Gerardo Hernández Hernández
Expediente 1091/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se acuse recibo del exhorto 106/2020-IV de su índice administrativo.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Gerardo Hernández Hernández, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
M-I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que por proveído de cuatro de diciembre del año pasado próximo, se libró la comunicación oficial número de orden 916/2020-I, exhorto 909/2020-I, del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, notificaran al quejoso Gerardo Hernández Hernández, el contenido de la citada determinación, dictada por este juzgado de Distrito; comunicación oficial de la cual tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pues así se advierte de la papeleta de turno respectivo. En esas condiciones, solicítese atentamente al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para el caso de no tener inconveniente legal alguno, informe el tratamiento dado a la comunicación oficial número de orden 916/2020-I, exhorto 909/2020-I, del índice de este órgano jurisdiccional, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Adjúntese copia de la papeleta de turno, para mayor referencia.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por ---, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, ello por considerarlos violatorios a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1091/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgador de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando la juzgadora ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, a la cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: I. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; II. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y III. Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Conforme a lo anterior, este juzgador de amparo considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 8, interpretado a contrario sensu, de la Constitución. Los dispositivos antes mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del primero de los numerales reproducidos se advierte que no se dispone de manera específica un motivo que vuelva improcedente el juicio de amparo, pero sí estatuye el fundamento de las causas que, bien, pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1344, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Por su parte, de la transcripción que antecede, es pertinente destacar que, de conformidad con el referido precepto constitucional, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa a los funcionarios y empleados públicos, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bajo ese tenor, la persona que se ostenta titular de ese derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Al respecto, conviene precisar que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, para valorar la existencia de ese derecho subjetivo. En tales condiciones, es preciso que la quejosa demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad responsable a dar respuesta a su escrito y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que en este momento le genere un perjuicio, que pueda ser objeto de análisis en un juicio de amparo, conllevando a que la acción constitucional intentada resulte improcedente. Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 Constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. En cuanto al breve término, se explica que el derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación; pero éste debe ser congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente, la abstención y falta de respuesta a su escrito presentado ante las responsables el trece de noviembre del año en curso. Lo que se puede advertir, de los datos contenidos en la demanda de amparo, en el caso, por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, el quejoso Gerardo Hernández Hernández solicitó de las autoridades señaladas como responsables, le hicieran de su conocimiento el número de carpeta de investigación incoada en su contra, por la denuncia formulada por Diana Esmeralda Hernández Sosa; ante qué dependencia se encuentra radicada, así como, se señale fecha y hora para que rinda su declaración con relación a los hechos que se le imputan. Petición que se considera no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a la misma. Lo anterior es así, dado que la solicitud formulada, implica que la autoridad responsable recabe diversa información relacionada con la instauración o no, de una carpeta de investigación iniciada en su contra, la naturaleza del hecho delictuoso imputado, y recabe la documentación necesaria para poder emitir el pronunciamiento correspondiente, circunstancia que puede durar varios días por los diversos trámites internos que ello implica. Por lo que se puede inferir que en el caso no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para dar contestación a la petición formulada por la justiciable, dado que a la data en que se promovió la demanda de derechos fundamentales, aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. De ahí, que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo, no ha transcurrido un término considerable para estimar actualizada una omisión de las responsables que cause perjuicio alguno a la parte quejosa ante la falta de contestación de su escrito de petición. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, el amparista formuló su petición ante la autoridad que señala como responsable el trece de noviembre del presente año, según se advierte del contenido de su demanda y del anexo que adjuntó a la misma, de tal modo que si el presente juicio se promovió el uno de diciembre del año en curso, según el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; por tanto, sólo habían transcurrido diez días hábiles, entre la petición y la presentación de la demanda; de ahí, que es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente con que cuenta la autoridad a quien dirigió su petición para emitir la respuesta correspondiente y llevar a cabo la notificación del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda La República, publicada en la página 2004, Libro XIX, del Tomo III, Junio 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." Igualmente, tiene aplicación por las razones que la sustentan, la tesis I.4o.A.5 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1453, Libro XV, del Tomo II, Diciembre 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." De ahí que, si su demanda fue presentada el uno de diciembre actual, se infiere que a la fecha de su presentación no había transcurrido un plazo razonable o breve término para que la potestad responsable diera contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento el acuerdo recaído. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3903, del Tomo XIII, Febrero 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que a la letra dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Máxime que el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, establece en la parte que interesa, lo siguiente: «Artículo 135. Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita, dentro de un plazo que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción». Así, conforme al citado numeral, al establecerse un plazo máximo de treinta días hábiles a fin de que las autoridades den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas. Cabe precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8 citado, como sucede en el caso concreto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 9, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente. «PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE». Por tanto, se estiman actualizadas las causales de improcedencia invocadas; y, por ende, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracciones XXIII y 113 de la Ley de Amparo en relación con el 8° Constitucional, interpretado a contrario sensu, se desecha la demanda de amparo, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto, subsane tal omisión. Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozará de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tocante a la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. No obstante lo anterior dada la naturaleza de esta determinación, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese exhorto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al quejoso ..., el contenido de esta determinación, en el inmueble situado en ... Ciudad de México, código postal 06720; asimismo, en el acto de la diligencia lo requiera, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, bajo el apercibimiento de no hacerlo, sin previo proveído, se le tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia. Se faculta a la autoridad exhortada, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilitar horas y días inhábiles al actuario judicial de su adscripción, así como a realizar todas las diligencias que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden.
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