Gerardo Méndez Ambrosio
Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Méndez Ambrosio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que declara infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Gerardo Méndez Ambrosio, contra el auto de desechamiento de treinta de mayo de dos mil veintidós. Acúsese recibo. Sin que haya lugar a anexar las constancias que devuelve la Secretaria del referido Tribunal, toda vez que son copias certificadas cuyos originales existen en autos. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se rindió informe en relación al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, e informa que lo admitió a trámite y registró con el número 295/2022. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Adjúntese el escrito del promovente del amparo Gerardo Méndez Ambrosio, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo tal recurso; agréguese al expediente una copia del escrito de expresión de agravios y córrase traslado a las demás partes, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar el original y copia del recurso, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que forman el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en Turno, de este Décimo Tercer Circuito, para su substanciación. Informe al que se deberá adjuntarse el original y copia del escrito de agravios, así como las copias certificadas conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO CITATORIO QUE SE ENTREGÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Méndez Ambrosio, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y otra autoridad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 605/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda: Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama de los Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y otra autoridad: La resolución de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 196/2021, que confirma el acuerdo apelado de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio reivindicatorio 38/2021 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca y Primero Especializado e Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca. De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso Gerardo Méndez Ambrosio es parte demandada en el juicio reivindicatorio de origen, al cual fue emplazado, que se encuentra en trámite en la etapa probatoria, y se proveyó respecto a los dictámenes emitidos en la pericial en materia de avalúo y planimetría ofrecida por la parte actora, en el sentido de que los peritajes son discordantes entre sí. Considerando el quejoso que no existe tal discordancia derivado que los dictámenes periciales emitidos por las partes no se levantaron en el mismo lugar, por lo que no resultan ser discordantes entre sí, por lo que interpuso apelación. Y con fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, la Sala Civil responsable resolvió declarar firme al auto apelado. Desechamiento de demanda: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se considera que en el presente asunto, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio, únicamente será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que los que no son de imposible reparación solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación materia a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, se trata de un tema procesal que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, pues la determinación combatida no afecta de modo material, directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que, como se dijo, no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación procesal que pudiera ocasionarse puede ser subsanada al momento de que el Juez emita la resolución definitiva favorable a sus intereses, por lo que esa esa violación que impugna desaparecería y, en caso contrario, esto es, aun cuando no fuera así, puede remediarse mediante el medio de defensa que se promueva en contra del citado fallo definitivo, alegándolo como una violación procesal, incluso en amparo directo. Conforme a lo anterior, el acto reclamado no tiene ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Esto es así, pues los efectos que ocasionó el auto combatido, no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelva en definitiva el juico civil, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso, de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notificación por lista y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Rayón, número ciento tres, interior altos, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Ricardo Maldonado Velásquez (con cédula profesional 7718217 localizada en la página de internet del registro nacional de profesiones https://consultatucedula.mx/ ), y a las restantes personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que así lo solicita. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se les tiene proporcionando el número telefónico 9513111965, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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