Gerardo Ramírez Ramírez
Expediente 2473/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2473/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2023
Partes del expediente
- Gerardo Ramírez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia que sobreseyó en audiencia el presente asunto; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido. Destino expediente principal. Con fundamento en el inciso a) del artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) competenciales. tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el comunicado signado por el Auxiliar Encargado del Área de Amparos de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el cual, pretende rendir su informe de ley; ello, en razón de que el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2473/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y recibido el veinticinco de noviembre de ese mismo año en este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Gerardo Ramírez Ramírez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió parcialmente a trámite la demanda; se registró bajo el número 2473/2022, se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por ende, una vez celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, se procede a dictar sentencia, constitucional; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Del Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: La omisión de dictar auto de avocamiento respecto a su escrito de demanda presentado el doce de abril de dos mil veintidós. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, pues fue omisa en rendir el informe justificado en este juicio, pese a que le fue requerido plena y legalmente para tal efecto, por lo cual se surte la presunción de certeza de tal acto, conforme con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con mayor razón por no existir constancia que contradiga o desvirtúe la presunción de que se trata. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito. En el presente caso, este quien ahora resuelve, concluye oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no justificó su interés jurídico, es decir, que el acto esencialmente reclamado le ocasione una afectación a sus derechos sustantivos o bien, que le causen un agravio personal y directo para poder controvertirlo mediante el juicio de amparo y, por ende, que se encuentre legitimada en dicho juicio laboral. Al respecto, el artículo 107 Constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". A su vez, el diverso artículo 5º de la misma Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos de autoridades administrativas o judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento, además establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del impetrante, como en el caso, al no haberse acreditado el interés jurídico. En efecto, la acción constitucional se reserva única y exclusivamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, perjuicio entendido como toda afectación producto de la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, Gerardo Ramírez Ramírez reclama de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la omisión de dictar auto de avocamiento respecto a su escrito de demanda presentado el doce de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, pues no exhibió documento alguno del que se pueda advertir fehacientemente que es parte en el referido procedimiento laboral de origen. Ciertamente, cuando se reclamen violaciones procesales, la parte quejosa en el juicio de amparo debe demostrar haber sido parte en el juicio de origen, a fin de acreditar su interés jurídico, aunque la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a páginas 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 05, Tomo I, correspondiente al mes de abril de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Ahora, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en la copia simple de su escrito de demanda, de la que se advierte una posible fecha de presentación ante la aquí responsable; sin embargo, este documento no tiene valor probatorio, porque no cuentan con los elementos necesarios que le permitan concluir al presente juzgador que ese documento se presentó ante la Junta señalada como responsable, o bien que se generó en el juicio laboral en comento. Dicho de otra forma, ese documento no cuenta con certificación o sello de recepción alguno, por parte de la responsable, además que no se encuentra compulsada con el expediente laboral de origen, con el que se pudiera constatar la validez del documento. En efecto, conforme el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones; además que, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes; extremos jurídicos de los que carece el documento allegado por el quejoso, es por ello que, se insiste, con éste no se demuestra su interés jurídico para acudir a la presente vía. Finalmente, conviene señalar que el interés jurídico en el juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse en base a presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2ª./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 17, tomo 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1994, octava época, bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En suma y, en mérito de lo anterior, al no demostrar la parte quejosa su interés jurídico para incoar el presente juicio constitucional, es por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, imponiéndose sobreseer en el juicio conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77, 78, 80 y demás aplicables de la Ley de -Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Gerardo Ramírez Ramírez respecto al acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa. Téngase por recibido el telegrama remitido por el Juez Cuarto de lo Civil con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, acusa de recibido el oficio 33462/2022 remitido por este Juzgado Federal, relativo a la interposición del recurso de queja por la parte quejosa. Recurso que fue remitido en siete de diciembre del año en curso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en turno. Por lo anterior, se toma nota y se ordena agregar el telegrama de cuenta a los autos, sin mayor trámite. Notifíquese.
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