Gerardo Hernández Mendoza

Expediente 211/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
211/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Hernández Mendoza
  • Adlay Margarita Porras Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 211/2022; el licenciado ..., en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2238/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; y C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la tercera interesada los formuló y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no rindió pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el encargado del Despacho con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 211/2021, promovido por ..., por conducto de su mandatario judicial, contra actos de la Tercera Sala y Juez Trigésimo Noveno, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 94 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza familiar, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Secretario Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintidós, emitida por la Tercera Sala Familiar de esta ciudad, en el toca 875/2020, donde modificó el proveído de cinco de febrero de ese año, emitido en la controversia del orden familiar 1648/2017 del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, que impuso al quejoso una multa por $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). La fecha se precisa, supliendo el error de lo asentado en la demanda al ser un equívoco sin mayor trascendencia, lo anterior en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables lo aceptaron, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación que remitió en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado: 1. En la controversia familiar de origen, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el A quo determinó la necesidad de sostener una plática con la menor hija de las partes, de iniciales A.R.H.P., de identidad protegida, apercibiéndoles con una multa por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), en caso de inasistencia. Lo anterior, pues señaló que lo hacía en uso de sus facultades amplias que la ley le confiere tratándose de alimentos y menores de edad, con fundamento en los artículos 282 apartado B, fracción II, 416, 416 Bis, 416 Ter del Código Civil en relación con los diversos 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles, concatenados con los preceptos 1, 3, 7, 14, 15 y 23 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes. 2. El cinco de febrero de dos mil veinte, día señalado para la diligencia aludida, se proveyó lo siguiente: "En la ciudad de México, siendo las TRECE HORAS DEL DÍA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE día y hora señalados para que tenga verificativo, la PLÁTICA CON EL (SIC) MENOR [.], presentes que fueron en el local del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar ante su titular ..., quien actúa asistido del C. Secretario de Acuerdos Licenciado ..., Secretario de Acuerdos 'B', comparece la C. ..., quien se identifica con credencial para votar clave de elector ***, expedido (sic) por el Instituto Nacional Electoral, así mismo presenta a su hijo (sic) ****, asistida de su Mandataria Judicial Licenciada .... Quien se identifica con cédula profesional número ***, expedida por la Secretaría de Educación Pública, licenciada ..., AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, asimismo se hace constar que no comparece la parte actora ni persona alguna que la represente después de haberla voceado tres veces, documentos del (sic) que se da fe por haberlo tenido a la vista y en este acto se le devuelven (sic) a los interesados. EL SECRETARIO DE ACUERDOS: da cuenta con dos escritos presentados en este juzgado los días treinta y uno de enero y cuatro de febrero ambos de fecha dos mil veinte. LA C. JUEZ ACUERDA:[.] Tomando en consideración que no se encuentra preparada la presente diligencia, se levanta la presente para constancia, por lo tanto a efecto de que la suscrita sostenga una plática con el menor hijo (sic) de las partes ***, en presencia de la Agente del Ministerio Público adscrita y del asistente de menores, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE [.] debiendo comparecer a la misma la C. ... personalmente, en compañía de su hija ****, quedando apercibida que de no comparecer a la diligencia o de no presentar al menor (sic), se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los (sic) dispuesto por los artículos 62 y 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles por desacato a un mandato judicial; asimismo, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento al C. ..., que en caso de no comparecer se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional, de conformidad con los (sic) dispuesto por los artículos 62 y 73 fracción I del Código de Procedimientos civiles por desacato a un mandato judicial. [.] Por último se le hace efectiva la multa al actor C. ... decretada en auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por no asistir a la presente diligencia, a pesar de estar debidamente notificado como se desprende de la razón de fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve [.]" 3. Inconforme, el peticionario apeló dicha actuación, y seguido su trámite, el uno de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Son INFUNDADOS los agravios expresados por el recurrente, en consecuencia. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto dictado en la audiencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, dictada por la C. Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el Juicio Controversia del Orden Familiar, Régimen de Visitas y Convivencias, promovido por ... en contra de ..., expediente número 1648/2017. TERCERO.- No se hace especial condena en costas. CUARTO.- Notifíquese [.]" Determinación que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 351/2021 del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que atendiendo a lo que es materia de la concesión, resuelva la apelación conforme a los parámetros de fundamentación y motivación especificados en esta sentencia." 4. En cumplimiento a lo anterior, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la Sala responsable modificó el auto impugnado para en su lugar imponer al quejoso una multa por $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de su incomparecencia a la audiencia ordenada. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. 5. El veintidós de febrero de dos mil veintidós se declaró cumplida la sentencia en el juicio de amparo 351/2021 de este órgano jurisdiccional, lo que se declaró firme el uno de abril pasado. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso sostiene que el acto reclamado contraviene los artículos 14, 16, 17 y 94 Constitucionales, por lo siguiente: a) La autoridad responsable al reasumir jurisdicción partió de una premisa incorrecta, pues consideró que el impetrante no se inconformó del auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se les citó para acudir a la audiencia bajo apercibimiento de multa, cuando es hasta la imposición de la medida de apremio en que se causa un agravio para efectos de su impugnación. Lo que tuvo como consecuencia que la autoridad responsable se abstuviera de valorar la ausencia de justificación y motivación que debía cumplirse como un requisito mínimo para la aplicación de una medida de apremio. b) Se debió atender su manifestación en el sentido de que el juez natural no vertió algún argumento que evidenciara la necesidad de la comparecencia del quejoso y justificara la medida de apremio, sin que resulte correcto que la Sala subsane tal cuestión, debido a que se debió a dar a conocer previo a la imposición de la multa como parte de la fundamentación y motivación. c) No se valoraron adecuadamente las constancias de autos pues se desatendió que la audiencia no se encontraba preparada, con independencia de la asistencia o no del quejoso, por lo que no se debió hacer efectiva la medida de apremio, ya que si la intención del juez era valorar la relación paterno-filial pero por causas que no le son imputables no se encontró debidamente integrada, era incorrecto imponerle la multa. d) Es excesivo el monto por el cual se aplicó la medida de premio, debido a que la intención del juez era advertir la interacción paterno-filial, pero no podía llevarse a acabo por no estar debidamente preparada la audiencia, por lo que se debió revocar la imposición de la multa. Ahora, en el acto reclamado se estableció esencialmente lo siguiente. - Son parcialmente fundados los agravios del apelante, pues en el diverso auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dispuso que ambas partes debían comparecer a efecto de llevar a cabo una plática con la menor hija, con apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondría una multa por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.). - El requerimiento anterior quedó firme al no haberse combatido por alguna de las partes, por lo que el inconforme quedó obligado a presentarse a la plática, sin que pueda sostener que se trata de una carga procesal cuyo cumplimiento era potestativo, por lo que debió inconformarse con la orden de presentación, no alegarlo en vía de agravio porque dicha resolución causó estado. - Al ser de orden público todos los problemas inherentes a la familia, la autoridad tiene la facultad en todo tiempo para valerse de cualquier persona o tercero, documento o cosa, para conocer la verdad, por lo que, al estar involucrado el derecho de convivencias de la menor con su progenitor, no carece de sentido que se hubiese apercibido a las partes con la imposición de una multa por inasistencia a la plática, pues era necesaria su presencia para apreciar la interacción paterno-filial, al ser elementos que le permitirán resolver lo más conveniente al interés superior de la infante. - El aviso de que se le impondría una multa es un acto autónomo y distinto al que hace efectiva la sanción, por lo que es válido combatir la resolución que determina su imposición, sin que ello deba calificarse como un acto derivado de otro consentido. - El auto reclamado contiene vicios en torno a la fundamentación y motivación que se emplearon para sancionar al recurrente, pues se deben observar una serie de requisitos para cumplir cabalmente con ese deber. - El artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles faculta a los juzgadores para imponer medidas de apremio, sin embargo se deben tomar en cuenta diversas circunstancias para valorar e individualizar una medida de apremio. - En el caso, las circunstancias procesales generales que rodean al hecho, son que se trata de una controversia del orden familiar, régimen de visitas y convivencias promovidas por el recurrente en contra de la madre del menor, en el que se ventilan derechos fundamentales de ésta última, sin que aun exista sentencia definitiva. - La finalidad que persigue el requerimiento es escuchar a la menor involucrada y observar la interacción con sus progenitores, es decir, no se trata de incumplimiento a medidas provisionales o a la sentencia definitiva o un acto imposible de cumplir, sino la atención de una formalidad necesaria para el pronunciamiento fundado y motivado de la sentencia; aunado a que se ordenó tomando en consideración el ocurso del actor en el sentido de que la demandada manipulaba a la menor para que no quisiera convivir con él, encontrando apoyo en el criterio de rubro: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. DEBE ESCUCHARSE AL MENOR ANTES DE FIJARLO, AUN CUANDO LOS PADRES LO HAYAN CONVENIDO." - El retraso en la cuestión debatida por el incumplimiento del apelante, no es de extrema gravedad pero trasciende a la violación de derechos de su hija, como es el convivir con su progenitor sin mayores dilaciones, lo que se corrobora con la tesis: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER." - De ahí que era necesaria la presencia del recurrente a la plática para poder apreciar la interacción paterno-filial. - Asimismo, con relación a las circunstancias personales del apelante, se tiene que es una persona mayor de edad, de ocupación empresario, con ingresos fijos, quien se encuentra obligado a pagar una pensión alimenticia a favor de su hija por el veinticinco por ciento de sus ingresos, con capacidad económica suficiente para ser asesorado por abogados particulares, por lo que comprende los alcances de su inasistencia a la diligencia, lo que es reprochable, pero la cantidad debe ser ajustada a $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), pues no es de extrema gravedad ni reincidente, de manera que dicho monto no excede el límite máximo que permite el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. - Por lo que se modifica el auto impugnado. Los conceptos de violación son inoperantes como se verá enseguida. Resultan así los argumentos del concepto de violación marcado en el inciso a), en los que el quejoso aduce que el acto reclamado no es acorde a los principios de fundamentación y motivación; además de que se consideró que el impetrante no se inconformó del apercibimiento de multa, por lo que es un acto que deriva de otro consentido. En efecto, las consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo no son susceptibles de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, resultando inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue definido por la jurisdicción constitucional. Así, lo esgrimido por el quejoso relativo a la fundamentación y motivación del acto reclamado, así como al estudio que realizó la autoridad responsable al reasumir jurisdicción en el análisis de la necesidad de la comparecencia del impetrante a la plática con la menor y lo relativo a los actos consentidos, atendió a las consideraciones materia de la litis constitucional en el juicio de amparo 351/2021, donde se otorgó la protección de la Justicia Federa al impetrante, lo cual se declaró cumplido el veintidós de febrero de dos mil veintidós y archivó el uno de abril pasado. Es decir, que son aspectos depurados con motivo de lo resuelto en un primer amparo, y cuyo cumplimiento ya se decretó. Sirve de apoyo la Tesis: 1a. LXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2014643, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 576, que señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Así, los aspectos formales de fundamentación y motivación que engloban los conceptos de violación expuestos, quedan superados en el segundo amparo, al que antecede a una concesión otorgada al propio quejoso. Es aplicable la Jurisprudencia II.1o.T. J/7 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Segundo Circuito, Registro digital: 2015559, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1789, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, Y/O A LAS OMISIONES DEL PRIMER FALLO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.T. J/5 (10a.) Y DE LA TESIS II.1o.T.6 K (10a.)]. Cuando se promueve un juicio de amparo directo contra un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a impugnar las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio; y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; y/o 3) las omisiones cometidas por la autoridad responsable desde el primer fallo, que le perjudicaron al quejoso hasta la emisión de la resolución que constituya el acto reclamado. Erigiéndose lo anterior, en una condición necesaria para ser analizables; y, por exclusión, los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones: por haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada); o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento; o, d) en la indebida repetición del acto reclamado; o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en amparo adhesivo en contra de aquél. Así, los conceptos de violación ajenos a esos tópicos, que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado contra la ulterior sentencia o laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior; por lo anterior, este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la jurisprudencia II.1o.T. J/5 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, página 2547, con el título y subtítulo: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN.", y en la tesis II.1o.T.6 K (10a.), publicada en el mismo medio de difusión del viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3819, con el título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA O LAUDO RESPECTO DEL CUAL NO ES POSIBLE FORMULAR CONCEPTO DE VIOLACIÓN ALGUNO, AL HABERSE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO." Igual consideración se actualiza respecto de los conceptos marcados en los incisos c) y d) en los que señala que no se debió imponer la medida de apremio, pues aún y cuando no asistió a la plática con la menor, ésta no se encontraba preparada; y que la multa es excesiva. En efecto, los conceptos de violación, apuntados son inoperantes porque descansan en el hipotético contingente de que una tercera persona asistiera la plática ordenada, para considerar que se encontraba preparada; sin embargo, tal situación únicamente resultaría verificable en el momento propio de la diligencia, es decir, en el día y hora en el que previamente se requirió al impetrante para que compareciera, sin que dicha asistencia fuera condicionada a una acontecimiento diverso, por lo que resulta evidente que su presentación era necesaria, y solo dependiente de su acatamiento a las decisiones de la justicia local, no así del supuesto en que otra persona acudiera para poder calificar la viabilidad de la diligencia, pues esto no era una condición a la propia conducta que se impuso al quejoso. De ahí que en dicho concepto de violación se aducen cuestiones hipotéticas, por lo que, es inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo XVIII, Octubre de 2003, de la Novena Época, con registro 183118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley.". Además de que la autoridad responsable efectivamente precisó que la comparecencia del quejoso tenia por objetivo escuchar a la menor involucrada y observar la interacción con sus progenitores, a fin de cumplir con una formalidad necesaria para el pronunciamiento fundado y motivado de la sentencia, máxime que también se requirió con motivo de que el quejoso invocó cuestiones de distanciamiento por motivos imputables a la progenitora, encontrando apoyo en el criterio de rubro: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. DEBE ESCUCHARSE AL MENOR ANTES DE FIJARLO, AUN CUANDO LOS PADRES LO HAYAN CONVENIDO." De ahí que, también los conceptos de violación identificados en el inciso b) resulten inoperantes al depender de otros argumentos que fueron desestimados, como es el cuestionamiento de la necesidad de que compareciera a la audiencia de plática con la menor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación expresados, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por Gerardo Hernández Mendoza. Negativa que se hace extensiva al Juez señalado como autoridad ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia1 que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo Jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000 establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Trigésimo Noveno, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la parte tercera interesada; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio. Respecto de quien autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estará para oír y recibir notificaciones. Respecto del correo electrónico y número telefónico que proporcionan, serán usados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo prevé el acuerdo General Plenario 12/2022. Se tiene por hechas sus manifestaciones las que serán relacionadas en la audiencia constitucional y respecto a su petición de requerir al quejoso que comparezca al local de este juzgado, dígase que no ha lugar, pues al margen de que la demanda fue promovida por el mandatario judicial del impetrante, lo cierto es que, cuenta con facultades para ello, sin que en tal virtud se solicita de una diligencia que amerite la presencia del accionante. No obstante, quedan a salvo sus derechos para para hacerlos valer en la vía correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que la presente determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición particular para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto específico del artículo 26 de la Ley de Amparo; por ende, se colige que es dispensable realizarles notificación por oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificar por lista a las responsables el contenido de este auto. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.

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