GERARDO RAMIREZ MONROY y Otros.

Expediente 1185/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1185/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • GERARDO RAMIREZ MONROY y Otros.
  • Juez de Control de la Quinta Region, Ciudad
  • Gerardo Ramirez Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Acúsese el recibo de estilo; y en su oportunidad archívese este asunto como total y definitivamente concluido...

  2. Principal

    ...el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que por proveído de veintiuno de diciembre de la anualidad en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Gerardo Ramírez Monroy y Guadalupe Pulido Cardona, contra la sentencia dictada el tres de diciembre del año actual, en este juicio de derechos fundamentales, registrándolo con el número en revisión 146/2018 de su índice...

  3. Principal

    ...Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que por proveído de dieciocho de diciembre de la anualidad en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos Gerardo Ramírez Monroy y María Guadalupe Pulido Cardona, en contra del proveído de tres de diciembre del presente año, dictado dentro del presente asunto, el cual quedó registrado como recurso de queja 146/2018... atento a su contenido remítasele copia certificada de las constancias de notificación del auto de tres de diciembre del presente año...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda promovida por Gerardo Ramírez Monroy y María Guadalupe Pulido Carmona; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1185/2018-1, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de quince de noviembre de la presente anualidad, dictada en la carpeta preliminar 47/2018, por el Juez de Control de la Quinta Región en esta localidad, que revocó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 194/2018, y ordenó al fiscal investigador que recabar más probanzas en la misma. Acto respecto del cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se estima lo anterior, pues en términos del artículo 6, párrafo primero, de la Ley de la Materia, el juicio de amparo debe promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esa ley, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la citada legislación; dicha afectación debe traducirse en un agravio o perjuicio en los intereses jurídicos o legítimos del impetrante de amparo. El agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y que el perjuicio constituye la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; asimismo, el interés legítimo consiste en el poder de exigencia con que cuenta una persona para reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera. Bajo esa perspectiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que los promoventes del amparo no cuentan con el derecho legítimamente tutelado por una norma objetiva para oponerse al acto reclamado, pues éste no incide en su esfera personal de derechos, en términos del numeral 5, fracción I, de la Ley de la Materia, dado que la determinación reclamada podrá ser contrarrestada a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Por tanto, se reitera, que el acto de autoridad que se reclama, no causa agravio personal y directo que de interés jurídico o legítimo a los promoventes; por ende, éstos carecen de la facultad de oponerse ante las autoridades del conocimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, página 71, materia penal (registro 168201), que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.- Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Dadas las razones anotadas, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gerardo Ramírez Monroy y María Guadalupe Pulido. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos de los artículos 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al citado en la demanda de amparo. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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