Gerardo Ramírez Cisneros
Expediente 904/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gerardo Ramírez Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. VISTO para resolver el juicio de amparo 904/2017-II, promovido por *******, por conducto de su apoderado legal, *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, *******, por conducto de su apoderado legal, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA y EJECUTORA.- Se reclaman las violaciones cometidas en la sentencia interlocutoria que se dictó en los autos del juicio ordinario civil número ******* de su índice administrativo, con fecha 26 de septiembre de 2017, publicada en la lista del día 27, surtiendo efectos el día 28 del citado mes y año, en la que se resolvió la liquidación de daños y perjuicios a los que fue condenada en sentencia firme la parte demandada en aquél juicio, por una suma muy inferior a la reclamada, determinado (sic) aprobar solamente la cantidad de $*******, por concepto de daños y perjuicios causados hasta el día 15 de mayo de 2017, importe que la parte demandada y hoy tercero interesada deberá de pagar a la parte actora y aquí quejosa; asimismo, se reclama la ejecución de los actos que se derivan de la sentencia interlocutoria de liquidación de daños y perjuicios. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se registró la demanda bajo el consecutivo 904/2017-II, y se previno a la parte quejosa, para que narrara la totalidad de los antecedentes del acto reclamado. Una vez desahogada tal prevención, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que eventualmente se podrán materializar por autoridades que despliegan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener, como elemento formal, la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se deduzcan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que constituyen el antecedente de los actos reclamados, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución incidental de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (en sustitución del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos), en los autos del juicio ordinario civil *******, promovido por ******* (cedente de derechos litigiosos del quejoso), en contra de *******, en la que se resolvió el incidente de liquidación de daños y perjuicios a que fue condenada la parte demanda; así como su correspondiente ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Apoya la anterior conclusión, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, materia común, página 255, del siguiente tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien sustituyó en el conocimiento del asunto al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos y, para acreditarlo, remitió copia certificada del juicio ordinario civil *******, promovido por ******* (cedente de derechos litigiosos del quejoso), en contra de *******, en la que se resolvió el incidente de liquidación de daños y perjuicios a que fue condenada la parte demanda; así como su correspondiente ejecución, documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; por ende, se tienen por ciertos los actos que se le imputaron. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia o de sobreseimiento del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Como aspecto preliminar, es oportuno precisar que en el trámite del juicio de amparo, la regla general apunta a que los documentos a través de los que se integra la litis, las pruebas y los alegatos de las partes deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no deben tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal; no obstante, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 63 de la Ley de Amparo que sucedan con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando las nuevas condiciones, cuando de ellas aparezca probada o sobrevenga una causa de sobreseimiento del juicio. Apoya las anteriores consideraciones, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, materia común, página 1279, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. En el caso, mediante comparecencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el apoderado legal de la parte quejosa, ratificó el escrito mediante el cual formuló su desistimiento del presente juicio de amparo, en la que señaló lo siguiente: . que el motivo de su comparecencia es con el fin de ratificar el escrito presentado en esta fecha en la Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de Distrito, por el que se desiste de la demanda de amparo, recibida en este órgano jurisdiccional el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por así convenir a sus intereses y que es todo lo que desea manifestar.". Ahora, dado que de autos se advierte que la demanda la promovió dicho apoderado, con facultades otorgadas por el directo quejoso, es procedente tenerlo por desistido de la demanda de amparo que originó este juicio de control constitucional. En las relacionadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, consultable en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 37, 74, 79, 107 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesada; por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el informe justificado del Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal del quejoso y atento a su contenido, se le tiene ofreciendo la prueba documental que anuncia y obra agregada al presente expediente, misma que tiene por admitida y desahogada, ya que así lo permite su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase al promovente formulando los alegatos que deja vertidos su ocurso de cuenta y hágase relación de lo anterior, al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito del licenciado *******, autorizado del quejoso *******; atento a su contenido, téngasele formulando los alegatos que a la parte que representa, sin perjuicio de dar cuenta con ellos al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, por lo que hace a la documental que refiere, dígasele que se esté a lo acordado en auto de cuatro de los actuales en el que se le tuvo como prueba de su parte las documentales que refiere. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.Rmi
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