Gerardo Orozco Castillo
Expediente 1067/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gerardo Orozco Castillo
Actuaciones
- Principal
Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se continúa con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial de la adscripción para notificar el oficio 27/2021 dirigido al Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, por conducto de la Encargada de la Coordinación del Sistema Penal Acusatorio Oral y asuntos en materia Penal de la Dirección Regional Valle de México, Zona Oriente, aduciendo que no existe como tal en el organigrama del Gobierno del Estado de México. Ahora bien, atendiendo a que la denominación correcta de la citada dependencia lo es Encargada de la Coordinación del Sistema Penal Acusatorio y Asuntos en materia Penal de la Dirección Regional Valle de México, Zona Oriente, en consecuencia, reexpídase el oficio de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año próximo pasado, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspenderán plazos y términos con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que, derivado de ello se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, la suscrita considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. En ese sentido, y vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días, concedido al quejoso Gerardo Orozco Castillo, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, a fin de que señalara autorizado o defensor que fuera licenciado en derecho que lo representara en el presente juicio, transcurrió del dieciséis al dieciocho de diciembre pasado, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; y advirtiéndose que el quejoso se encuentra en una situación que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses (como lo es que se encuentra privado de su libertad y promueve por derecho propio sin nombrar autorizado). En consecuencia, se ordena girar atento oficio al Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, por conducto de la Encargada de la Coordinación del Sistema Penal Acusatorio Oral y asuntos en Materia Penal de la Dirección Regional Valle de México, Zona Oriente a efecto de que le nombre un asesor jurídico, pues aun cuando el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto mencionado, debe interpretarse de conformidad con los artículos 1°. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e), así como los numerales 1, 2, 4, fracción I, 6., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo. Por lo que se requiere a la citada funcionaria, para que dentro del término de veinticuatro horas siguiente a su legal notificación, proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, para que represente a Gerardo Orozco Castillo;, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se señala o de no informar oportunamente el impedimento legal o material que se tenga para ello, se le impondrá en su contra multa en cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 238, en relación con el 260 fracción II, de la Ley de Amparo.
- Principal
V i s t a la demanda de amparo promovida por ---, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 1067/2020-II. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de protección de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto de tales actos, que obligue a desecharla. En efecto, cabe precisar que en relación al tema en comento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta de forma patente y clara de la lectura del propio escrito; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, la orden de traslado y su ejecución, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, a uno diverso. En consecuencia, en criterio de este Órgano de Control Constitucional, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo establecida en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)». De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso, a previamente instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1°, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2°, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. En lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: El TRASLADO VOLUNTARIO, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. El TRASLADO INVOLUNTARIO tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de APELACIÓN. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. El traslado urgente o excepcional, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la APELACIÓN, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una CONTROVERSIA JUDICIAL contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente-, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). Al igual que contra las demás condiciones de internamiento, en cuyo caso será indispensable agotar la instancia administrativa, y en caso de no serle favorable, tendrá expedito su derecho de recurrirla ante el Juez de Ejecución, vía controversia judicial. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, emitió el criterio jurídico inmerso en la jurisprudencia siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Como se observa en la indicada jurisprudencia, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 concluyó que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento cuando estimen que vulneran sus derechos humanos. Del análisis íntegro del escrito de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes, no se desprende que el directo quejoso, previo a la presentación de la demanda materia del presente estudio, haya acudido ante autoridad judicial o administrativa alguna, a recurrir los actos arriba señalados. Pues como ya se citó en el cuerpo del presente estudio, el impetrante antes de acudir ante esta instancia, debió recurrirlos a través de los medios ordinarios previstos en la ley aplicable al caso, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al encontrarse privado de su libertad, en un centro preventivo de reinserción social, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento, no es procedente que el quejoso lo haga valer de manera directa a través del juicio de amparo indirecto. Pues como ya se mencionó en párrafos anteriores, las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos; mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial citado, el tema dilucidado se constriñe a las peticiones administrativas, este órgano jurisdiccional considera que, por identidad jurídica sustancial de las razones que la conforman, en el caso de las órdenes de traslado también existen medios de defensa ordinarios, que deben agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. En ese tenor, de un análisis integral al escrito de protección de derechos humanos que nos ocupa, se puede advertir que presuntivamente las autoridades administrativas penitenciarias iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a un eventual traslado involuntario, previsto por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por la razón expuesta, la parte quejosa previo acudir al amparo, debe agotar el recurso de apelación que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, lo aquí expuesto, en apreciación de este Juzgado Federal se estima que no contraviene lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Lo anterior es así, pues cuando la referida Sala del más alto Tribunal del País, sostuvo en el criterio jurídico transcrito que la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, constituía un acto fuera de procedimiento que afectaba la libertad y, con ello, este juzgador pudiera concluir que ese tipo de actos se encuentran exentos de agotar los recursos que la ley otorga. En efecto, en el momento jurídico en que fue emitido ese criterio, se partía de la idea de que las autoridades administrativas ordenaban el traslado de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; supuesto que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deviene ya inaplicable, pues dicha legislación, establece un procedimiento judicializado que regula los traslados, cuya regla general es la autorización judicial previa y, excepcionalmente, en casos urgentes, la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa. No sobra mencionar, que en el último supuesto mencionado, la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero también le impone la obligación de que posteriormente sea revisada por una autoridad judicial, y como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley, es evidente que ahora, se trata de actos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde sólo se aludía al supuesto en el que los actos habían sido emitidos fuera de juicio, de ahí que en casos como el presente, ya no puede considerarse a la orden de traslado, incluso la de una autoridad administrativa, como un acto fuera de procedimiento y, por ende, que no se considera jurídicamente viable eximir al quejoso de agotar el recurso correspondiente. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 347/2018 y 359/2018, en donde concluyó que en el caso de la existencia de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" y que se encuentra regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ello, el Tribunal de Alzada consideró que si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. Datos anteriores que se tienen a la vista en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, lo anterior no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1° Constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales: La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la inadmisión del juicio de amparo, dada su notoria improcedencia, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo propende a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí si acudir a esta instancia constitucional. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 3, Febrero de 2014, Página: 487) Finalmente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dado que las ordenes de traslado de un centro penitenciario a otro, no son considerados asuntos urgentes, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez, circunstancias entre las cuales también se pueden considerar las relativas a cuestiones de internamiento, como las que por esta vía viene combatiendo el directo quejoso. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso, se encuentra privado de su libertad y que no designó autorizado para que lo asistiera durante la tramitación del presente asunto, advirtiéndose así, que se encuentra en una situación que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses (como lo es que se encuentra privado de su libertad y promueve por derecho propio sin haber nombrado autorizados). En consecuencia, requiérasele para que en el momento de la notificación que derive del presente auto o dentro del plazo de tres días siguientes y por escrito, señale autorizado o defensor que sea licenciado en derecho, a efecto que lo represente y asesore en el presente juicio constitucional, apercibido que de no hacerlo, este juzgado procederá a requerir al Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, para que les designe uno. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020495, de rubro siguientes: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el interior del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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