Gerardo Mejía Salazar
Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Mejía Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio dictado en sesión del veinticuatro del mes y año en curso, en el que dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por lo tanto ordena la remisión del conflicto competencial ********************, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, a fin de que provea lo que conforme derecho corresponda. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta que signa el secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, comunica que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso********************, expediente 302/2023, del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Sobre esa base, a efecto, de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, entre otros supuestos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado y los juicios en los que se haya decretado la incompetencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede y vista la certificación secretarial; así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, para que se manifestaran sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, respecto de lo cual, únicamente se pronunció la parte quejosa. En esas condiciones, se procede a resolver sobre tal acatamiento, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Lo antepuesto, pone en evidencia que la sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistentes las resoluciones de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictadas en los tocas de apelación de apelación ********************; asimismo, con base en las consideraciones establecidas en la sentencia protectora, emitió nuevas determinaciones en las que, desde el principio de tutela judicial efectiva, consideró que la cuestión peticionada por la parte quejosa tiene como finalidad lograr la ejecución de la sentencia emitida en el sumario de origen; aspecto que el juez -como rector del proceso-, está facultado para intervenir, pues en el caso no existe justificación objetiva en el retraso en la ejecución de la sentencia de que trata. Desde tal perspectiva, estimó que la parte actora que no se encuentra en posibilidad demostrar fehacientemente quien es el albacea definitivo de ********************, por lo determinó que resultaba procedente, con base en la información allegada por la ejecutante -la cual constituía un indicio-, requerir a la autoridad correspondiente las copias o información que estime pertinente, para a partir de ello, continuar con la ejecución del fallo emitido en ese sumario. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de un dispositivo 2°, se aprecia que la Primera Sala Civil de esta ciudad, dejó insubsistente las sentencias debatidas en el presente asunto y dictó otras en las que -conforme a las directrices establecidas en la ejecutoria de amparo- declaró fundados los agravios vertidos por la inconforme y procedió a ordenar la realización de las gestiones correspondientes a efecto de tener certeza de la persona que representa legalmente a la sucesión de la demanda y con base en ello, proseguir con la ejecución de la sentencia emitida en el asunto natural. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con los oficios citados, acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Por lo tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de ********************, apoderado de la parte quejosa, ********************, realizadas mediante ocurso registrado con el folio 3641, en el sentido de que no se le otorgó libertad de jurisdicción en la emisión de las resoluciones y que resultó incorrecto que la responsable ordene la realización de diversas diligencias ante "autoridades distintas", esto es, ante el juez familiar que conoce de sucesorio a bienes de la demandada en el asunto de origen, pues -afirma- la responsable no consideró completamente los razonamientos expuestos en el fallo protector y consecuentemente no procura plenamente la tutela judicial efectiva, es decir, sin retardar el procedimiento de origen para lograr la ejecución de la sentencia definitiva, cuando -desde su óptica- debió solicitar la propia Sala directamente las copias certificadas al Archivo Judicial donde se encuentra y no renviar al Juez del conocimiento para que éste a su vez mediante oficio requiera al del Juzgador del orden familiar, solicite a la autoridad encargada del Archivo la devolución del expediente y le informe lo requerido, aunado a que la responsable omitió otorgar plazos y apercibir a tales autoridades, para que quedaran vinculadas al cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Sin embargo, contrario a lo expuesto por el promovente, como se dijo, en la sentencia protectora se establecieron ciertas directrices que la responsable debía considerar para resolver lo conducente -descritas en los acápites que anteceden-; empero, se le otorgó libertad de jurisdicción, para que -tomando en consideración los lineamientos dados- emitiera nuevos pronunciamientos conforme a sus facultades, es decir, en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no impera el principio de cosa juzgada. Desde esa óptica, la responsable -en uso de esa libertad- estimó que lo procedente era requerir al juez de lo familiar la documentación necesaria, en aras de continuar con la ejecución de la sentencia pretendida por la aquí quejosa. Y es que, contrario a lo expuesto por el ocursante, este juzgado federal no estableció que la sala debía requerir directamente dicha información o copias al Archivo Judicial y tampoco fue parte de la protección constitucional que dicha potestad estableciera una temporalidad determinada a la autoridad que corresponda, para que cumpa con allegar o recopilar la información correspondiente; de ahí que el promovente deberá atender lo acordado en párrafos precedentes en donde se declaró cumplida la sentencia concesoria. Hágase del conocimiento de las partes lo antes expuesto, para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el numeral 196 del citado ordenamiento, archívese el presente como asunto concluido. Es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que el expediente principal se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en este asunto, se otorgó la protección constitucional solicitada; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, agréguese a los autos -únicamente para que obre como corresponda y sin mayor acuerdo sustancial-, el escrito de cuneta signado electrónicamente por ********************, apoderado de la parte quejosa, ********************, mediante el cual solicita se emita el pronunciamiento condigno en relación con el cumplimento dado por la responsable; en razón de que en acápites precedentes se determinó lo conducente. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
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