Gerardo Pérez Ponce

Expediente 531/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2020.

Datos del expediente

Expediente
531/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2020

Partes del expediente

  • Gerardo Pérez Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En la Ciudad de México,veintinueve de mayo de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, donde mediante oficio de veintidós de mayo de dos mil veinte el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó que se avoco al conocimiento del asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por éste juzgado, a través del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en razón de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el punto Vigésimo, último párrafo del acuerdo de mérito, contados a partir del presente archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veinte. Por recibidos los oficios en que el Subdirector Jurídico en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente asunto y el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio con que se remitió el juicio de amparo 531/2020-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Gerardo Pérez Ponce, e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del referido asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agregan los oficios de mérito, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, previa copia del informe relativo a la suspensión de plano, remítase al Juzgado Federal oficiante el original del citado oficio, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (25/MAYO/2020).- VISTOS.- EL JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN ESTA CIUDAD, ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Mauricio Palemón Arzate Pineda, en nombre y representación de Gerardo Pérez Ponce, contra actos del Director General del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 531/2020. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la Litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). En el caso, la parte promovente del amparo, señaló como autoridad responsable y como actos reclamados lo siguiente: Actos Reclamados (a) La abstención de proporcionar una atención médica a fin de salvaguardar la vida del quejoso. (b) La abstención de intervención médica integral adecuada y necesaria e inmediata a fin de salvaguardar la vida del quejoso. (c) La abstención de intervención médica especializada a fin de salvaguardar la vida del quejoso. (d) La abstención de realizar los actos médicos tendientes a salvaguardar la vida del hoy quejoso. Autoridad responsable: En su caso lo es el: DIRECTOR GENERAL DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE Médico Responsable del Área de la Unidad Médica DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio;?? b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 51.- Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (.) De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado b) La naturaleza de la autoridad responsable Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por similitud la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En ese sentido, de lo relatado con antelación, este órgano jurisdiccional estima que el estudio de los actos reclamados, no corresponde a las autoridades administrativas, toda vez que los mismos se ubican en el ámbito de los actos de naturaleza penal. Lo anterior se afirma en razón de que con motivo de que con las reformas constitucionales a los artículos 18, segundo párrafo, en el que se precisa que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir y, el artículo 21, párrafo tercero, en el que se dispone que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, se obtiene que la competencia radica en los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por lo anterior, a partir de las reformas aparece la figura del Juez de Ejecución, cuya incorporación conlleva a que la etapa de la ejecución de la pena forme parte del proceso penal desde el ámbito jurisdiccional y administrativo, con lo cual se incorpora un control jurisdiccional en lo referente al cumplimiento de las penas, desde luego con el apoyo de la administración penitenciaria, la cual no desaparece, pero sí se le restringe en sus facultades únicamente a la administración de las prisiones. De manera congruente con lo anterior, en cuanto a la judicialización de la etapa de ejecución de las penas, en el procedimiento penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil doce, correspondiente al amparo en revisión 648/2011, precisó que a partir de la reforma al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor tres años después, esto es a partir del diecinueve de junio del dos mil once, Xóchitl Almendra Hernández Torres de acuerdo con el numeral Quinto Transitorio, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a partir de lo cual, las normas secundarias estarán orientadas a trasformar el pasado régimen en el que el poder ejecutivo estaba a cargo de la modificación y duración de las penas en la etapa de ejecución de sentencia y, mediante un cambio de paradigma se abren las puertas a los sentenciados para acceder a la prerrogativa constitucional, de exigir que se respete su derecho fundamental de que sea la autoridad judicial quien resuelva lo relativo a determinados beneficios preliberacionales, como la libertad preparatoria en materia federal. En este sentido, si con motivo del nuevo Sistema de Reinserción Social, contenido en el artículo 18, segundo párrafo reformado, y el de Modificación y Duración de las penas, previsto en el párrafo tercero del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se generó un cambio sustancial por cuanto a la limitada intervención de la autoridad administrativa, entre otras cuestiones, en la supervisión de los centros de reclusión, que anteriormente le correspondía a está, y que ahora estará a cargo de las autoridades judiciales, el acto que reclama el quejoso en el presente juicio de amparo, queda comprendido en el ámbito de la materia penal y no administrativa. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con un tanto de la presente resolución; lo anterior, en atención al Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capítulo III, inciso F), 1.d., máxime que, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se cuenta con el expediente electrónico del presente juicio de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, toda vez que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y atento a que éstos se ubican en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo al tratarse de actos que probablemente importan peligro a la salud, así como riesgo inminente a su vida, este órgano jurisdiccional procede realizar el siguiente pronunciamiento.? En ese sentido, es preciso considerar el contenido de los derechos humanos que el quejoso considera vulnerados, consagrados en su favor en los artículos 4 punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 y 10. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 4, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor siguiente: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Artículo 6 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la protección y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Asimismo, en el caso conviene también señalar el contenido de la siguiente disposición del mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece lo siguiente: Artículo 10 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.?? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. . Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. ." "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Del texto de los preceptos legales relativos a los instrumentos internacionales firmados por el Estado de Mexicano, se advierte que son uniformes y acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que las personas tienen derecho a que se les respete la vida, la cual es inherente a la persona humana y debe protegerse por la ley. Así también, conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que en todo momento debe respetarse el derecho a la vida de las personas. En ese tenor, de dicho precepto Constitucional, se siguen dos reglas: a) Una que atañe al deber de seguir un criterio exegético para los órganos administrativos y jurisdiccionales, consistente en que ante el supuesto de que se encuentren involucradas normas de derechos humanos, tienen que interpretarse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y b) La obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el artículo 18 Constitucional establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, entre otros el de la salud. De lo anterior se desprende la obligación de las autoridades encargadas de administrar los centros penitenciarios, de velar por la preservación de la salud y la vida de aquellos que se encuentran sujetos al sistema penitenciario, como derechos fundamentales inherentes de la persona humana. Así las cosas, a la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todas las autoridades (jurisdiccionales y administrativas),????? actuar conforme a las disposiciones constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos, para que se promuevan, respeten, protejan, y garanticen éstos últimos. Al efecto, conviene señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de treinta y uno de dos mil cuatro, Serie C, 111, lo siguiente: .de conformidad con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley del Estado Parte u otro tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos. Por ello, a los tratados internacionales que contengan disposiciones inherentes a derechos humanos, se les otorga rango constitucional, estableciéndose el uso de la interpretación conforme y del principio pro persona, que implica que el operador jurídico se encuentra obligado no sólo a armonizar las normas de derechos humanos, independientemente de su origen constitucional o internacional, con el resto del contenido de la Constitución y las demás normas del sistema, sino que también, el resultado de tal proceso interpretativo debe ser el que privilegie el sentido que otorgue un mayor beneficio a las personas, esto es, que maximice dentro de los márgenes posibles una tutela de mayor respeto de los derechos fundamentales, lo que constituye la esencia del principio pro persona. Es aplicable la jurisprudencia del rubro, testo y datos de localización siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. (Época: Décima Época, Registro: 2002000, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Página: 799) En las condiciones relatadas, atento a que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, coloca al quejoso en una situación de peligro de perder su salud o hasta la vida, atento a que de continuar consumándose la violación a los derechos humanos del quejoso, como se estableció en párrafos que anteceden, se causarían al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, como lo es la pérdida de su salud o hasta la vida, ya que aun cuando obtuviera una sentencia favorable en el juicio de amparo, con nada se le podría restituir en la violación de los derechos humanos de índole fundamental como son la salud y la vida, pues sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada y restituir al quejoso en el pleno goce de esos derechos fundamentales, ya que no habría manera hacerlo, y por ende, debe suspenderse su ejecución, en una tutela efectiva de los derechos fundamentales del quejoso, de conformidad con lo que establecen los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 y 10. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al tenor de las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para los siguientes efectos: ? Para que las autoridades responsables del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, proporcionen de INMEDIATO bajo su responsabilidad al quejoso Gerardo Pérez Ponce, la atención médica, para paralizar que continúe padeciendo las condiciones de salud que bajo protesta de decir verdad manifiesta y que la Unidad Médica le advierta en la rodilla o algún otro padecimiento, lo que deberán llevar a cabo EXCLUSIVAMENTE dentro de las instalaciones del reclusorio referido, de manera oportuna, profesional e higiénica, de acuerdo con las normas de higiene y salud establecidas en las leyes y normas oficiales mexicanas que la rigen, protegiendo así el bienestar físico y la vida del quejoso. En el entendido de que dicha SUSPENSIÓN DE PLANO se concede tomando en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso en su escrito de demanda. SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. (Época: Octava Época, Registro: 206395, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 5/93, Página: 12) Cabe precisar que la suspensión otorgada no surte efectos respecto de actos diversos, ni para que el quejoso sea trasladado a diversa unidad médica fuera del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por lo que de trasladarlo a otro lugar sería responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios y servidores públicos que lo ordenen y ejecuten, pues esté juzgador no está dando esos efectos en la suspensión decretada. Por tanto, se ordena a las autoridades responsables que realicen todas las gestiones administrativas a que haya lugar, para que de inmediato y sin excusa cumplan con la presente suspensión de plano y bajo su responsabilidad, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias. Sirve de apoyo a la anterior determinación, resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia I. 3º. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADO FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Debe precisarse que el vocablo "inmediato", según el Diccionario de la Lengua Española, significa instantáneo, que no tiene intermediario, contiguo; de ahí que, para efectos de inmediata notificación a las autoridades responsables por parte del actuario de este Juzgado de Distrito, debe entenderse que ha de realizarse enseguida a la elaboración del acuerdo y oficios correspondientes a la demanda de amparo presentada; de tal manera que el término "de inmediato" sí constituye un plazo, el cual aún cuando breve permite al actuario obtener los oficios para notificar a las autoridades responsables, es decir, es aquella cantidad racional que en forma instantánea sin mediar lapso más o menos considerable permite conducirse al actuario del Juzgado Federal y a las autoridades dar cumplimiento a la SUSPENSIÓN DE PLANO. Por tanto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta resolución, para que la acaten de inmediato bajo su más estricta responsabilidad; en la inteligencia de que esta medida de ninguna manera significa poner en libertad al quejoso, pues únicamente implica que las responsables realicen los actos necesarios para preservar los derechos humanos fundamentales de la salud y la vida del quejoso en los términos que se ordena en esta suspensión en el reclusorio en el que se encuentra. Por consiguiente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables Director General y Médico Responsable del Área de la Unidad, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; que deberán dar INMEDIATO cumplimiento a la SUSPENSIÓN DE PLANO otorgada, y además, dentro del PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación de este proveído, deben rendir el informe sobre el inmediato cumplimiento y lo deberán acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Hernandez Laguna, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y ténganse por autorizada a para oír y recibir notificaciones, así como documentos a las demás personas que menciona. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis V.2o.64 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro y tenor literal siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). (No. Registro: 194829, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Página: 833). En atención a su solicitud, de que se autorice al usuario "MAURICIOPALEMON" la consulta vía internet del expediente electrónico, no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que dicho usuario no se encuentra registrado en el sistema. Se hace del conocimiento de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847) Dada la fecha de recepción de la demanda de garantías que dio lugar a la emisión del presente acuerdo es inhábil para la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el la Ciudad de México, por tanto, en cuanto sus labores reinicien, remítasele el presente expediente a efecto de que lo dé de alta en el sistema informático que para ello opera. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así??? como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, aun de carácter personal, se deberán realizar a través de los medios tecnológicos al alcance, tales como los correos electrónicos particulares; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la comprensión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. En el supuesto de que se presente alguna imposibilidad para practicar las notificaciones personales de este asunto (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), o no proporcione correo electrónico particular, se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique, por medio de la lista electrónica a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Asimismo, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo y el punto 8., de la Circular SECNO/7/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que, en su caso, notifiquen mediante oficio a la autoridad responsable, la notificación correspondiente; en el entendido que al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-Co2 (COVID - 19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Finalmente de conformidad con el artículo segundo del Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales Xóchitl Almendra Hernández Torres por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19, se exhorta a todas las partes a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña La Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres

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