Gerardo Hernández Torres
Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Torres
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguese el oficio signado por el Presiden te y representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables ofreciendo como pruebas, las documentales, que anexan a su respectivo informe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngase como delegados de la citada autoridad a las personas que indican; y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que el promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: ".la omisión de dar contestación a mi escrito recibido en la oficialía de partes el dieciocho de marzo de dos mil veintidós." Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, los actos siguientes: ".la omisión de dictar dar contestación al escrito presentado en oficialía de partes el dieciocho de marzo de dos mil veintidós" Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el doce mayo de dos mil veintidós, se dictó el auto que atiende el escrito presentado por el quejoso el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mismo que fue notificado al actor Gerardo Hernández Torres, el veinte del mes y año en curso. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento y su notificación, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguese el oficio signado por el Presiden te y representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables ofreciendo como pruebas, las documentales, que anexan a su respectivo informe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngase como delegados de la citada autoridad a las personas que indican; y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que el promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: ".la omisión de dar contestación a mi escrito recibido en la oficialía de partes el dieciocho de marzo de dos mil veintidós." Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, los actos siguientes: ".la omisión de dictar dar contestación al escrito presentado en oficialía de partes el dieciocho de marzo de dos mil veintidós" Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el doce mayo de dos mil veintidós, se dictó el auto que atiende el escrito presentado por el quejoso el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mismo que fue notificado al actor Gerardo Hernández Torres, el veinte del mes y año en curso. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento y su notificación, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fojas 315 a 348), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva, para el efecto de que el Juzgado Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento reclamado, incluidas todas las actuaciones procesales posteriores, incluyendo el embargo y su inscripción en la oficina registral, la sentencia y todo lo relativo a su ejecución. 2. Ordene nuevamente el emplazamiento de los demandados José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva, siguiendo las reglas establecidas al efecto en los artículos 1392 a 1394 del Código de Comercio, evitando incurrir en las violaciones que se hicieron notar en el cuerpo de la presente resolución". Inconforme con tal determinación, el tercero interesado Ernesto López Díaz, representante legal de la persona moral denominada Ventas Celeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión en su contra, mismo que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 204/2021, resuelto por ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva, contra los autos de las autoridades precisadas en el considerado segundo por las razones expuestas en el considerando octavo para los efectos y para los efectos indicados en el último considerando de la sentencia impugnada." Así, en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 496 a 498), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por la superioridad y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Posteriormente, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado y la Secretaria de Acuerdos "A" por ministerio de ley adscrita al Juzgado Vigésimo de los Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, mediante los cuales remitieron las constancias con las que manifestaron haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, y con los cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que: El Juez Vigésimo de los Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, dictó un acuerdo el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil oral 651/2019 mediante el cual: Dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir del treinta de septiembre del dos mil veinte. Ordenó nuevamente el emplazamiento de los demandados José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva, a través de exhorto que envió al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Dejó insubsistente el embargo trabado en la diligencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, sobre el inmueble ubicado en el predio denominado "Simplemeya", para lo cual, ordenó que en la comunicación oficial antes referida, se comisionara también el Juez exhortado para que girara oficio al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, a fin de que se deje sin efectos la inscripción del embargo de referencia. El Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, mediante sello registral RP37PH-89KC43-ZR82G6, dejó sin efectos la inscripción del embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil oral 651/2019, inscrito bajo el documento electrónico sello registral RP92TF-37ZP82-CN73E7, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, respecto del predio denominado "Simplemeya". En consecuencia, es evidente que las responsables acreditaron haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues a) dejó sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento reclamado en el juicio ejecutivo mercantil oral 651/2019, incluido el embargo trabado y su inscripción; y, b) ordenó nuevamente el emplazamiento de los demandados José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva. Manifestaciones del tercero interesado. Ahora, visto el contenido del escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el tercero interesado Ernesto López Díaz, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Ventas Celeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, manifiesta que la ejecutoria dictada en el presente juicio, aún no está cumplida en su totalidad, pues está en tránsito el exhorto remitido por el Juez responsable a fin de lograr el emplazamiento de los demandados, por lo que no se puede tener por cumplida la sentencia de amparo hasta e tanto se efectué la diligencia ordenada. Dichas manifestaciones resultan infundadas, toda vez que como se determinó en párrafos que anteceden, los efectos del fallo protector no abarcan verificar la realización y legalidad del emplazamiento, sino únicamente ordenar nuevamente su realización, de ahí que el resultado de la diligencia encomendada al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala no pueda ser objeto de análisis en esta etapa de ejecución. Manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, visto el ocurso presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se advierte que los quejosos José Guadalupe Hernández Salazar y María Gregoria López Alva, manifiestan que la responsable ha incurrido en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; ello, pues refiere que: La responsable se extralimitó en sus funciones, pues no podía ordenar el emplazamiento de los demandados hasta que se hubiera dado cumplimiento al primer efecto del fallo protector, esto es, hasta que se tuviera constancia de que se dejó sin efectos la inscripción del embargo inicialmente trabado; sin embargo el exhorto por el cual se ordenó dicha cancelación aún estaba pendiente de diligenciar. No se debió ordenar nuevamente su emplazamiento, pues ello estaba condicionado a que lo solicitara la parte actora. Es infundada la primera de sus manifestaciones, en primer lugar porque los efectos del fallo protector no se encuentran condicionados unos con otros, es decir, su cumplimiento no depende de que se realice primero uno. Aunado a ello, contrario a lo que refiere, si bien no existe constancia de la diligenciación del exhorto ordenado, lo cierto es que mediante oficio DRP/3567/2022, el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, informó que dejó sin efectos la inscripción del embargo trabado en autos del juicio de origen respecto del predio denominado "Simplemeya", por lo que ya se cumplió con el efecto que refiere en su escrito. Por otra parte, en atención a su segundo argumento, el mismo deviene infundado, pues en la ejecutoria de amparo se estableció como obligación de la responsable el ordenar nuevamente el emplazamiento de los demandados, sin condicionarlo a que lo solicite la parte actora; asimismo, dichos efectos de concesión fueron confirmados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el amparo en revisión 204/2021. No existe defecto o exceso. Ahora no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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