Gerardo Hernández Hernández

Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
221/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Vista la certificación secretarial asentada en primer término, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Por otra parte, en cuanto al estado procesal de autos, se obtiene que no existe diligencia pendiente por acordar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído, así como el de veintiocho de febrero pasado, y los subsecuentes acuerdos (aún los de carácter personal), por medio de LISTA correspondiente. SE NOTIFICA AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve *******, contra actos del Titular de la Unidad de Verificación y Normativa Administrativa, *******, del Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl; atento a su contenido, fórmese el expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 221/2023-I. Causal de improcedencia. Al respecto, el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, página 890; cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de ley dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el ordinal 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la ley, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la propia legislación, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley. A lo anterior sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro electrónico 193829; que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." El derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, registro electrónico 162603; de contenido siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Dicho precepto constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, tampoco establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro digital 2022559, correspondiente a la Décima Época; de título y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad." Así, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8º constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° constitucional, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, registro electrónico 2009511, Décima Época; de título y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Es de precisarse que la complejidad de la petición es un aspecto a considerar para efectos de establecer el "breve término" en que la autoridad tiene que dar respuesta; esto es, tomar en cuenta el tiempo que debe destinarse al estudio de la petición y, además, la elaboración de la respuesta. Lo anterior, se traduce en otorgar a la autoridad un término prudente para el análisis del escrito y su contestación, el cual puede variar según la petición y caso concreto, pues como se dijo en líneas precedentes, el tiempo de respuesta de la autoridad se rige conforme a las circunstancias de la solicitud y las relacionadas con su contenido. En ese contexto, resulta improcedente la demanda de amparo presentada por el quejoso, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable ni el término prudente para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de petición y la promoción del amparo. Esto es, si el quejoso presentó su petición ante diversa autoridad, siendo la última fecha de recepción el veintitrés de febrero de la anualidad, como se constata del sello de recibido que obra en su escrito, en tanto que la demanda de amparo se recibió el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, es evidente que no ha transcurrido un plazo razonable a efecto de que la autoridad de contestación a su escrito de petición; pues entre las señaladas fechas únicamente han acontecido un día hábil desde que el impetrante elevó su petición a las responsables, ello sin contar el día de presentación de dicho escrito de petición ni el de la demanda de cuenta. De ahí que, ha trascurrido menos de un mes desde la presentación de su petición, por lo que se considera que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" antes descrito. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XLVI, página 3382, Quinta época, con registro digital: 359324, del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: "DERECHOS DE PETICIÓN, VIOLACIÓN DEL. Si se presenta una solicitud ante la autoridad administrativa y se pide amparo porque no se acuerda dicha solicitud, es manifiesta la inexistencia del acto que se reclama, si queda comprobada la simultaneidad de la presentación de la demanda y de la solicitud de referencia, ya que no dio tiempo a la autoridad, para contestar dicha petición, pues en tanto no transcurra un término prudente, contado desde la presentación de las peticiones que los particulares hagan a las autoridades, no es lícito afirmar que éstas se niegan a cumplir con el artículo 8o. constitucional." De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la ley, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe DESECHARSE DE PLANO la demanda de amparo.

  3. Principal

    Se exhorta a los autorizados de la parte quejosa, para que atento al interés superior del menor inmerso, ajusten sus promociones de manera clara y completa y para que en lo subsecuente, previo a su presentación, verifiquen que sus escritos se encuentren completos

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