Gerardo Muñoz Contreras

Expediente 829/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
829/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Muñoz Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos se advierte, ya obra en el expediente electrónico la notificación por lista al quejoso Gerardo Muñoz Contreras del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 502/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, remítanse a dicho órgano jurisdiccional las constancias respectivas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el primer oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial 17/2021, planteado por este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. El referido Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial . SEGUNDO. Se declara que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, es legalmente competente para conocer de la demanda presentada por Gerardo Muñoz Contreras, en los términos puntualizados en este fallo. TERCERO. Se ordena al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, remita el original de la demanda de amparo y anexos, así como las diversas actuaciones que obren en el juicio de amparo indirecto respectivo, al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a cuyo favor se fincó la competencia, a efecto de que se avoque a su conocimiento." Ahora bien, en atención al resolutivo tercero de la ejecutoria, se informa al Tribunal oficiante que en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 829/2020, se encuentra únicamente copia de la demanda de amparo, toda vez que en cumplimiento al acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, el original de la demanda y cuatro copias fueron remitidas a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; asimismo, que mediante auto de diecinueve de enero del año en curso, se ordenó remitir a ese Tribunal de Alzada los autos del juicio de amparo 829/2020, advirtiéndose de la boleta de turno correspondiente que el oficio 947/2021, que contenía dicho acuerdo, fue presentado con tres anexos; no obstante lo anterior, por auto de dos de febrero del mismo año, se remitieron a dicho Tribunal únicamente copias certificadas de las constancias que obran en este cuaderno de antecedentes. En apoyo a lo anterior, con el segundo oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, ya se pronunció respecto al análisis de la demanda de amparo, requiriendo a la parte quejosa en los términos ahí planteados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, visto el segundo oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, como lo solicita el titular de ese órgano jurisdiccional, se comisiona al Actuario judicial adscrito notifique al quejoso Gerardo Muñoz Contreras, por medio de lista de este Juzgado, el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 502/2020 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, remítase a la autoridad oficiante las constancias que acrediten tal circunstancia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"...Síntesis: Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 17/2021, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Gerardo Muñoz Contreras, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Muñoz Contreras, en los términos puntualizados en este fallo. TERCERO. Se ordena al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo, remita el original de la demanda de amparo y anexos, así como las diversas actuaciones que obren en el juicio de amparo indirecto respectivo, al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a cuyo favor se fincó la competencia, a efecto de que se avoque a su conocimiento." .. se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1). Exhiba quince copias de su escrito de demanda de amparo, para lo cual debe tomar en consideración que NO exhibió´ y en el caso son necesarias quince, doce para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para integrar los cuadernos incidentales relativos. Sin que obste el anterior requerimiento, que en el caso se trate de un asunto en materia penal donde se reclama la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra y su inminente ejecución, dado que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, y que por ese motivo no deba aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la Ley de Amparo; pues como ya se precisó, de la demanda de amparo no se observa manifestación alguna que se presuma se encuentre en tal supuesto, razón por la cual es dable el requerimiento antes formulado. ... 2). Del escrito de demanda se advierte que en los capítulos de "III. AUTORIDADES RESPONSABLES" y "ACTO RECLAMADO" señaló lo siguiente: "Señalo como autoridades responsables a los Jueces, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, Y Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal de Investigación." "se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución". De igual manera, en el apartado de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", menciona: "Bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día cuatro de diciembre en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación adscrita a la Subsede de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De la transcripción que antecede, así como de la lectura a los antecedentes narrados en la demanda, se advierte, que la parte quejosa es omisa en narrar de manera clara los antecedentes del acto que impugna, pues no es factible que la totalidad de autoridades que mencionó, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado; por lo tanto, a efecto de integrar la litis, se le previene para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifieste, BAJO PROTESTADE DECIR VERDAD, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados que precise en su escrito de desahogó, de los cuales que tenga conocimiento, particularmente aquellos que describan el origen del acto o actos reclamados, entre ellos, lo siguiente: a) Deberá precisar el domicilio en el que señala se presentaron los Agentes Federales de Investigación para cumplimentar la orden de aprehensión reclamada, pues no se advierte lugar alguna donde se ha tratado de ejecutar el acto reclamado. b) Deberá señalar la fecha o fechas exactas en que se pretendió ejecutar la orden de aprehensión, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte dicho dato, siendo necesario que aclare lo anterior para los efectos del artículo 17 de la ley de la materia. c) De ser posible, deberá proporcionar los datos de identificación de la orden de aprehensión reclama, pues la parte quejosa señaló que realizó una investigación a efecto de conocer el origen del acto reclamado. d) Deberá precisar la autoridad en concreto que lo emitió y cómo se ostentó sabedora de ello, máxime que como se hizo mención, no es factible que la totalidad de autoridades, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado. ..Hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá ser ella quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. ..Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa o de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." 3). En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número indicado de copias que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables (hasta el momento se tienen señaladas doce), otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. .. En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. ..Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado se resolverá de la manera siguiente: A.- En caso de no acatar lo ordenado en los puntos primero y segundo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. B.- En caso de cumplir las prevenciones a que se refiere el párrafo anterior y no exhibir las copias del escrito aclaratorio requeridas en el punto tercero, se tendrá por no presentado dicho escrito y, en el supuesto de no exhibir las copias del mismo para formar los cuadernos del incidente de suspensión, se postergará su apertura. .. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. Cabe destacar que de la lectura integral a la demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir las listas de los estrados en el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec; no obstante, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo que recayó a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; de ahí que no se desatienda lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. No obstante, por la trascendencia del presente acuerdo, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que notifiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de dicho órgano, a la parte quejosa el proveído dictado en esta fecha; y una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten la notificación. Notifíquese..."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. Adjúntese el oficio firmado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual transcribe el acuerdo de presidencia de veintisiete de enero anterior, del que se advierte tuvo por recibido el oficio por el que se plantea el conflicto competencial en este asunto. Por otra parte, y como lo solicita remítase copia certificada de las constancias que obran en el expediente electrónico relativo al cuaderno de antecedentes de este juicio de amparo 829/2020; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al que se acompaña el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, suscrito electrónicamente por el Secretario encargado del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, asistido por su Secretario con quien actúa y da fe, pronunciado en el juicio de amparo 502/2020, proveído del que se desprende no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gerardo Muñoz Contreras, contra actos de esta autoridad federal, y otras autoridades, por los motivos y fundamentos que ahí expone. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse respetuosamente que no se comparte dicho criterio. Lo anterior, en la medida a que la determinación de incompetencia planteada en el juicio de amparo 829/2020, mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, es la que técnicamente resulta ser la vía más idónea. Es así, los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los citados numerales establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, de ellos se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito o Tribunal Unitario, otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que debe ser un órgano ajeno al que se le tribuye el acto. Además, también se desprende la competencia auxiliar a que aluden la última parte de los referidos artículos 36, 38, así como el artículo 159, este último en relación con el artículo 15, de la Ley de Amparo, por las que se conceden facultades a los Jueces de primera instancia (materia penal) o Juzgados de Distrito de la jurisdicción más cercana cuando en el lugar en que se ejecuten o traten de ejecutarse no resida un Juez de Distrito; para recibir la demanda de amparo, solicitar informes a las responsables e incluso suspender los actos reclamados, siendo la finalidad de la ley que todo gobernado tenga acceso de manera pronta a la justicia federal. En ese sentido, el artículo 39 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca". Así, de dicha norma se tiene que en caso de que se promueva un juicio de amparo indirecto en contra del órgano que actúo en auxilio -ya sea juzgado de primera instancia o, de distrito de la jurisdicción más cercana-, no podrá conocer el juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado; debiendo ser otro del mismo Distrito y especialización. Dicha falta de competencia, deriva de un elemento objetivo, pues se observa que el elemento determinante de la competencia es la autoridad señalada como responsable, a decir, el órgano que actuó en auxilio. Así, el órgano que en principio tendría competencia ya sea por territorio, materia o grado -en sentido jerárquico- para resolver, no está facultado para conocer de la instancia. Así pues, en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que debe declararse incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional. De ahí que, en el caso, al haber sido señalado el suscrito como autoridad responsable, se estima competente para conocer de este asunto al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser el más inmediato dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022197, de rubro y texto: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 y 49 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en turno del Décimo Tercer Circuito, para lo que tenga a bien resolver en el presente conflicto competencial. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Por otra parte, como lo solicita el Secretario encargado del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, se ordena al Actuario adscrito notifique al quejoso Gerardo Muñoz Contreras, por medio de lista de este Juzgado, el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 502/2020 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo ya se formó con motivo de la remisión en su momento del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEÍDO QUE ANTECEDE, NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 502/2020, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ, OAXACA, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta a través del cual el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, remite la demanda de amparo promovida por Gerardo Muñoz Contreras, y hace del conocimiento de este juzgado el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por las razones expuestas en dicho proveído. Con la demanda de amparo promovida por Gerardo Muñoz Contreras, contra un acto del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 502/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. En atención a que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de "AUTORIDADES RESPONSABLES" y "ACTO RECLAMADO" señaló lo siguiente: "Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, y Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal investigaciones con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Todas con residencia en esta ciudad capital" "Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día cuatro de diciembre en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación adscrita a la subsede de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Lo interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez de distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: "Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte el quejoso señala como autoridades responsables, entre otros, a los Jueces Primero, Segundo Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; así como al Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio. Luego, al tener este órgano jurisdiccional el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo tanto, es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo, por lo que dicha competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, radica en uno de los Juzgados de Distrito en turno en esta Entidad Federativa, con residencia en Salina Cruz." Empero, resulta oportuno destacar la parte considerativa del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil catorce, específicamente, en la que se precisó lo siguiente: "SEXTO. Teniendo en cuenta que se han generado controversias relacionadas con el señalamiento de los juzgadores como autoridad responsable en los escritos de demanda a fin de evitar que se les turne un determinado asunto, lo que finalmente implica su direccionamiento, en estos casos se turnarán en forma aleatoria, ya que en el supuesto de que un juzgador se ubique en alguna causa de impedimento al recibir el expediente podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno;" Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, este podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los diversos Jueces Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo al Décimo Primero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartolo Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito respetuosamente sostiene que el Órgano oficiante únicamente se encuentra impedido para conocer de actos propios, no así respecto a diversos jueces señalados como responsables, en cuyo caso deberá plantear el impedimento respectivo por economía procesal, en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.),emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, de la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." (Lo destacado es propio) Ante tal determinación, devuélvanse al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la demanda de amparo promovida por *****. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la ley de la materia, téngase como autorizado a *********, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos, quien una vez que inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional que lo faculte para ejercer su profesión, se le reconocerán las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020, a fin de dar celeridad a la integración de este sumario y de salvaguardar la salud e integridad de las partes y el personal de este órgano jurisdiccional; se exhorta a la parte quejosa para que transite al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, en el entendido que se tiene como formas expedita de contacto el teléfonos y correo electrónico señalados a fin de poder entablar comunicaciones no procesales. Solicítese de la manera más atenta al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que notifiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de dicho órgano, a la parte quejosa ******* el proveído dictado en esta fecha y de no existir inconveniente legal alguno, se sirva remitir copia certificada de la constancia de notificación respectiva, una vez que se haya realizado la misma. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. De conformidad con el artículo segundo del Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, sí como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que precisó que debe priorizarse el trabajo a distancia, así como el uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el capítulo cuarto, sección primera del Acuerdo General 12/2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente a lo previsto en sus artículos 21 y 22, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. Se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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