Gerardo Isrrael Astorga Moreno

Expediente 1222/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Isrrael Astorga Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentales. Por resultar innecesario conservar dos tomo de pruebas, remitidos por la autoridad responsable, en esa virtud, devuélvasele a la citada responsable. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados al expediente en que se actúa y correrán su suerte. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a los terceros interesados y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales y un disco compacto DVD exhibidos por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación los formuló. El juez acuerda: tómense en cuenta en el momento procesal oportuno, y téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Gerardo Israel Astorga Moreno, contra los actos atribuidos al juez de Control del Distrito Judicial Uno Especializado en Justicia para Adolescentes, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el catorce de ese mes al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, Gerardo Israel Astorga Moreno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, ese juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. Por proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a los terceros interesados Ramón Antonio Jiménez Monge y Francisco Guadalupe Romero Montaño. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, declinó competencia legal por razón de turno para conocer del presente juicio a éste órgano jurisdiccional. En acuerdo de veintidós de octubre pasado, éste órgano constitucional aceptó el turno planteado y se avocó al conocimiento del presente sumario. Por proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento, y se tuvo con el carácter de tercero interesado al agente Segundo del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes, de esta ciudad; posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 93, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se ejecutó en el lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La falta de apertura a juicio oral en la audiencia intermedia celebrada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por el juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, relativa a la causa de adolescentes CADOL 92/2019. La audiencia intermedia celebrada el veinte de mayo de dos mil veintiuno por el juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, relativa a la causa de adolescentes CADOL 92/2019. No pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el peticionario de amparo precisa como actos reclamados el ilegal procedimiento seguido en su contra, las violaciones a sus garantías y derechos de legalidad y seguridad jurídica consistentes en la inexacta aplicación de los artículos 2, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, debe decirse que dichas inconformidades se hacen consistir como violaciones cometidas durante el procedimiento; de ahí que no deban ser consideradas como actos reclamados, pues se tratan, en realidad, de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN." Inexistencia del acto reclamado a) -sobreseimiento- No es cierto el acto reclamado consistente en la falta de apertura a juicio oral en la audiencia intermedia celebrada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado; circunstancia que no fue desvirtuada por la parte accionante. Además, lo anterior se corrobora con el disco compacto remitido por la autoridad responsable anexo a su informe justificado, al cual se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del cual se advierte que en la citada audiencia se aperturó a juicio oral la causa penal CADOL 92/2019 (02.09.24), por lo que es claro que contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, se llevó a cabo el debido procedimiento. En ese orden de ideas, se concluye la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el presente juicio. Existencia del acto reclamado b) Es cierto el acto atribuido al juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, marcado con el inciso b, pues dicha afirmación se corrobora con copia certificada de la causa de adolescentes CADOL 92/2019 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde derivan el acto en reclamo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme a las disposiciones referidas en líneas que anteceden. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." VI. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, respecto del acto consistente en la audiencia intermedia celebrada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, derivada de la causa de adolescentes CADOL 92/2019, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia contemplada en artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre este mismo aspecto, es indispensable precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, resolvió que cuando se impugne la admisión de medios de prueba y violaciones, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y que si bien esta no es una regla absoluta, de existir una excepción a dicha regla, será necesario que se verifique si se afectan derechos sustantivos del quejoso; ello a través del criterio jurisprudencial que a la letra dice: "Registro digital: 2023589, Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 6/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743 Tipo: Jurisprudencia. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Ahora, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se reitera que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la audiencia intermedia concluida veinte de mayo de dos mil veintiuno y la emisión del auto de apertura a juicio oral de esa misma fecha, desahogados en la causa de adolescentes CADOL 92/2019; respecto de ellos, la parte quejosa argumenta esencialmente que tales actuaciones son violatorias de derechos, pues en síntesis argumenta que se desatendieron formalidades esenciales en la totalidad del procedimiento. Ahora, por el tema que se aborda (formalidades de las audiencias y admisión de medios de prueba en la etapa intermedia), debe tenerse en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, así como del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El procedimiento penal acusatorio y oral se divide en tres etapas, a saber: 1) la de investigación preliminar y complementaria, 2) la etapa intermedia, y 3) la etapa de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Apuntó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juez de control está facultado para, en lo concerniente al tema de medios de prueba, luego de examinar aquellos ofrecidos por las partes y de escuchar los argumentos en que se sustenta su ofrecimiento, esto es, por qué se ofrece y para qué, así como la contra argumentación de la parte contraria, en pleno ejercicio del principio de contradicción que impera en este procedimiento, inadmitir las que sean impertinentes y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Si el juez estima que la admisión, en los términos en que los medios de prueba testimonial, documental y pericial hayan sido propuestos, produciría efectos dilatorios en la audiencia de juicio oral, dispondrá que la parte que las ofrece, reduzca el número de testigos, documentos o peritos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (sobreabundantes o impertinentes). Además, existe la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos por medios ilícitos. Este ejercicio de exclusión de medios de convicción ilícitos, constituye una depuración, que de alguna forma tendrá reflejo en el auto de apertura a juicio oral, donde solamente se deben precisar las pruebas que deberán desahogarse en la audiencia de juicio. Una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al juez o tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal; se fijará día y hora para la audiencia de debate, donde el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, del tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Terminado el desahogo de los medios de prueba admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión; inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia. En suma, la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; que cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse cumplido, de manera que los temas que en cada una se analizan ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. En ese orden de ideas, aseveró la Primera Sala, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditada a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse a si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada, y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo es la admisión de medios de prueba. Destacó que si bien el juez o tribunal oral conservan en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En ese orden de ideas, atendiendo a los lineamientos que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el particular, toda vez que se reclaman aspectos relacionados a las formalidades procesales que deben regir en el procedimiento de que se trata, específicamente en el desahogo de las diligencias que se practicaron en etapa de audiencia intermedia, se concluye que no le irroga un daño irreparable actual, ya que no le impide ni limita de ningún modo, ejercer algún derecho; sino que en todo caso, la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que los mencionados medios de prueba se desahoguen en la audiencia de juicio oral, la forma en que dichos desahogos tenga verificativo; y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del acusado -quejoso-, en su perjuicio al emitir sentencia en la audiencia de juicio oral, pues se insiste, son factores cuya verificación se desconoce. Aunado a lo antedicho, lo cierto es que la defensa puede plantear argumentos durante la audiencia de juicio oral, que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen, en las que la acusación pretenda basar la condena; en el entendido de que esto último puede ocurrir, por ejemplo, cuando del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, caso en el cual, las pruebas afectadas no podrán ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento. En efecto, los aspectos relativos al desahogo de pruebas y los relativos a las formalidades procesales respecto del desahogo de pruebas, se encuentra debidamente identificados en el artículo 173, apartado B, fracciones I, IV y X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: .Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley; II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir; III. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente; IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable; V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones; VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; VII. El Órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable; VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero, el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a este derecho; X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por las disposiciones aplicables; XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo; XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura; XV. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal; XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión; XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos de la legislación aplicable; XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, en términos de la legislación procedimental aplicable. No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." En conclusión, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados consistente en la audiencia intermedia concluida el veinte de mayo de dos mil veintiuno, no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal; por tanto, no se advierte que dichas actuaciones generen una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. De ahí que, contrariamente a lo afirmado por la parte impetrante del amparo, el hecho de que se estime que el acto reclamado no le genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, no limita su derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, pues ante el tribunal de juicio oral su defensa y él mismo estarán en condiciones de cuestionar el valor de las pruebas que sean desahogadas por las partes. Con base en lo anterior, es evidente que las referidas actuaciones reclamadas no irrogan al quejoso un perjuicio de imposible reparación, en razón que únicamente producen efectos intraprocesales que pueden repararse si se obtiene resolución definitiva favorable. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 1154, materia común, penal, con número de registro digital 2022565, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." De igual manera se estima aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." En tales condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que se refiere al acto reclamado en el inciso b. VII. Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y las hipótesis previstas en las fracciones IV y V, del numeral 63, todas de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo que al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Sustentan lo antes vertido, por identidad substancial, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Israel Astorga Moreno, por conducto de sus defensores particulares Daniel Velasco Hernández y Jorge Luis Piña López por los motivos expuestos en los considerandos IV y VI de este fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Sergei

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexo enviado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba el exhorto que refiere en su oficio, remita copia certificada de la diligencia de emplazamiento a Alambrados y Circuitos Eléctricos y Delphi Automotive Systems, ambas sociedades anónimas de capital variable. Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Emplazamiento de tercero interesado. Visto el estado de los autos de los que se desprende que mediante proveído de nueve de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con la imposibilidad manifestada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para notificar a la autoridad responsable agente del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, con apercibimiento de declararla inexistente; lo anterior no obstante que dicho representante social tiene el carácter de tercero interesado. Atento a lo anterior, se regulariza el procedimiento y con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se provee: Analizadas las videograbaciones de audiencias celebradas en la causa penal 92/2019, se desprende que en éstas ha participado el agente Segundo del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes, en representación de la sociedad. Denominación que se corroboró con el acuse que obra agregado en autos, relativo al emplazamiento a la controversia constitucional ordenada por el homólogo federal que returnó los autos; así como con la información obtenida de la página http://fiscalia.sonora.gob.mx/justicia-adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Atento a ello, se comisiona al actuario judicial para que, mediante oficio, practique la notificación en comendada en proveído de veintidós de octubre de la presente anualidad y la presente determinación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad tercera interesada. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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