27, 95 y 96). El marco constitucional y legal en consulta permite colegir con certeza, que las bases regulatorias para la función eficaz de la seguridad pública en su sistema nacional, al que obviamente se integran los Estados y sus Municipios, comprenden -entre otros aspectos-, aquellos de naturaleza adjetiva, debiendo ser considerados como un todo indisoluble, pues solo así se podría lograr la materialización óptima del sistema nacional aludido en cuanto a sus objetivos, entre los que destaca la integración, organización y funcionamiento del mismo, y en especial, las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, con miras a la perseguida homologación del constituyente que se colma con lo previsto, tanto en el numeral 1o. de la ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, como en el 1o. de la legislación estatal de esa materia. En ese contexto, es concluyente que las conductas u omisiones en que incurran los elementos operativos de seguridad pública, al servicio de los Municipios del Estado de Jalisco, al estar previstas en la ley o en los reglamentos que de ella emanen; deberán ser sancionadas mediante el procedimiento regulado en los artículos 118 a 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Así, las señaladas directrices sobre los principios que conforman el objetivo del sistema nacional y estatal de seguridad pública, llevan a la conclusión de que el procedimiento de responsabilidad administrativa por actos u omisiones de los elementos de seguridad pública municipal, previstos en la ley y/o su reglamento, deben sujetarse a las normas adjetivas previstas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Consecuentemente, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el momento de su inicio, indefectiblemente deberá ceñirse a las formalidades esenciales previstas en los artículos 118 a 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; esto es, desde el auto de incoación, el emplazamiento de los probables responsables, así como todas las actuaciones posteriores. Estimar lo contrario, violentaría en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues ante la existencia de dos legislaciones que contemplan un procedimiento administrativo para sancionarlos por la probable comisión de un acto y omisión previstos en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, no sabrían cuál de ellos es el que debe seguir y respetar la autoridad instructora. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado el criterio en el sentido de que los derechos de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en fin de que: a) El particular conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice; b) El actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los particulares no resulte caprichosa o arbitraria; c) Que en relación con la norma, ésta contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades; y, d) Que resulta innecesario que en todos los supuestos de la norma se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de forma sencilla para dejar en claro la manera en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones de la autoridad. Ilustran lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 144/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 106/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación." En esas condiciones, si los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el particular conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria, incontrovertible resulta que si la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, es una norma obligatoria para las instituciones de seguridad pública de los Municipios y ésta establece un procedimiento de responsabilidad administrativa para sancionar a los elementos operativos que cometan actos u omisiones en contravención a la propia ley o en otras legislaciones aplicables, es el procedimiento que establece esta Ley, el que debe respetarse, dado que considerar lo contrario, por un lado haría nugatorio el nuevo marco jurídico que sienta los principios del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se desprende del artículo 21 Constitucional y, por otro, podría generar arbitrariedades de la autoridad instructora al momento de llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa, pues pudiera aplicar formalidades procesales que se encuentran en una u otra legislación, según se adecue a sus intereses, lo que dejaría en total estado de incertidumbre jurídica a la parte quejosa. Lo hasta aquí expuesto, hace jurídicamente inaceptable pretender que el señalado procedimiento de responsabilidad administrativa deba sujetarse a las formalidades procedimentales previstas en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, soslayando las normas adjetivas de la ley estatal en consulta; pues ello implicaría admitir sin razón alguna la existencia fáctica y jurídica de un reglamento que ostensiblemente emana de esa misma legislación que se insiste, en su artículo 1o. establece que su objeto es establecer las bases para regular la función de seguridad pública (con todo lo que ello conlleva), en el Estado y sus Municipios. Más aún, de acuerdo a la naturaleza jurídica del reglamento municipal en cita, éste solo tiene la finalidad de desenvolver la obligatoriedad de los principios ya definidos en la ley estatal; y en ese tenor, la normativa procesal reglamentaria, bajo ninguna circunstancia podría ir más allá de dicha legislación, menos aún extender tal obligatoriedad a supuestos distintos, ni contradecirla; en otras palabras, las normas reglamentarias en cuestión, solo deben concretarse a indicar los medios para cumplir la ley. Resulta aplicable por su contenido y las razones que la informan, la jurisprudencia 58 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dispone: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición." En ese contexto, es dable afirmar con certeza que la aparente oposición contradictoria entre normas de jerarquía diferente (ley estatal y reglamento municipal), se desvanece si se toma en cuenta, que uno de los límites de la facultad reglamentaria es el de jerarquía normativa, que no es otra cosa que un reglamento, no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcance de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan. Luego, si de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, todos los reglamentos municipales deben adecuarse a dicha legislación, resulta inconcuso que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, debe subordinarse a la norma estatal, en tanto que ambas resultan dependientes del mandato constitucional previsto en su artículo 21; y por ende, no resulta aplicable el principio de especialidad normativa, por virtud de esta limitante reglamentaria. En ese sentido, no se niega la posibilidad de que el citado reglamento sea aplicado al substanciar un procedimiento administrativo de responsabilidad contra miembros de policiales del municipio de Zapopan, empero, éste solo puede servir, por ejemplo, para sustentar las facultades de la autoridad instructora, pero de ninguna manera puede ser la base para el inicio y determinación de los hechos que, en su caso, motivan el dictado del auto de avocamiento del procedimiento en cuestión. Ahora bien, basta imponerse del contenido del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte (acto reclamado), emitido por el Director Jurídico adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, por el cual instaura el procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020, para apreciar con claridad que esa autoridad instaura el procedimiento, sustenta su competencia y valora los hechos únicamente en términos del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, e incluso determinó que el aquí quejoso incurrió una conducta agresiva verbal en contra del personal del turno entrante del sector cuatro, por lo que incumplió con lo establecido en los numerales 16, 17, fracciones VII, XVII y XXXIII, 18, fracción VII, y 112, fracciones VIII y XIX, todos del mencionado reglamento. Tal como se refleja a continuación: En ese contexto, toda vez que el auto de avocamiento de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a través del cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020, que por esta vía se reclama, la autoridad responsable lo fundó únicamente en las formalidades previstas en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, y omitió atender a las que establece el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, transgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que el concepto de violación en estudio resulta fundado. Lo anterior, toda vez que como ya se precisó, si la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, es una norma obligatoria para las instituciones de seguridad pública de los Municipios y ésta establece un procedimiento de responsabilidad administrativa para sancionar a los elementos operativos que cometan actos u omisiones en contravención a la propia ley o en otras legislaciones aplicables, es el procedimiento que establece ésta el que debe respetarse, dado que considerar lo contrario, por un lado haría nugatorio el nuevo marco jurídico que sienta los principios del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se desprende del artículo 21 Constitucional y, por otro, podría generar arbitrariedades de la autoridad instructora al momento de llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa, pues pudiera aplicar formalidades procesales que se encuentran en una u otra legislación, según se adecue a sus intereses, lo que dejaría en total estado de incertidumbre jurídica a la parte quejosa. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis número PC. III.A.j/78 A (10a.), sustentada por el Pleno del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. DEBE CEÑIRSE A LAS FORMALIDADES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN UN REGLAMENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA. Del análisis sistemático, armónico y funcional de los artículos 123, apartado B, fracción XIII y 21, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 33 y quinto transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 1o., 4o., 26, 27, 95, 96, 103, y transitorios primero, segundo, tercero, octavo y décimo segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco (vigente a partir de agosto de 2012), se colige que constituyen la respuesta a la urgente necesidad de crear una nueva concepción de la seguridad pública en el país, para lograr el debido respeto a los derechos humanos de sus habitantes y, además, dignificar las labores policiacas para producir nuevas condiciones de convivencia que regeneren el tejido social. Bajo este nuevo esquema constitucional y legal, establecen las bases regulatorias para la función eficaz de la seguridad pública en su sistema nacional, al que obviamente se integran los Estados y sus Municipios, y comprenden -entre otros aspectos-, aquellos de naturaleza adjetiva, debiendo ser considerados como un todo indisoluble, pues sólo así podría lograrse la materialización óptima del sistema nacional aludido en cuanto a sus objetivos, entre los que destacan su integración, organización y funcionamiento y, en especial, las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, con miras a la perseguida homologación del Constituyente. Consecuentemente, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, indefectiblemente deberá ceñirse a las formalidades esenciales previstas en los artículos 118 a 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco desde el auto de incoación, el emplazamiento a los probables responsables, así como todas las actuaciones posteriores. Estimar lo contrario violaría en perjuicio de los quejosos los derechos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues ante la existencia de dos legislaciones que contemplan un procedimiento administrativo para sancionarlos por la probable comisión de un acto u omisión previstos en algún reglamento municipal en materia de seguridad pública, no sabrían cuál de ellos es el que debe seguir y respetar la autoridad instructora. Lo anterior, en el entendido de que este criterio sólo será obligatorio para los procedimientos iniciados con posterioridad a la publicación de la presente tesis en el Semanario Judicial de la Federación y no para los anteriores, pues no podría vincularse a las autoridades instructoras del procedimiento iniciado con motivo de la transgresión a reglamentos municipales en materia de seguridad pública que atiendan a una interpretación que no existía cuando los iniciaron." Por consiguiente, ante lo fundado del argumento en estudio, se considera innecesario atender a los restantes motivos de queja, pues ello no variaría el sentido del presente fallo, aunado a que el aquí quejoso no podría obtener un beneficio superior al aquí alcanzado, como se expresará párrafos más adelante. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia por reiteracio´n VI.2o. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la pa´gina ochenta y tres, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIO´N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO." En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Fijación de los efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo; la autoridad responsable deberá: I. Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, con el que se inició el procedimiento administrativo 045/2020 así como sus consecuencias legales. Lo anterior no implica que queden vedadas en perjuicio de la autoridad responsable las facultades legales y constitucionales conferidas para investigar y sancionar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia en el servicio pu´blico de seguridad pu´blica del quejoso, empero, en caso de insistir en continuar con el procedimiento de referencia, se debe cen~ir a las formalidades esenciales del procedimiento que establecen los arti´culos 118 a 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pu´blica para el Estado de Jalisco, siendo preponderante que cuando emita el auto de inicio del procedimiento lo haga de manera fundada y motivada conforme a la legislacio´n aplicable, hacie´ndole del conocimiento lo que indica el numeral 120 de dicha legislacio´n; sin perjuicio de que armo´nicamente aplique el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, respecto de cuestiones distintas al procedimiento. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ----, contra los actos que reclamó de la autoridad precisada en el considerando tercero de la presente sentencia, por los motivos y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a doce de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Gerardo Raúl Barba Huerta, por propio derecho; contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1641/2022. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Actos reclamados imprecisos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: Empero, en tal señalamiento se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la emisión del proveído que ordene diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, en procedimiento llevado ante las autoridades señaladas como responsables, como concepto de violación podría ser la falta de fundamentación y motivación que aduce operó en dicho procedimiento y como pretensión que se conceda el amparo para que se respeten la formalidades esenciales del procedimiento, para la realización de la diligencia materia del acto reclamado. Autoridad no señalada como responsable. Diga si es su voluntad señalar como autoridad responsable al secretario ejecutor adscrito de juzgado mercantil y al personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que pretenden ejecutar la diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento, ya que de la lectura de la demanda se desprende dicha participación aunado a que no se advierte que haya señalado como autoridad responsable al funcionario encargado por imperativo legal de llevar a cabo la diligencia respectiva; en caso de ser afirmativo su desahogo, deberá exhibir un tanto más de la copia de la demanda y escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de ellas. Lo anterior, con apoyo en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición" No señala nombre y domicilio de las partes en el juicio de origen (terceros interesados). Indique el domicilio correcto y actual de la parte actora en el procedimiento del que derive el acto reclamado, ya que omitió señalarlo y el artículo 108, fracción II, de la ley en cita, dispone la carga procesal del quejoso de indicar los nombres y domicilios de los terceros interesados o, si los desconoce, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad. Lo anterior sin perjuicio de que en el capítulo de tercero interesado señale que desconoce quién puede tener dicho carácter, puesto que del relativo a los antecedentes del acto reclamado afirma que su esposa le hizo del conocimiento que el adeudo que se le reclama en el juicio natural, emana de un adeudo en favor de la empresa denominada "Surtidora Occidental", sin embargo omite señalar el domicilio donde puede ser localizada dicha persona. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados" "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Personalidad. Precise la personalidad con la que comparece a juicio. Prevención que resulta procedente al ser un requisito formal previsto en el artículo 108, fracción I, en relación con los diversos 10 y 11 de la norma en consulta, toda vez que en el proemio de la demanda afirma promover por propio derecho, sin embargo, en los puntos petitorios solicita se le reconozca la personalidad con la que comparece, sin que mencione a que persona afirma representar, asimismo, omite acreditarlo con documento idóneo, atento a que en materia de amparo es indispensable que acredite la personalidad con la que comparece a juicio, de conformidad con las siguientes jurisprudencias: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL PROMOVENTE MANIFIESTA TENERLA POR RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE PREVENIRLO PARA QUE EN EL TERMINO LEGAL ACREDITE DICHA PERSONALIDAD, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO LA TENDRÁ POR NO INTERPUESTA" 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir con los requerimientos formulados, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Puntos a y c: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Punto b: no se tendrá como autoridades responsables a las mencionadas en el punto de referencia. Punto d: se le tendrá promoviendo la demanda únicamente por su propio derecho. Intervención a las partes en el juicio de amparo. Quejoso. Gerardo Raúl Barba Huerta, propio derecho. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el que se advierte del escrito de cuenta. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Félix de la Torre Velázquez, en razón de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Datos de contacto. Por otra parte, como información adicional de contacto que proporciona el quejoso, se le tiene haciendo del conocimiento de este juzgado el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que se advierte del escrito de cuenta; sin que ello implique que las notificaciones que deban practicarse personalmente, se realicen por ese conducto, toda vez que el promovente solicitó se realizara en el domicilio físico señalado para tal efecto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo y atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso B) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DOCE DE AGOSTO de dos mil veintidós, el cual dice: Zapopan, Jalisco, a doce de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Gerardo Raúl Barba Huerta, por propio derecho; contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1641/2022. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Actos reclamados imprecisos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: Empero, en tal señalamiento se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la emisión del proveído que ordene diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, en procedimiento llevado ante las autoridades señaladas como responsables, como concepto de violación podría ser la falta de fundamentación y motivación que aduce operó en dicho procedimiento y como pretensión que se conceda el amparo para que se respeten la formalidades esenciales del procedimiento, para la realización de la diligencia materia del acto reclamado. Autoridad no señalada como responsable. Diga si es su voluntad señalar como autoridad responsable al secretario ejecutor adscrito de juzgado mercantil y al personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que pretenden ejecutar la diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento, ya que de la lectura de la demanda se desprende dicha participación aunado a que no se advierte que haya señalado como autoridad responsable al funcionario encargado por imperativo legal de llevar a cabo la diligencia respectiva; en caso de ser afirmativo su desahogo, deberá exhibir un tanto más de la copia de la demanda y escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de ellas. Lo anterior, con apoyo en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición" No señala nombre y domicilio de las partes en el juicio de origen (terceros interesados). Indique el domicilio correcto y actual de la parte actora en el procedimiento del que derive el acto reclamado, ya que omitió señalarlo y el artículo 108, fracción II, de la ley en cita, dispone la carga procesal del quejoso de indicar los nombres y domicilios de los terceros interesados o, si los desconoce, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad. Lo anterior sin perjuicio de que en el capítulo de tercero interesado señale que desconoce quién puede tener dicho carácter, puesto que del relativo a los antecedentes del acto reclamado afirma que su esposa le hizo del conocimiento que el adeudo que se le reclama en el juicio natural, emana de un adeudo en favor de la empresa denominada "Surtidora Occidental", sin embargo omite señalar el domicilio donde puede ser localizada dicha persona. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados" "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Personalidad. Precise la personalidad con la que comparece a juicio. Prevención que resulta procedente al ser un requisito formal previsto en el artículo 108, fracción I, en relación con los diversos 10 y 11 de la norma en consulta, toda vez que en el proemio de la demanda afirma promover por propio derecho, sin embargo, en los puntos petitorios solicita se le reconozca la personalidad con la que comparece, sin que mencione a que persona afirma representar, asimismo, omite acreditarlo con documento idóneo, atento a que en materia de amparo es indispensable que acredite la personalidad con la que comparece a juicio, de conformidad con las siguientes jurisprudencias: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL PROMOVENTE MANIFIESTA TENERLA POR RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE PREVENIRLO PARA QUE EN EL TERMINO LEGAL ACREDITE DICHA PERSONALIDAD, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO LA TENDRÁ POR NO INTERPUESTA" 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir con los requerimientos formulados, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Puntos a y c: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Punto b: no se tendrá como autoridades responsables a las mencionadas en el punto de referencia. Punto d: se le tendrá promoviendo la demanda únicamente por su propio derecho. Intervención a las partes en el juicio de amparo. Quejoso. Gerardo Raúl Barba Huerta, propio derecho. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el que se advierte del escrito de cuenta. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Félix de la Torre Velázquez, en razón de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Datos de contacto. Por otra parte, como información adicional de contacto que proporciona el quejoso, se le tiene haciendo del conocimiento de este juzgado el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que se advierte del escrito de cuenta; sin que ello implique que las notificaciones que deban practicarse personalmente, se realicen por ese conducto, toda vez que el promovente solicitó se realizara en el domicilio físico señalado para tal efecto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo y atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.

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