Gerardo Jonathan García Pérez

Expediente 811/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
811/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Jonathan García Pérez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 4730/2016, con el que remite el escrito de presentación presentado por Gerardo Jonathan García Pérez, al que acompaña un anexo consistente en la hoja formato F-7 impresa el cinco de agosto del año en curso, así como el original y nueve copias de la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, así como el expediente 1/2016 constante de siete fojas, que contiene el acuerdo de dieciséis del presente mes y año, el oficio 252/2016 (informe justificado), un anexo certificado en dos fojas y el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Gerardo Jonathan García Pérez, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO. (.).B).- C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (.). C).- C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO. (.). D).- C. SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (.). E).- C. DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (.). F).- C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE HIDALGO. (.). G).- C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDALGO. - - - IV. ACTOS RECLAMADOS. LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN POR VIOLAR MIS DERECHOS RECONOCIDOS Y PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN (DERECHOS HUMANOS), LO SON: PRIMERO) LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN PARA FIJARME UN PAGO DE IMPUESTO (.) Luego, de la lectura de la demanda de amparo vista como un todo, se advierte que el quejoso reclama la falta de motivación y fundamentación para fijarle un pago de impuesto o contribución por la inscripción de un embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, derivado del juicio ejecutivo mercantil 130/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Inconforme con el pretendido cobro por parte de la autoridad, Gerardo Jonathan García Pérez, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al "juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya "sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el "procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del "fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el "juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin "decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias "absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser "impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el "artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos "ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales "aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o "revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de "normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos "sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse "valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la "demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el "órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio "dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean "favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación "en contra de las normas generales aplicadas. "En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone "y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto "por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de "revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea "considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de "constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En ese tenor, tomando en consideración que el promovente del amparo hacen consistir básicamente el acto reclamado en la falta de motivación y fundamentación para fijarle un pago de impuesto o contribución por la inscripción de un embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, derivado del juicio ejecutivo mercantil 130/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, lo que da a entender que dicha inscripción está dictada en una etapa procesal del juicio ejecutivo mercantil indicado, donde no existe sentencia definitiva, por lo que, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que en el juicio ejecutivo mercantil referido no existe sentencia definitiva y el acto reclamado está dictado en una etapa procesal inicial de dicho juicio. En consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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