Gerardo Osorio Oropeza

Expediente 1383/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1383/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Osorio Oropeza
  • Comisión Nacional Bancaria Y de Valores, Por Conducto de la Dirección General Adjunta Jurídica de Perocedimientos "C"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías 1383/2021- III, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran: 1) la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto; 2) acuerdo cinco de octubre de dos mil veintiuno, en que se previno al quejoso y se requirió al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera d la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como escrito de desahogo y oficios que atendieron con lo requerido; 3) proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, con que se admitió la demanda de amparo; 4) informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las pruebas de las partes correspondientes; 5) constancias de notificación y 6) proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos. Además, con la información remitida por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Directora de Área y Subdirectora de Área, ambas del a Dirección de Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y la autoridad responsable, HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, así como las instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las probanzas ofrecidas por las citadas partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En período de alegatos: El Secretario certifica que ni la parte quejosa ni la autoridad responsable hicieron uso de este derecho ni el Fiscal Ejecutivo Federal adscrito presentó la opinión que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos, por lo que se cierra dicho periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al dictado de la sentencia que a continuación se inserta. VISTOS los autos del juicio de amparo indirecto 1383/2021-III, promovido por GERARDO OSORIO OROPEZA, por su propio derecho, contra actos del Banco HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, remitido por razón de turno este juzgado, al día siguiente, Gerardo Osorio Oropeza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Banco HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de la Dirección General Adjunta Jurídica de procedimientos "C". Fiscalía General de la República. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. IV. LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA A UTORIDAD SE RECLAMA, DE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS el bloqueo, inmovilización, congelamiento de mi cuenta bancaria, y que me ha impedido disponer de ms propios recursos económicos, lo que indiscutiblemente vulnera mis derechos humanos, respecto de mi cuenta bancaria número 4065348351, que tengo con la Institución Financiera BANCO HBSC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1°, 5, 14, 16, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dada la naturaleza de los actos reclamados no designó a persona alguna en su carácter de tercero interesado. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, previo desahogo de una prevención, se admitió la demanda con el expediente 1383/2021-III; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 52, fracciones I y II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia que residen en la jurisdicción que corresponde a este Juzgador. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituye la materia del presente juicio de amparo, atendiendo a la jurisprudencia de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Época: Novena Época. Registro: 192097. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 2000. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40/2000. Página: 32). La jurisprudencia referida señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. De la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se colige que los actos reclamados son: ? La orden de bloqueo, inmovilización y congelamiento de la cuenta bancaria 4065348351, abierta en Banco HBSC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Titular de la Fiscalía General de la República; Comisión Nacional Bancaria; Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y Banco HBSC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, consistentes, dentro del ámbito de sus facultades legales, en la orden de bloqueo, inmovilización y congelamiento de la cuenta bancaria 4065348351 y su ejecución, por así haberlo señalado expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, pues del caudal probatorio desahogado en el presente asunto, no se advierte que se hubiere refutado lo señalado por dichas responsables. En tales condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Sirven de sustento, la jurisprudencia y tesis de rubros siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. (Época: Sexta Época. Registro: 394266. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 310. Página: 209). INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD ORDENA DORA Y AFIRMATIVO DE LA EJECUTORA. (Época: Quinta Época. Registro: 815128. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Informes. Informe 1948. Materia(s): Común. Tesis: (Espacio en blanco). Página: 91). Aunado a lo anterior debe decirse que de los oficios 110/F/B/11530/2021 de ocho de octubre de dos mil veintiuno y 214-4/10207505/2021, de doce de octubre del año pasado, que al ser documentales públicas tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para demostrar que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Director de Área y la Directora de Área y Subdirectora de Área, ambas del a Dirección de Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informaron, respectivamente, que ". En atención a su requerimiento, se hace de su conocimiento que la parte quejosa no se ha incluido a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que esta autoridad no ha emitido acto alguno en contra de la quejosa.", y ".no se localizaron antecedentes a nombre del quejoso en comento.", lo que se traduce que en dichas unidades administrativas no existe registro alguno del que se advierta la existencia de los actos reclamados. Por otra parte, no es óbice para lo anterior que la aludida institución bancaria, al rendir su informe justificado hubiere precisado ".no existe justificación para que una persona física distinta reciba una orden de pago internacional cuyo beneficiario es otra persona moral, pues es precisamente por ese motivo que se detectó dicha operación y ante la sospecha de alguna irregularidad se colocó la restricción operativa que nos ocupa, misma que de ninguna manera es un acto de autoridad, toda vez que se realizó con base en el contrato bancario celebrado entre el quejoso y mi representada.", lo que implica que el proceder de dicha autoridad deriva del incumplimiento de alguna cláusula del contrato bancario celebrado entre el enjuiciante y dicha persona moral, lo cual no es materia de resolución en este juicio de amparo, pues al ser una cuestión contractual se debe resolver en diferente vía legal a la presente instancia constitucional de amparo. Además, conviene destacar, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los aludidos actos combatidos ni es suficiente que los argumentos expresados en ella, se hayan formulado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la quejosa hubiere aportado pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar sus afirmaciones. Al respecto, es aplicables, en lo conducente, la tesis de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES. (Época: Séptima Época. Registro: 248542. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Sexta Parte. Materia(s): Común. Tesis: (Espacio en blanco). Página: 12). En consecuencia, al no desvirtuar la negativa de los actos reclamados en la presente instancia constitucional de garantías, se tienen como no ciertos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, respecto de los actos y autoridades responsables señalados con antelación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio, respecto de las autoridades y acto precisados en esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio en que Jorge Cuevas Pacheco, mandatario general para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, autoridad responsable, rinde su informe justificado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales que exhibe sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y darles el valor que les corresponda en el momento procesal oportuno. Sin que haya lugar a tener delegados y domicilio, toda vez que omitió señalamiento alguno. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por la secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R.A. 125/2021, por el citado órgano colegiado, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Quedan INTOCADOS el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida; así como la negativa del amparo respecto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se rige por el considerando séptimo de la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En la materia de revisión se REVOCA la resolución recurrida. TERCERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Stalingyer Central Comercial, sociedad anónima de capital variable, en contra de los actos de aplicación que fueron reclamados, en términos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de la presente ejecutoria. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Por otro lado, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al?? superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días. (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez?? que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, resulta necesario imponerse de lo resuelto por el órgano revisor en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo en revisión 125/2021, en la que, entre otras cuestiones, resolvió revocar la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte y conceder la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[...] Consecuentemente, ante lo fundado del único agravio expresado por la quejosa recurrente mediante el cual alegó que son erróneas las premisas que llevaron al A quo a concluir la existencia de una investigación de posibles actividades relacionadas con lavado de dinero y transacciones internacionales, respecto de la quejosa derivada de una solicitud, resolución o pronunciamiento, por parte de una autoridad extranjera, organismo o agrupación internacionales, de las cuales el Estado Mexicano está obligado a cumplir compromisos internacionales; y que el bloqueo de las cuentas tiene origen estrictamente nacional; y, lo inoperante de los agravios esgrimidos por las autoridades recurrentes adhesivas, lo procedente es, en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa respecto del ato de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los actos subsecuentes derivados del mismo o relacionados con aquél única y exclusivamente en lo que se refiere a la quejosa, por lo que cada una de las autoridades responsables emisoras, deberá dejar sin efectos los siguientes actos. - Acuerdo 154/2019 del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se incorporó a la quejosa en la lista de personas bloqueadas. - Oficio 110/F/B/3077/2019 con número de folio SIARA UIF/2019/000481 de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual se da a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la lista de personas bloqueadas y se le requiere suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con la quejosa. - Los actos de ejecución que derivaron en el bloqueo de la cuenta bancaria número 50026712925, de la Institución Bancaria Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa; y de la cuenta bancaria número 65-50464235-7, de la Institución Bancaria Santander, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se REQUIERE al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito?? Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Institución Bancaria Santander, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y a la Institución Bancaria Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para que dentro el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dentro del ámbito de sus atribuciones, acrediten ante este Juzgado de Distrito lo señalado en líneas precedentes. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en su calidad de superior jerárquico, remita a este órgano jurisdiccional, dentro del mismo plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber conminado a las autoridades directamente obligadas a llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído. Con el apercibimiento que, de no demostrar que llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano