Gerardo Martínez Rojas

Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
655/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Martínez Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de doce de julio del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ************ por derecho propio; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra un documento considerado como original; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en su escrito inicial catalogado como "original"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, ********, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso. En ese sentido, vista la demanda presentada por *******, por derecho propio, contra actos del Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados, se hacen consistir en los siguientes: Del Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio -ordinario civil- promovido por ***********************. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital, la resolución mediante la cual, puso "en custodia" el folio real ***** correspondiente al inmueble ubicado en ****************************. Se da por entendido que el impetrante comparece a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio -en estricto sentido-, debido a que no figura como parte en el procedimiento natural, sin embargo, aduce una afectación a su prerrogativa de propiedad y posesión que dicen tener respecto del inmueble que ahí se controvierte sin haber sido oído ni vencido, con infracción a su derecho humano de audiencia previa contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, ambas disposiciones de la Ley de Amparo -la última interpretada en sentido contrario-, por las consideraciones siguientes. En el artículo y fracción indicados con antelación, se prevé que además de los supuestos considerados casuísticamente en cada uno de los apartados del ordinal 61 de la ley de la materia, la improcedencia de la instancia constitucional puede tener sustento en alguna otra disposición de ese cuerpo legislativo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el numeral 107, fracción VI de la legislación en consulta, establece la procedencia del juicio constitucional biinstancial a partir de la calidad específica del promovente, esto es, como tercero extraño a juicio, ya sea en estricto sentido o equiparado; supuesto que además constituye una excepción al principio de definitividad, pues en tal hipótesis, el afectado no está obligado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios procedentes, de conformidad con lo previsto en el ordinal 61, fracción XVIII, inciso c del ordenamiento examinado. Pues bien, una interpretación en sentido contrario de los arábigos citados, permite establecer que el juicio tutelar de derechos humanos es improcedente cuando el carácter de tercero extraño que ostente un quejoso quede desvirtuado, si es que en esa hipótesis de procedencia se basa para acudir a la instancia constitucional. Cabe enfatizar, que jurisprudencialmente se ha definido como tercero extraño a juicio, a aquélla persona, moral o física, i) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal, y ii) que además, resulta afectada por un acto de autoridad proveniente de aquél procedimiento donde no es parte. En esa guisa, el juicio de amparo será improcedente si a la parte quejosa no se le afecta algún derecho sustantivo derivado de su calidad de tercero extraño. Puntualizado lo anterior, se recuerda que en el caso, el peticionario se duele medularmente de (i) todo lo actuado en el juicio -ordinario civil- promovido por *****************, expediente ****** del índice del Juzgado Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa y (ii) la resolución mediante la cual, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta capital puso "en custodia" el folio real ******* correspondiente al inmueble ubicado en ***********************. Empero, en juicio natural se encuentra en la etapa de trámite; además en atención a las manifestaciones vertidas por el peticionario del amparo -bajo protesta de decir verdad- se aprecia que en el juicio -ordinario civil- de origen no existe alguna orden de aseguramiento o custodia del folio real ****** correspondiente al inmueble ubicado en ***********************. En ese tenor, es manifiesto e indudable lo siguiente: El quejoso no puede ser considerado como tercero extraño a juicio ya que el derecho de propiedad o posesión que estima lesionado respecto del bien afecto al juicio natural, no quedó evidenciado. Lo anterior se afirma de ese modo, cuenta habida que en la controversia natural no se emitió algún pronunciamiento en torno alguna orden de aseguramiento o custodia del bien raíz en mención. El peticionario del amparo no defienden algún derecho sustantivo que sea materia del contradictorio de origen. Ya que la litis en el juicio natural es el cese o suspensión de obra nueva, aspecto que no trastoca alguna prerrogativa de propiedad o posesión que aduce tener el disconforme. Por ende, no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos para ser considerado como tercero extraño, pues los derechos que argumenta le son afectados, no son los relacionados con los bienes que están en litigio, sino que las prerrogativas que se dirimen en ese asunto únicamente corresponden a los que litigan en el mismo, esto es, la parte actora y la demandada. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen, lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso, ***********, el auto de veintiuno de junio anterior, en el domicilio procesal que señaló, toda vez que al constituirse en dicho sitio *********** el actuario informó que: "[.] no advertí inmueble alguno que se encuentre identificado con el ordinal 305 (trescientos cinco, únicamente puede apreciar la nomenclatura siguiente: 276, 318, 281, 284-B, 285, 287, 289, 291 y 300 [.]" En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal; hasta en tanto el citado quejoso señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista a las partes y por ese medio al quejoso, *********** el auto de veintiuno de junio del año en curso. AUTO DE 21 DE JUNIO DE 2022: Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo signada por ************ por derecho propio, contra actos del Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; por violación a los derechos contenidos en los artículos 14, y 16 constitucionales, fórmese expediente -físico y electrónico1- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 655/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En principio, debe decirse que el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos esenciales de la demanda. Asimismo, el diverso numeral 114 de la legislación en comento, determina la facultad conferida al órgano de control constitucional de requerir a la parte promovente que aclare su escrito inicial y le haga de su conocimiento de forma precisa las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mismas que, dicho sea de paso, de no ser subsanadas dentro del plazo de cinco días, dará lugar a tenerla por no presentada. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral, se advierte que los actos reclamados por el inconforme se hacen consistir en los siguientes: 1. Del Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio -ordinario civil- promovido por *************************. 2. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México, la resolución mediante la cual, puso "en custodia" el folio real ***************************. Se da por entendido que el impetrante comparece a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio -en estricto sentido-, debido a que no figura como parte en el procedimiento natural, sin embargo, aduce una afectación a su prerrogativa de propiedad y posesión que dicen tener respecto del inmueble que ahí se controvierte sin haber sido oído ni vencido, con infracción a su derecho humano de audiencia previa contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, el promovente es omiso en narrar las actuaciones más relevantes que se han practicado en el sumario natural, particularmente las relativas a las particularidades de la orden de inscripción que reclama, el estado procesal que guarda, tampoco proporciona con certeza el nombre de todos los contendientes del mismo. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, gírese oficio al Juzgado Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de veinticuatro horas y en caso de no existir inconveniente legal alguno, permita al aquí promovente o a sus autorizados el acceso a las constancias del juicio de origen identificado con el número de expediente **** de su índice, para que esté en condiciones de desahogar los puntos que más adelante se señalarán. Para ello el juzgador deberá remitir copia certificada del proveído que hubiere dictado con el que cumpla el requerimiento efectuado. Lo anterior, en la inteligencia de que el acceso deberá otorgarse siempre y cuando se cumplan las condiciones previamente anunciadas, es decir, que ante ese órgano jurisdiccional se tramite algún juicio en el que se encuentre afecto el bien raíz ubicado en calle *****************************************. Similar criterio sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 112/2015 de su índice, en el que determinó que en casos como el de la especie debe requerirse a la autoridad responsable para que permita a la parte promovente consultar el expediente de origen, a fin de que esté en posibilidad de desahogar la prevención. En ese sentido, una vez que haya tenido a la vista las actuaciones del procedimiento natural y para estar en condiciones de proveer respecto de la admisión y procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la inconforme para que, dentro del plazo de cinco días, aclare su demanda respecto de los puntos que se enlistan a continuación: Manifieste en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes de los actos reclamados, para cuyo efecto deberá proporcionar las actuaciones más importantes que han tenido lugar en el juicio de origen -tales como presentación de la demanda, prestaciones reclamadas, contestación, sentencias (puntos resolutivos), condenas (líquidas o no), etcétera-, particularmente, las relativas a la orden de inscripción que reclama. En el entendido que se abstendrá de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. Concomitantemente con ello, indique el estado procesal exacto y actual del procedimiento natural, lo anterior, resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad -de ser procedente- de conceder la suspensión provisional, asimismo, para determinar el alcance de los efectos de la medida cautelar solicitada. Proporcione el nombre completo, domicilio y carácter que ostentan todas las partes en el juicio primigenio; toda vez que esto resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar a quién le asiste el carácter de tercero interesado e integrar la relación jurídica procesal; en el entendido que deberá exhibir una copia del escrito inicial y su aclaratorio para correr traslado a cada uno de ellos. En caso de que los ahí contendientes o algún tercero ajeno a la controversia, hubiera promovido juicio de amparo con motivo de las resoluciones emitidas en el contradictorio de origen, indique el número de expediente, órgano jurisdiccional ante el cual se radicó el mismo y el estado procesal que guarda de dicho sumario. Se precisa que, en el supuesto de que la parte promovente desahogue la prevención de manera física, deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -toda vez que señaló dos autoridades responsables, una tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación-, así como las correspondientes para la formación del incidente de suspensión. Asimismo, se hace del conocimiento al ocursante que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeta a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que la parte impetrante señale que los actos reclamados deben considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tienen como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica-procesal y así, estar en posibilidad de pedir a las autoridades responsables los informes respectivos, emplazar a los terceros interesados, dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Finalmente, recuérdese al promovente que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su representante legal. Apercibido que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la ley de la materia. En el entendido, que el término concedido para desahogar la prevención realizada, comenzará a transcurrir a partir de que la parte inconforme quede debidamente notificada del presente proveído, así como del diverso en el cual se haga de su conocimiento del acceso que el juez responsable le haya otorgado a las constancias del juicio de origen; en la inteligencia que será tomada en cuenta aquélla que se haya practicado en último lugar. En otra tesitura, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda y por facultados para dichos efectos, inclusive para recoger documentos a la persona que precisa en el ocurso de cuenta. Por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a *************************. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio "s/n" signado por el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de junio del año en curso, remite copia certificada del acuerdo que dictó el veintisiete de junio anterior, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional permitió la consulta del juicio natural a la parte quejosa y a sus autorizados. En ese sentido, una vez que la parte promovente del amparo desahogue la prevención efectuada o transcurra el plazo concedido para tal efecto, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista a las partes.

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