Gerardo Hernández Félix
Expediente 1201/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Félix
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 05/septiembre/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Hernández Félix, mediante la cual acude ante esta instancia constitucional contra el acto que atribuye al juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de cinco de julio del año en curso, dictado en autos del juicio sumario civil 485/2022, con el cual se resolvió un recurso de revocación, en el que se ordena desechar un dictamen pericial exhibido por el perito del aquí promovente, en autos de dicho sumario. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Así se afirma, toda vez que el acto reclamado no le causa a la parte quejosa un perjuicio irreparable, que afecte materialmente derechos sustantivos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. De los citados numerales, relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Ley de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, que dice; JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En efecto, se considera que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Además define lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta aclaración del legislador secundario, establecida en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que motiva la causa de improcedencia que ahora se reflexiona, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a esos actos de imposible reparación, lo que obsequia certeza jurídica al sistema de control constitucional, puesto que unifica un criterio para tratar de establecer el principio de concentración que se venía gestando incluso de las discusiones que llevaron a establecer la "exposición de motivos de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once", que apropósito de la causa que se estima actualizada, es conveniente traer a colación, únicamente en la parte conducente, donde se sostuvo que: "(.) Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.." (Énfasis propio) Ahora bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.A.E.J/5 (10ª), registro 2011338, en Materia Común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2019, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPRABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esta manera, el nuevo paradigma constitucional y legal permite estimar que la improcedencia del presente juicio de amparo, es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria de la materia. En efecto, la fracción III, inciso a), del artículo 107 Constitucional, y los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De las disposiciones constitucional y legales transcritas, se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Bajo este orden de ideas, puede sostenerse que en el juicio de amparo directo, el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento; sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Lo que de suyo revela, la posibilidad jurídica de que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. Cierto, este principio atiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad, lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio, pues el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperar a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones, desde luego, siempre que esas violaciones lleguen a trascender en el desenlace del juicio o del procedimiento. Así, el Constituyente trató de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por alguna de las partes, pues incluso se establece la figura del amparo adhesivo y la revisión adhesiva, justamente ante las exigencias del principio de concentración, para que sea a través de un juicio donde se dilucide el problema y no se prolongue con amparos para efectos y nuevos juicios de amparo. De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado. En efecto, en el particular el quejoso refiere en los antecedentes de su demanda, narrados bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el veintiocho de abril de dos mil veintidós, promovió juicio de consignación de pago en favor de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora Francisca Jesús Baldenegro Martínez, quien fue representada en juicio por conducto de su albacea. Indica, que una vez radicada la demanda y emplazada la pasivo, compareció Cinthia Lourdes Baldenegro Martínez, en su carácter de albacea de la demandada, quien contestó y negó la procedencia de lo reclamado e impugnó los documentos exhibidos, lo cual motivó que en el capítulo de ofrecimiento de pruebas, ambas partes litigantes ofertaran la prueba pericial caligráfica y grafoscópica. Sigue explicando, que el perito nombrado de su parte, con fecha doce de mayo de dos mil veintitrés del año en curso, compareció ante el juez de origen a notificarse de la designación realizada en su persona. Al respecto refiere que dicho experto, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, exhibió el peritaje encomendado, cuando aún no le fenecía el término que para tal efecto se le concedió, pero que al percatarse de la omisión de anexar las constancias consistentes en cédula profesional, credencial de elector y copia del oficio mediante el cual el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le extendió la autorización para fungir como perito en juicio, dicho perito procedió a exhibir tales constancias el dieciocho de mayo del año en curso. Finalmente, en relación con lo anterior, el treinta de mayo pasado, el juez tuvo al perito dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo y tuvo por admitida la copia certificada de la cédula profesional y copia simple de constancia de inscripción. No obstante, indica, que el cinco de julio próximo pasado, el juez responsable resolvió un recurso de revocación interpuesto por el licenciado Rubén Flores Zambrano, el cual impugnó la determinación del juzgador al no tenerle por impugnado el nombramiento del perito de mérito tratado en párrafos que anteceden. En esa medida, el quejoso opone como reclamo el auto de cinco de julio del año en curso, dictado en autos del juicio sumario civil 485/2022, con el cual se resolvió el señalado recurso de revocación, en el que se ordena desechar el dictamen pericial exhibido por el perito del aquí promovente. De acuerdo a lo expuesto y acorde con el reclamo constitucional, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, pues si la resolución que constituye el acto reclamado, consistente en la actuación efectuada por el juez natural, en la que determinó desechar el dictamen exhibido por el perito de una de las partes (en el caso el del hoy quejoso), es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Así las cosas, el acto reclamado no causa a la parte quejosa, un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que la sentencia que en su momento procesal se pronuncie, puede serle favorable al ahora agraviado, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y trascenderán solo en caso de que la sentencia fuese contraria a sus intereses, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y será en ese momento cuando la violación de que ahora se duele pueda ser combatida con el medio de impugnación ordinario conducente y/o en su oportunidad mediante el juicio de amparo correspondiente. En esa medida, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, procede desechar y se desecha el escrito de demanda en estudio. Se cita como referencia y apoyo y referencia, las jurisprudencias que disponen: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo." 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. Se hace la acotación en este punto, que la parte quejosa señaló número de teléfono y correos electrónicos para efecto de establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio Torres Núñez, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado, así como a Manuel Mercado Amparano solo para el efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporciono número de cédula profesional, ni se advierte su registro en el aludido sistema. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la resolución que puso fin al presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 15/AGOSTO/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Hernández Félix, mediante la cual acude ante esta instancia constitucional contra el acto que atribuye al juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de cinco de julio del año en curso, dictado en autos del juicio sumario civil 485/2022, con el cual se resolvió un recurso de revocación, en el que se ordena desechar un dictamen pericial exhibido por el perito del aquí promovente, en autos de dicho sumario. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Así se afirma, toda vez que el acto reclamado no le causa a la parte quejosa un perjuicio irreparable, que afecte materialmente derechos sustantivos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. De los citados numerales, relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Ley de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, que dice; JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En efecto, se considera que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Además define lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta aclaración del legislador secundario, establecida en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que motiva la causa de improcedencia que ahora se reflexiona, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a esos actos de imposible reparación, lo que obsequia certeza jurídica al sistema de control constitucional, puesto que unifica un criterio para tratar de establecer el principio de concentración que se venía gestando incluso de las discusiones que llevaron a establecer la "exposición de motivos de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once", que apropósito de la causa que se estima actualizada, es conveniente traer a colación, únicamente en la parte conducente, donde se sostuvo que: "(.) Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.." (Énfasis propio) Ahora bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.A.E.J/5 (10ª), registro 2011338, en Materia Común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2019, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPRABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esta manera, el nuevo paradigma constitucional y legal permite estimar que la improcedencia del presente juicio de amparo, es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria de la materia. En efecto, la fracción III, inciso a), del artículo 107 Constitucional, y los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De las disposiciones constitucional y legales transcritas, se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Bajo este orden de ideas, puede sostenerse que en el juicio de amparo directo, el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento; sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Lo que de suyo revela, la posibilidad jurídica de que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. Cierto, este principio atiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad, lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio, pues el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperar a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones, desde luego, siempre que esas violaciones lleguen a trascender en el desenlace del juicio o del procedimiento. Así, el Constituyente trató de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por alguna de las partes, pues incluso se establece la figura del amparo adhesivo y la revisión adhesiva, justamente ante las exigencias del principio de concentración, para que sea a través de un juicio donde se dilucide el problema y no se prolongue con amparos para efectos y nuevos juicios de amparo. De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado. En efecto, en el particular el quejoso refiere en los antecedentes de su demanda, narrados bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el veintiocho de abril de dos mil veintidós, promovió juicio de consignación de pago en favor de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora Francisca Jesús Baldenegro Martínez, quien fue representada en juicio por conducto de su albacea. Indica, que una vez radicada la demanda y emplazada la pasivo, compareció Cinthia Lourdes Baldenegro Martínez, en su carácter de albacea de la demandada, quien contestó y negó la procedencia de lo reclamado e impugnó los documentos exhibidos, lo cual motivó que en el capítulo de ofrecimiento de pruebas, ambas partes litigantes ofertaran la prueba pericial caligráfica y grafoscópica. Sigue explicando, que el perito nombrado de su parte, con fecha doce de mayo de dos mil veintitrés del año en curso, compareció ante el juez de origen a notificarse de la designación realizada en su persona. Al respecto refiere que dicho experto, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, exhibió el peritaje encomendado, cuando aún no le fenecía el término que para tal efecto se le concedió, pero que al percatarse de la omisión de anexar las constancias consistentes en cédula profesional, credencial de elector y copia del oficio mediante el cual el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le extendió la autorización para fungir como perito en juicio, dicho perito procedió a exhibir tales constancias el dieciocho de mayo del año en curso. Finalmente, en relación con lo anterior, el treinta de mayo pasado, el juez tuvo al perito dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo y tuvo por admitida la copia certificada de la cédula profesional y copia simple de constancia de inscripción. No obstante, indica, que el cinco de julio próximo pasado, el juez responsable resolvió un recurso de revocación interpuesto por el licenciado Rubén Flores Zambrano, el cual impugnó la determinación del juzgador al no tenerle por impugnado el nombramiento del perito de mérito tratado en párrafos que anteceden. En esa medida, el quejoso opone como reclamo el auto de cinco de julio del año en curso, dictado en autos del juicio sumario civil 485/2022, con el cual se resolvió el señalado recurso de revocación, en el que se ordena desechar el dictamen pericial exhibido por el perito del aquí promovente. De acuerdo a lo expuesto y acorde con el reclamo constitucional, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, pues si la resolución que constituye el acto reclamado, consistente en la actuación efectuada por el juez natural, en la que determinó desechar el dictamen exhibido por el perito de una de las partes (en el caso el del hoy quejoso), es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Así las cosas, el acto reclamado no causa a la parte quejosa, un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que la sentencia que en su momento procesal se pronuncie, puede serle favorable al ahora agraviado, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y trascenderán solo en caso de que la sentencia fuese contraria a sus intereses, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y será en ese momento cuando la violación de que ahora se duele pueda ser combatida con el medio de impugnación ordinario conducente y/o en su oportunidad mediante el juicio de amparo correspondiente. En esa medida, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, procede desechar y se desecha el escrito de demanda en estudio. Se cita como referencia y apoyo y referencia, las jurisprudencias que disponen: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo." 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. Se hace la acotación en este punto, que la parte quejosa señaló número de teléfono y correos electrónicos para efecto de establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio Torres Núñez, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado, así como a Manuel Mercado Amparano solo para el efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporciono número de cédula profesional, ni se advierte su registro en el aludido sistema. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la resolución que puso fin al presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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