Gerardo Hernández Torres

Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
955/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Hernández Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el proveído de diecinueve de septiembre del año que transcurre, remite copia certificada de la constancia de notificación de treinta y uno de agosto del año en curso, practicada al quejoso ********************, respecto al proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro el expediente laboral ********************, de su índice. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngasele, ofreciendo como prueba la documental pública que anexa; misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de la abstención reclamada, cabe recordar que esta consiste en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de pronunciarse respecto de la petición mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************. Por otra parte, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el quince de agosto de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral ********************, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso a lo solicitado por la quejosa en escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, determinación que le fue notificada al quejoso el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues el quince de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente respecto a su petición realizada en escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, proveído que le fue notificado en data treinta y uno de agosto de la presente anualidad. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticuatro minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el proveído de diecinueve de septiembre del año que transcurre, remite copia certificada de la constancia de notificación de treinta y uno de agosto del año en curso, practicada al quejoso ********************, respecto al proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro el expediente laboral ********************, de su índice. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngasele, ofreciendo como prueba la documental pública que anexa; misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de la abstención reclamada, cabe recordar que esta consiste en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de pronunciarse respecto de la petición mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************. Por otra parte, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el quince de agosto de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral ********************, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso a lo solicitado por la quejosa en escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, determinación que le fue notificada al quejoso el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues el quince de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente respecto a su petición realizada en escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, proveído que le fue notificado en data treinta y uno de agosto de la presente anualidad. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticuatro minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el cual se acordó mediante proveído de uno de septiembre del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Requerimiento de constancias. En otro aspecto, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, no se advierte que remita copia certificada de la constancia de notificación del auto de quince de agosto del presente año, emitido dentro del juicio laboral 72/2021-C, de su índice, por el que dio respuesta a la petición que se le formuló; por ende, requiérase a dicha autoridad, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación que se hubiere practicado al quejoso Gerardo Hernández Torres, en el juicio de origen; lo anterior, dado que resulta necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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