Gerardo Portillo Soto

Expediente 307/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
307/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Portillo Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a lo preceptuado en el numeral 9 y 17, fracción III, incisos a) y b) del citado Acuerdo, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL POROVEÍDO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a lo preceptuado en el numeral 9 y 17, fracción III, incisos a) y b) del citado Acuerdo, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 307/2023-I, promovido por *******, contra actos del Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en esta ciudad. Resultando. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este juzgado al día siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró vulnerados los contemplados en los artículos 1, 14, 18, segundo párrafo, 20 apartado B, fracción VIII y 133, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 307/2023-I, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó del Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en esta ciudad, la confirmación emitida el veintiocho de febrero del año en curso, de la resolución dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez de Ejecución *******, en la cual se negó al quejoso cualquier benefició durante su ejecución. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó en forma expresa al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió de las actuaciones de toca ******* y un disco compacto que contiene la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se confirmó la determinación emitida el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez de Ejecución, dada la naturaleza del actual proceso oral, a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que las hicieran valer las partes; en consecuencia, procede entrar al estudio de la cuestión planteada. Quinto. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Antecedentes. Del análisis de la demanda, se advierten los siguientes antecedentes. El quejoso solicitó al Tribunal de Ejecución de Penas Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el beneficio de libertad preparatoria en la modalidad que le resultara más benéfica, negándosele cualquier beneficio durante la ejecución de la sentencia mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós. Inconforme con dicha resolución interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Penal Tradicional. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Sala responsable confirmó la resolución emitida por el Juez de Ejecución, para quedar en los siguientes términos, se transcribe el punto resolutivo: [.] Único. Se confirma (íntegramente la resolución que el 15 de diciembre de dos mil veintidós emitió el Juez de Ejecución [*******], por el que negó a [*******] cualquier beneficio durante la ejecución de su sentencia. [.] Determinación que constituye en esta instancia el acto reclamado. Séptimo. Estudio de fondo. Son Infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se adviertan motivos para suplir la queja deficiente que pudiera otorgarle algún beneficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se expondrán: El quejoso refiere como conceptos de violación que se vulneran en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en atención a que contrario a lo que determinó la autoridad responsable si bien es cierto que el artículo 70 de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, establece que los delitos por los cuales no se concede el beneficio de la libertad preparatoria entre ellos el previsto en la fracción X. relativo al secuestro, también lo es, que dicha fracción fue derogada desde el doce de febrero de dos mil once, por lo que, si ya no existe restricción al haber sido suprimida para que se conceda al sentenciado el beneficio en comento, el mismo es procedente. Ello, en atención a que no se le puede aplicar una ley en su perjuicio de manera retroactiva, y sin que pase desapercibido que el numeral 19 primer párrafo de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, resulta ser inconstitucional al no permitir el acceso a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro tipo que implique reducción de condena en función del delito materia de la sentencia de condena lo que resulta contrario a los derechos de igualdad de trato y reinserción social establecidos en el artículo 1 y 18 de la Constitución. En atención a que la aspiración y el objetivo constitucional que el legislador tomó en cuenta de reinsertar a los sentenciados a la sociedad es con el fin de respetar los derechos humanos de las personas que han incurrido en la comisión de un delito y que estas al aprovechar los medios que el Estado les proporciona y sean un ejemplo para las demás personas que se encuentran privadas de la libertad y como un estímulo elijan la reinserción y de no ser así el objetivo constitucional únicamente seria la prisión como castigo y no la reinserción social. Asimismo, refiere que todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados aunado a que conforme al artículo 69 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, establece que la libertad preparatoria se podrá otorgar a los internos por sentencia condenatoria cuando hayan cumplido la mitad de la pena de prisión impuesta en los delitos culposos. Ahora, cabe destacar el contenido del primer y segundo párrafo del artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." Del análisis integral del numeral en comento, se advierte que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, el sistema penitenciario se organizara sobre el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr su reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir. Las mujeres compurgaran las penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Así, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Federal, se aprecia que el sistema penal mexicano se finca en el ideal de que los sentenciados por la comisión de algún delito sean reinsertados socialmente sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y educación. Por otro lado, tratándose de beneficios para los reos, se obtiene que dicho precepto constitucional establece una facultad de libre configuración legislativa, mediante la que el legislador previó una serie de mecanismos a favor del reo, a efecto de que la pena de prisión pueda ser sustituida o cambiada por otra que refleje un grado menor de severidad. Sin embargo, esta circunstancia no significa que el otorgamiento de esos beneficios se erija como derecho fundamental, puesto que del segundo párrafo del dispositivo 18 constitucional, se desprende que lo que tiene ese carácter es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como que en la ley secundaria se establezcan los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento. Luego, contrario a lo que refiere el quejoso y como acertadamente lo determinó la Sala responsable, al confirmar el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que el Juez de Ejecución negó al quejoso el beneficio de la libertad preparatoria, en la carpeta de ejecución con número *******. Esto, virtud a que el quejoso cumple una pena de prisión de veintiún años, la cual se le empezó a computar a partir del veintiuno de agosto de dos mil diez. Ahora bien, el artículo 70 de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, establecía que los delitos por los cuales no se concede el beneficio de la libertad preparatoria entre ellos el previsto en la fracción X, relativa al secuestro, dicha fracción fue derogada desde el doce de febrero de dos mil once, por lo que, si ya no existe restricción al haber sido suprimida para que se conceda al sentenciado el beneficio en comento, el mismo es procedente. También lo es, que si bien dicha fracción fue derogada, el beneficio de la libertad anticipada no es derecho adquirido, sino se trata de expectativas de derecho, pues el primero es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo a su dominio o a su haber jurídico, o bien es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. Además, el artículo 19 de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: .." Esto es, del numeral trascrito se advierte que sigue la prohibición de otorgar beneficios de libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de secuestro. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la negativa de otorgar beneficios preliberacionales no implica una violación a las medidas previstas en el artículo 18 de la Constitución General para lograr la reinserción social del sentenciado, pues su otorgamiento no es una obligación constitucional, por el contrario, se trata de una facultad para el legislador ordinario quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. Tampoco se vulnera el principio de igualdad, ya que esa negativa no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por el legislador que se justifica razonablemente en la mayor relevancia penal, así como en el impacto más grave que tiene el delito de secuestro en la afectación a la seguridad y a la salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Por último, la prohibición de otorgar los beneficios aludidos no vulnera el principio de dignidad humana, en virtud de que no puede sostenerse que de la aplicación o inaplicación de aquéllos dependa la debida salvaguarda de ese principio, por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de un proceso criminal debidamente concluido, que ha llevado a la autoridad judicial a imponer una sentencia condenatoria en contra de una persona que debe compurgar una pena de prisión determinada de acuerdo con las leyes aplicables y las circunstancias que singularizaron el caso concreto. Por lo que, es acertada la determinación de la autoridad al confirmar la negativa a otorgar el beneficio de la libertad preparatoria, pues el numeral 19 de la ley en comento prohíbe otorgar dicho beneficio cuando la persona es sentenciada por el delito de secuestro. Dicho razonamientos se encuentran contenidos en la tesis: 1a. XII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1230, Décima Época, con número de registro digital 2022908, cuyo rubro y texto es el siguiente: PROHIBICIÓN DE OTORGAR BENEFICIOS DE LIBERTAD PREPARATORIA A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO. EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL QUE LO PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE IGUALDAD, REINSERCIÓN SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA. Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro agravado; seguido el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral dictó sentencia condenatoria negándole todo beneficio de ley, la resolución fue recurrida en casación modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no transgrede los derechos de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Justificación: La negativa de otorgar beneficios preliberacionales no implica una violación a las medidas previstas en el artículo 18 de la Constitución General para lograr la reinserción social del sentenciado, pues su otorgamiento no es una obligación constitucional, por el contrario, se trata de una facultad para el legislador ordinario quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. Tampoco se vulnera el principio de igualdad, ya que esa negativa no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por el legislador que se justifica razonablemente en la mayor relevancia penal, así como en el impacto más grave que tiene el delito de secuestro en la afectación a la seguridad y a la salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Por último, la prohibición de otorgar los beneficios aludidos no vulnera el principio de dignidad humana, en virtud de que no puede sostenerse que de la aplicación o inaplicación de aquéllos dependa la debida salvaguarda de ese principio, por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de un proceso criminal debidamente concluido, que ha llevado a la autoridad judicial a imponer una sentencia condenatoria en contra de una persona que debe compurgar una pena de prisión determinada de acuerdo con las leyes aplicables y las circunstancias que singularizaron el caso concreto. Igualmente, el artículo 141, primero y último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé: Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente (.) No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es decir, que dicha ley también prohíbe otorgar el referido beneficio cuando una persona es sentenciada por el delito de secuestro. Así, conforme al numeral 18 de la Constitución, dicho beneficio se otorga empero, observando los beneficios que para él prevé la ley ordinaria y requisitos que para ello se establece. Por lo que, si en el caso al momento de solicitar el beneficio de la figura jurídica de libertad preparatoria ya no estaba vigente la norma, lo adecuado es concluir que únicamente le resulta aplicable lo que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación a los beneficios prelibercionales cuya entrada en vigor inició el veintiocho de febrero de dos mil once, y la aplicación de la legislación correspondiente opera a partir de que se haya solicitado el beneficio correspondiente no así respecto a la fecha de comisión del delito (nueve y diez de junio de dos mil diez), y de dictada la sentencia condenatoria (veintisiete de febrero de dos mil doce), ya que el procedimiento de ejecución es diverso al en que se desarrolló para el dictado de la sentencia condenatoria. De ahí que, contrario a lo que refiere el quejoso, no se vulnera en su perjuicio el derecho a la retroactividad como lo establece el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo señaló la autoridad responsable en el sentido de que: [.] "En cambio, si bajo la vigencia de ésta ley (Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro) ya se hubieren cumplido los requisitos para obtener cualquiera de los que contemplaba la Ley Estatal de Ejecución Penal, y si la forma lo permite, ya sería un derecho adquirido sí podría la ley tener efectos ultra activos, lo que no aconteció en el particular, pues sólo lleva 6 años de compurgación de la pena, no se acercaba a los tiempos y condiciones que la Ley estatal preveía para la concesión de beneficios." [.] Por lo que, la posterior derogación de la fracción X del artículo 70 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, con el objeto de determinar cuál le genera mayor beneficio, sin que ello vulnere el derecho fundamental de la retroactividad de la ley - invocado por el sentenciado- pues al encontrarse vigente la restricción para conceder algún beneficio de libertad anticipada que prevé la ley de la materia, no constituyen derechos fundamentales, ya que para acceder alguno de ellos, es indispensable que previamente se reúnan los requisitos previstos para su otorgamiento en la legislación correspondiente, mismo que por no haberse acreditado desde el momento en que el sentenciado comenzó a compurgar su pena, evidentemente la naturaleza de expectativa de derecho a dicho beneficio, en suma, aquel solo podrá concederse siempre y cuando exista restricción para ello, lo que en el caso que hoy se analiza si ocurre, en razón de la existencia de la legislación especial Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la que expresamente impide la concesión del beneficio en estudio, por tratarse del delito de secuestro. Así también, contrario a lo que señala el quejoso la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada ya que la autoridad expuso los fundamentos y los razonamientos lógico jurídico que lo llevaron a concluir a confirmar la negativa de otorgar el beneficio solicitado. El numeral 19 de la legislación especial, no amerita interpretación alguna, en virtud de que impide el otorgamiento de los beneficios liberatorios a aquellos individuos que lesionan uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia como es la libertad, entonces no se vulnera el derecho del sentenciado al no existir una norma que más le favorezca y con ello otorgar la protección más amplia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 239, Décima Época, con número de registro digital 2014332, cuyo contenido es el siguiente: INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma. De igual forma, encuentra sustento, la tesis 1a. CCLXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 337, Décima Época, con número de registro digital 2018696, del rubro y texto: INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO. Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido cambiada por otra. Además, como lo consideró el magistrado responsable, si el legislador estableció diversos requisitos para el otorgamiento de dicho beneficio se deben cumplir cada uno de ellos previo a la solicitud de alguno de los de libertad anticipada previstos en la ley aplicable, y el hecho de que dichos beneficios sean con el objetivo de incentivar la reinserción de las personas, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado. Luego, la libertad preparatoria tiene como efecto que el sentenciado pueda disfrutar de su libertad personal antes de compurgar totalmente su pena privativa; es decir, no existe modificación en la duración de la pena, sino simplemente se concede la oportunidad al reo de recuperar su libertad cuando quede cumplida la temporalidad de la sanción impuesta exigida para la procedencia de ese beneficio. Mientras que la consecuencia de la remisión parcial de la pena, es que el Juez de ejecución pueda modificar la duración de la pena impuesta al sentenciado; en otras palabras, habrá afectación en la temporalidad inicial de la pena de prisión impuesta, derivado de lo cual, el beneficiado ya no cumplirá en su totalidad el lapso de la sanción impuesta en el fallo definitivo. No se omite considerar que existe interés de la sociedad de que las sentencias penales en las que se imponga una pena privativa de la libertad, se cumplan cabalmente. Así, en principio, el sentenciado tiene la obligación de compurgar por completo la pena de prisión que le fue impuesta; sin embargo, los beneficios preliberacionales, entre ellos la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, cuando se cumplen los correspondientes requisitos, permiten que el sentenciado pueda gozar de la libertad; en el primer caso, aunque únicamente hubiera compurgado la parte correspondiente de su condena, según el delito; y en el segundo supuesto, en franca disminución de la pena, en función del tiempo de trabajo que se hubiera realizado. En ese orden de ideas, pretender que el tiempo redimido o condonado con motivo del trabajo realizado para los efectos de la remisión parcial de la pena, se abone para la obtención del beneficio de la libertad preparatoria, implicaría el descuento del tiempo de prisión que la propia ley establece, y una disminución adicional, correspondiente a la mitad del tiempo efectivamente trabajado por el sentenciado. Así, se integraría una doble disminución de la sanción privativa de la libertad, en perjuicio tanto de la correspondiente sentencia judicial, como del interés social en su efectivo cumplimiento. De ahí que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho. En tal virtud, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *******. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto que reclamo del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal Regional, encargado del despacho, con domicilio en esta ciudad, por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, en virtud de que del registro de audio y video en formato dvd de la audiencia de ejecución celebrada el quince de diciembre de dos mil veintitrés remitida por el Encargado del Despacho de la Cuarta sala Penal Regional, con sede en esta ciudad, se recibió en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las doce horas del treinta de junio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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