Gerardo Olivo Lara

Expediente 1025/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1025/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Olivo Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la circular SECNO/08/2021, de treinta de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, cuyo artículo 1, fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se continúa con su trámite. En ese orden, vista la certificación de cuenta y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Gerardo Olivo Lara, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho; contra actos del Juez de Control de Chalco, Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1025/2020-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, hecho el análisis exhaustivo al contenido de la demanda, este juzgador advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 61 fracción XIV y 113, de la Ley de Amparo, en la parte conducente establecen, lo siguiente: «Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [(.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)». « "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.» Ahora bien, cabe destacar que el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que: "Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como pruebas. Así, el quejoso bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado, y en el inciso 3 y 5 dijo: « .3. Que me he enterado que en fecha VEINTIDÓS de marzo de dos mil veinte, entraron de manera violenta a mi domicilio que habito y que he indicado diversas personas, que se ostentaban como policías ministeriales y ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin mostrarme ninguna orden, y violentando el maneje y muebles de mi propiedad. (..). 5. En dicha fecha citada del aseguramiento, no se me permitió sacar nada, ni cosas ni ropa y pusieron en la puerta un sello, con la leyenda del INMUEBLE ASEGURADO. Sin que se me permita el acceso A LA VIVIENDA QUE HABITO Y DONDE TENGO TODO EL MANEJE Y ACCESORIOS DE MI CASA HABITACIÓN.» En ese orden, se estima que la demanda que se analiza es extemporánea, por no haberse presentado dentro del plazo de quince días a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El numeral 18 invocado, establece tres hipótesis desde las cuales comenzará a realizarse el cómputo del término de quince días para la interposición de la demanda de amparo que son: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del reclamado o de su ejecución. c) A partir de la vigencia de la ley. Así, la demanda que dio origen a esta instancia constitucional, fue presentada ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el día veinte de noviembre de dos mil veinte, y turnada el veintitrés siguiente a este juzgado de Distrito, tal como se advierte de los sellos que obran al margen superior y de la papeleta que dicha oficina anexó, para tal efecto. Por lo tanto, se advierte que, si la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el veinte de noviembre de dos mil veinte y del acto reclamado el quejoso tuvo conocimiento desde el veintidós de marzo de dos mil veinte, se advierte que la demanda de amparo resulta extemporánea, por haberse presentado fuera del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el cual comenzó a computarse a partir del día siguiente (hábil), no obstante que en los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación se suspendieron los plazos, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, pues mediante diverso Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos mientras se garantice la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, por el periodo comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por lo tanto, el quejoso estuvo en aptitud de promover el amparo en el plazo del tres al veintiuno de agosto de dos mil veinte, y si la presentó hasta el veinte de noviembre de dos mil veinte; es notoriamente evidente que ha transcurrido en exceso el plazo legal que establece la ley en la materia, situación que se traduce en que los actos impugnados fueron consentidos tácitamente, por virtud de la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda, configurándose la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Además que el acto reclamado no se encuentra en ninguna de las excepciones a que alude el numeral 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional ni 15 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para quien ahora resuelve, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. (S.J.F. y su Gac., Tomo XXXIII, Enero de 2011, Pág. 5) » Lo anterior porque de acuerdo con la propia narrativa de los hechos expuestos por el quejoso se advierte que éste manifestó de manera clara y precisa, la fecha en que los policías entraron al domicilio donde vivía (veintidós de marzo de dos mil veinte), y no se le permitió sacar nada, ni cosas ni ropa y pusieron un sello en la puerta sin que se le permitiera el acceso. Con lo que se advierte conocimiento pleno del acto reclamado anterior a la fecha de presentación de su demanda, por lo que debe computabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de esa fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado la promoción anticipada del juicio y por otro soslayar el mismo hecho cuando el juzgador advierta que tal conocimiento lo tuvo el quejoso cuando se ejecutó el acto reclamado. Por lo antes expuesto, se hace evidente que transcurrieron más de quince días, entre la fecha en que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado y la presentación de la demanda de amparo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, debe concluirse que el promovente consintió tácitamente el acto que por esta vía pretenden impugnar. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia que se analiza, misma que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, en términos del diverso 113 del propio ordenamiento legal. No es de soslayarse por este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Es aplicable, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, Tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Toda vez que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley en la materia, háganse ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto subsane tal omisión. Sin embargo, dada la trascendencia de la determinación, por única ocasión se ordena a cualquiera de los actuarios constituirse en el domicilio cito en avenida Adolfo López Mateos, lote 48, manzana 254, colonia Guadalupana, segunda sección, Municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México y notifique personalmente al quejoso con copia de la presente determinación. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Luis Herrera González toda vez que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en lo que estatuye la última parte del segundo párrafo, de numeral en cita a las demás personas que menciona, por no contar con dicho registro. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

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