Gerardo Puentes Reys

Expediente 234/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramos Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa.
  • Gerardo Puentes Reys

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 234/2020-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, Gerardo Puentes Reyes e Irma Campoy Carrillo promovieron juicio de amparo directo contra acto de esa autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hicieron consistir en: "1.- El acuerdo de fecha 10 de enero de la presente anualidad emitido por la autoridad señalada como responsable dentro del juicio de donde emana el acto reclamado, mediante el cual en lo que interesa, ha desechado el incidente de impugnación de documentos planteado por los suscritos en nuestro escrito de contestación, referente a la impugnación realizada a diversas facturas exhibidas como base de la acción por la parte actora en su demanda." SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibida la demanda de amparo y ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y por oficio 294/2020 de diez de los mismos mes y año, rindió el informe justificado correspondiente, al que anexó el expediente 822/2019 (tomo II). El oficio y anexos respectivos, fueron recibidos el once de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Segundo órgano colegiado, el cual, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, registró la demanda de amparo directo con el número 76/2020 y declinó la competencia para conocer de tal asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con asiento en esa ciudad, lo que comunicó por oficio 751/2020, adjuntando los supracitados anexos, que se recepcionaron el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esa localidad, turnados a este Juzgado Octavo en esa misma fecha. Por proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda con el número 234/2020-2, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional. Sin embargo, este asunto fue suspendido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo del Acuerdo General 4/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública SARS-CoV-2; asimismo, fue reanudado por acuerdo de diez de septiembre de esta anualidad. Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en los términos que se anotan en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el auto reclamado tendría ejecución en esta ciudad, en donde se ventila el juicio de origen, y que pertenece a la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que el acto reclamado es el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente 822/2019, por el que se desechó el incidente de impugnación de documentos promovido en la contestación de la demanda. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, por así aceptarlo al rendir informe justificado, remitiendo como anexo el expediente 822/2019 (tomo II); documental pública a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No se analizará el fondo del asunto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. En tales condiciones, el auto reclamado no encuadra dentro de la regla antes apuntada, porque no es un acto que afecte, por ahora, materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Esto se estima así, dado que no produce de manera inmediata una afectación de algún derecho fundamental, sino únicamente efectos formales o intraprocesales, ya que bien puede ocurrir que en el juicio de origen se dicte una sentencia favorable a la parte quejosa, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el desecamiento de la impugnación de doctos. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2006338), del tenor: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Esto es, los efectos perjudiciales del auto reclamado se actualizarían, de ser así, hasta el dictado de la sentencia definitiva, toda vez que hasta aquel momento se podrá determinar si se vulneraron las defensas de la parte afectada y, si en su caso, se incurrió en alguna violación transcendente al resultado del fallo final, lo que hace evidente que el acto que se reclama, de momento no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto cobra vigencia por analogía, la jurisprudencia VII.2o.T.43 L (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2786 (registro 2011721), que dice: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.- Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de derechos fundamentales 234/2020-2, promovido por Gerardo Puentes Reyes e Irma Campoy Carrillo, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy tres de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado.L´COGM.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta; agréguese a los autos la intervención ministerial 307/2020 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veinte. Visto el estado actual que guardan los autos de este juicio de derechos fundamentales, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia de ley, sin embargo, la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, residente de esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante haber quedado notificada del oficio 3875/2020 de veintiséis de febrero de dos mil veinte, según se advierte de la constancia que obra en autos (foja 40); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se le reclama a la mencionada autoridad. Además, para dictar la resolución que en derecho proceda en este juicio de amparo, es necesario contar con las constancias relativas al acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia fotostática certificada íntegra y legible de las citadas constancias, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo que antecede, la jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 199454), cuyo rubro y texto marcan: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Para dar oportunidad a lo que antecede, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan para su celebración las diez horas con quince minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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