Gerardo Picazo Morales
Expediente 636/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/06/2016
Partes del expediente
- Gerardo Picazo Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Gerardo Picazo Morales, Rafael Landeros Morales y Manuel Morales Segundo, acuden a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de emplazar a los demandados dentro del expediente D-94/2015. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el actuario responsable exhibió como justificante de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-94/2015, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se previno a los promoventes para el efecto de que precisaran quien los contrató, quien les cubría su salario y cuáles eran las funciones que desempeñaban durante el desarrollo de su jornada laboral; en consecuencia, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de abril de dos mil dieciséis), el acto reclamado era inexistente, pues al dictarse el aludido acuerdo de requerimiento a los demandantes, no existen condiciones para ordenar tal emplazamiento, precisamente porque no se ha admitido la demanda. En tal sentido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si los quejosos se duelen de la omisión del Actuario de emplazar a los demandados, y si la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que en el expediente laboral D-94/2015, no se ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio, es por demás claro que los quejosos, aun cuando ofrecieran pruebas, no podrán desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que en el expediente laboral D-94/2015 no se ha ordenado el emplazamiento de los demandados, cuya omisión reclaman los peticionarios, es evidente que el acto reclamado es inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así entonces, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con once minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Gerardo Picazo Morales, Rafael Landeros Morales y Manuel Morales Segundo, acuden a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de emplazar a los demandados dentro del expediente D-94/2015. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el actuario responsable exhibió como justificante de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-94/2015, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se previno a los promoventes para el efecto de que precisaran quien los contrató, quien les cubría su salario y cuáles eran las funciones que desempeñaban durante el desarrollo de su jornada laboral; en consecuencia, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de abril de dos mil dieciséis), el acto reclamado era inexistente, pues al dictarse el aludido acuerdo de requerimiento a los demandantes, no existen condiciones para ordenar tal emplazamiento, precisamente porque no se ha admitido la demanda. En tal sentido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si los quejosos se duelen de la omisión del Actuario de emplazar a los demandados, y si la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que en el expediente laboral D-94/2015, no se ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio, es por demás claro que los quejosos, aun cuando ofrecieran pruebas, no podrán desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que en el expediente laboral D-94/2015 no se ha ordenado el emplazamiento de los demandados, cuya omisión reclaman los peticionarios, es evidente que el acto reclamado es inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así entonces, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con once minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por Jaime Roberto Rendón Graniell, apoderado de la tercero interesada New Hampshire Insurance Company, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídanse a su costa copia certificada de las constancias que refiere, teniendo por autorizados para recibirlas a las personas que indica, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.
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