Gerardo Jarillo Solís
Expediente 807/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gerardo Jarillo Solís
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio 1091/2016, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el que remite original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Gerardo Jarillo Solís, por propio derecho, el oficio 1092/2016, por el que la autoridad responsable rinde su informe justificado, los autos del toca civil 910/2015 y expediente 688/2015, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Gerardo Jarillo Solís, por propio derecho, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- C.C. MAGISTRADOS que integran la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, con domicilio bien conocido en el lugar de su ubicación en la Unidad Administrativa en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. VI.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la Sentencia Definitiva de fecha 31 de Mayo del 2010, en su Considerando IV y puntos Resolutivos SEGUNDO Y TERCERO, decretada por la Autoridad Responsable dentro del Toca Civil número 910/2015, toda vez que la Primera Sala Civil y Familiar de referencia manifiesta: SEGUNDO.- Los agravios expuestos por GERARDO JARILLO SOLIS, son INFUNDADOS y por ende INOPERANTES; TERCERO.- Se CONFIRMA la Sentencia definitiva de fecha 23 de octubre de 2015 dos mil quince, por la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro de las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFRMACIÓN TESTIMONIAL AD-PERPETUAM promovidas por el apelante, que derivan del expediente número 688/2015.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el recurso de apelación 910/2015, donde CONFIRMÓ la resolución de veintitrés de octubre de dos mil quince, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntarias de información ad-perpetuam promovidas por el apelante, derivadas del expediente 688/2015. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que "pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, "agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que "cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso "trascendiendo al resultado del fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que "decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al "juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En "materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a "la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u "ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta "ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los "recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por "virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y "resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que "la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre "constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales "relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda "contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación "de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a "proceso ante el órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al "juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando "éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer "conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas "(.)." En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta y uno de mayo del año en curso, dictada en el toca civil 910/2015, relativo al juicio de jurisdicción voluntaria de información testimonial Ad-Perpetuam, que conformó la determinación de la jueza de primera instancia y, toda vez que las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, son actos pronunciados fuera de juicio; para efectos del amparo directo, en términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, las mismas no pueden considerarse sentencias definitivas, ni resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y por ello resulta justamente incompetente un Tribunal Colegiado para conocer del juicio de garantías. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
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