Gerardo Hernández Mendoza
Expediente 351/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de quince días, que establecen los párrafos primero y segundo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer su inconformidad contra el proveído mediante el cual se declaró cumplida la sentencia, sin que hasta estos momentos se haya hecho manifestación alguna al respecto; SE DECLARA FIRME EL REFERIDO AUTO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de ..., mandatario judicial del quejoso en el presente juicio; en atención a su contenido, se tiene como autorizada a la persona que refiere para los fines que menciona. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días, concedido a las partes para manifestar lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Para estar en posibilidad de pronunciarse, deben considerarse los siguientes antecedentes: 1. Sentido y efectos de la sentencia de amparo. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se engrosó la sentencia protectora, cuyos efectos fueron que la Sala responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada; y Con libertad de jurisdicción, dictara otra en la que atendiendo a lo que fue materia de la concesión, resolviera la apelación conforme a los parámetros de fundamentación y motivación especificados en la sentencia. 2. Auto que requirió el cumplimiento. El primero de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. 3. Forma de cumplimiento. En acatamiento, la sala responsable realizó lo siguiente: El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dejo insubsistente la resolución reclamada. El veintiuno de enero de la presente anualidad, dictó una nueva sentencia donde declaró parcialmente fundados los agravios expuestos por el quejoso, y modificó el auto primigenio. La Ad quem ajustó la multa contra el quejoso, de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), a $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), para lo cual valoró diversas circunstancias, a saber: Que se trata de una controversia del orden familiar, régimen de visitas y convivencias, en la que se ventilan los derechos no solo del padre a convivir con su menor hija, sino de esta última también; la finalidad que persigue el requerimiento incumplido, para que la juzgadora natural pudiera apreciar con sus sentidos la interacción paterno-filial entre la menor y sus progenitores. Por otro lado, consideró las circunstancias personales del sancionado, a saber: es mayor de edad, cuya ocupación es empresario, con ingresos fijos, suficientes para contratar abogados particulares, con capacidad de comprender los alcances de su desobediencia, y como consecuencia, lo reprochable de su conducta. Además refirió que el parámetro para disminuir la multa, fue que la inasistencia a la plática con la menor no era de extrema gravedad, el quejoso no era reincidente y el monto de la multa que impuso no excedía el límite máximo a que se refiere el artículo 62, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad. De lo hasta aquí narrado se advierte que se cumplió con el fallo protector, porque la autoridad ajustó su proceder a los lineamientos contenidos en la ejecutoria que concedió el amparo a la parte quejosa, con lo que se le restituyó en el goce de las garantías constitucionales que estimó violadas en su perjuicio, en términos de la fracción I del numeral 77 de la ley de la materia. En cuanto a la inconformidad que manifiesta el quejoso con el cumplimiento del fallo protector, dígase que conforme a la doctrina recursal, el tribunal de alzada o de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver los conflictos, pero la delega en un juzgador de primer grado quien debe sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda. Empero, si al estudiar los agravios en la apelación, la Ad quem concluye que son erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por su inferior, debe reasumir jurisdicción para juzgar el asunto y dictar la resolución que corresponda. Se cita al respecto la jurisprudencia I.11o.C. J/7 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "TRIBUNAL DE APELACIÓN. AL SER QUIEN TIENE LA JURISDICCIÓN ORIGINARIA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA, NO PUEDE REENVIAR EL ASUNTO AL JUEZ DE PRIMER GRADO, SALVO QUE SE ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación constituye el recurso vertical más importante de los regulados por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues a través de él se pueden impugnar, entre otras resoluciones, las que generen un agravio a las partes o las señaladas en la legislación. Así, los recursos verticales, también conocidos como de alzada o de segunda instancia, tienen como característica primordial que su conocimiento y resolución corresponden a un tribunal superior de instancia del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación. Ahora bien, conforme a la doctrina procesal, el tribunal de alzada o de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda, pero si a través del estudio de los agravios aquél llega a determinar que son erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por el juzgador de primer grado, reasumirá su jurisdicción originaria para juzgar el asunto y dictará la resolución que corresponda en sustitución de la recurrida. Ello origina que en los recursos de alzada no proceda el reenvío, pues una vez detectada la infracción en que hubiese incurrido el juzgador primario, el tribunal de alzada no puede devolverle el asunto a éste para que emita otra resolución en la que repare la violación en que incurrió, sino que debe reasumir la jurisdicción que le corresponde y emitir la nueva decisión. Lo anterior tiene como excepción los casos en que deba reponerse el procedimiento, pues en esa hipótesis se debe revocar la determinación impugnada y ordenar al juzgador primario que lleve a cabo los actos procesales procedentes, si no son de aquellos que, conforme a la legislación procesal, deban efectuarse por el propio tribunal de alzada antes de dictar la sentencia de apelación de fondo. Así, a través de la interposición del recurso de apelación, los recurrentes se "alzan" a fin de que el tribunal de segundo grado revise la legalidad de la decisión del juzgador primario. De acuerdo con la mecánica que se comenta, la sentencia que se dicte en el juicio, así como cualquier resolución intermedia que emita el Juez de primer grado y que pueda ser impugnable en apelación -según el tipo de resolución de que se trate y la naturaleza del juicio respectivo-, constituirá una decisión preliminar, pues si las partes la recurren a través de un recurso vertical, la resolución que emite el tribunal de alzada sustituye procesalmente a la impugnada. De esa forma, las decisiones del Juez primario sólo adquieren firmeza si las partes no las recurren en el plazo previsto en la legislación correspondiente, pues si las impugnan a través de un recurso de alzada, entonces, dado el fenómeno de sustitución procesal que opera en este tipo de recursos, lo que adquiere firmeza -por ministerio de ley- es la resolución emitida por el tribunal de alzada." Ahora bien, relativo a que no quedaron satisfechos los efectos del fallo, contrario a lo alegado, la Ad quem expuso los argumentos y valoró las circunstancias que la llevaron a disminuir la sanción contra el quejoso, conforme a lo señalado en la sentencia. Además, los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, implicaron una plenitud de jurisdicción, de modo que la autoridad no estaba obligada a resolver a favor del quejoso. Por tanto, con fundamento en el arábigo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, declara que SE HA CUMPLIDO LA SENTENCIA de mérito sin excesos o defectos. En términos del ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente auto al quejoso. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada el proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, éste y los subsecuentes. Asimismo, glósese el ocurso del mandatario judicial de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en autos y al efecto realiza diversas manifestaciones, mismas que se considerarán al momento de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE VEINTISEIS DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "Por recibido el oficio de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de lo actuado en cumplimiento al fallo protector; con lo que se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo, el suscrito resolverá con base en los elementos y datos que obren en el expediente."
Quedan 27 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Gerardo Díaz Martínez715/2021
- Gerardo Esparza Sandoval328/2016
- Gerardo Gomez Medina400/2014
- Gerardo González Hernández526/2016
- Gerardo González Jaime919/2019
- Gerardo Gris Lozano266/2020
- Gerardo Hernández Mendoza211/2022
- Gerardo Hernández Mendoza328/2018
- Gerardo Javier Sosa Parada60/2020
- Gerardo Lopez Sanchez365/2013
- Gerardo Lugo Monfort1119/2018
- GERARDO LUGO MONFORT y Otros.1149/2018