Gerardo Picazo Morales
Expediente 204/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/04/2016
Partes del expediente
- Gerardo Picazo Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, asimismo se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, lo anterior en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla por el que rinde su informe justificado. Al respecto, del presente expediente se advierte que mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, Gerardo Picazo Morales, Rafael Landeros Morales y Manuel Morales Segundo -y su escrito aclaratorio recibido el diecinueve siguiente- promovieron juicio de amparo en el que señalaron como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de quien reclamaron la falta de emplazamiento de todos y cada uno de los demandados dentro del expediente laboral D-94/2015. Al respecto, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidente, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, manifestó que el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, acordó el escrito presentado por la parte quejosa el uno de abril de dos mil quince, en el que se declaró competente para conocer de la demanda laboral y en el que previno a los aquí quejosos para que exhibieran documento idóneo para acreditar su identidad y de copias de identificaciones de las personas que señalaron como testigos, dentro del expediente natural D-94/2015, mismo que les fue notificado el diez de marzo de la presente anualidad. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Gerardo Picazo Morales, Rafael Landeros Morales y Manuel Morales Segundo acuden a esta instancia constitucional a inconformarse con la falta de emplazamiento de los demandados dentro del expediente laboral D-94/2015. Así, de las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cuatro de marzo del presente año, se declaró competente para conocer de la demanda laboral, previniendo a los aquí quejosos para que en el término de tres días para exhibir documento que acreditará su identidad así como copias de identificación de las personas que señalaron como testigos en su demanda laboral dentro del expediente D-94/2015. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado contestación al escrito que la parte quejosa presentó el uno de abril de dos mil quince, dentro del expediente laboral de origen, además de notificar el auto respectivo, la omisión reclamada cesó en sus efectos, en razón de que dicha omisión desapareció o se destruyó de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Gerardo Picazo Morales, Rafael Landeros Morales y Manuel Morales Segundo reclamaron del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Además, aun cuando también se reclamara el aludido proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se estima que dicha actuación no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad. En otras palabras, en el presente juicio de amparo indirecto no sería posible analizar la pertinencia o no de la prevención formulada por el tribunal responsable mediante el citado acuerdo de cuatro de marzo anterior, ya que ese análisis sólo se podría efectuar, vía amparo directo, cuando ante su incumplimiento dicho tribunal, llevando adelante el apercibimiento decretado, tuviera por no presentada la demanda laboral. Por lo anterior, se dejan sin efecto las once horas con quince minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Gerardo Picazo Morales, Rafael Landero Morales y Manuel Morales Segundo, desahogan el requerimiento que se formuló en proveído de diez de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, teniéndose como autoridades responsables al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como al Actuario adscrito al mismo. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no solicitó la suspensión de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las once horas con quince minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Dado el planteamiento de la demanda de amparo, se estima que no existe persona tercero interesada; ello en atención a que la parte demandada en el juicio de origen no ha sido emplazada; por tanto, no se surte la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Amparo. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 8 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la prueba presuncional en su doble aspecto, y la instrumental de actuaciones por lo que hace al presente juicio de garantías, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo y para estar en condiciones de determinar lo que en derecho corresponda, solicítese al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para que de no tener inconveniente legal, informe a este juzgado federal el estado procesar que guarda el Impedimento 3/2015. Lo anterior, toda vez que se desconoce si han sido devueltos los autos motivo del impedimento planteado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. NOTIFÍQUESE.
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