Gerardo González Ríos
Expediente 2499/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo González Ríos
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos, por el Juez Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, por medio del cual rinde su informe justificado, de los que se advierte que en resolución de cuatro de noviembre del año en curso, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en el expediente 282/2022. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa, reclamó de la autoridad responsable la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto el doce de septiembre de dos mil veintidós, en autos del expediente 282/2022, del índice de la responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable por resolución de cuatro de noviembre del año en curso, resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en el expediente 282/2022, mismo que notificó el siete de noviembre del año en curso. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, es evidente que por resolución de cuatro de noviembre del año en curso, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en el expediente 282/2022, mismo que notificó el siete de noviembre del año en curso, por tanto, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 y la diversa contenida en el artículo 63, fracción IV, ambas de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente 526/2020, del índice de este órgano de control constitucional, y el cuaderno auxiliar formado con las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como el testimonio judicial de la ejecutoria de veintidós de septiembre del año en curso, pronunciada en el expediente auxiliar 554/2022, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, derivado del amparo en revisión 348/2021, del índice del Tribunal ocursante, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, y los recurso de revisión adhesiva interpuestos por la responsable Director de Ejecución en el Estado de Yucatán y la parte quejosa, contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno; ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió:"PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable Director de Ejecución en el Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria.SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida.TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adán Manuel Gayosso García, Alberto Alazcuaga García, Alfonso Cabrera Parra, Alvaro Alfredo Romero Euán, Ángel Gabriel Chávez Can, Antonio Mauricio Sosa Castillo, Aristeo Abraham Huchim Rosales, Carlos Ortega Mendoza, Daniel Radilla Salado, Guilbardo Abel Mena Rubio, Herbert Gabriel Aguilar Escalante, Jair de Jesús Díaz Murrieta, José Angel Bonilla Donaire, José Joel Reyes Montes, José Rigoberto Tuz Poot, José Zacarías Aké Polanco, Miguel Ángel Arrieta Rodríguez, Miguel Ángel Torres Maldonado, Pablo Alejandro Bueuf Carrillo, Rudy Humberto Pech Suáste, Sergio García León, contra los actos que reclamaron del Director del Centro de Reinserción Social, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General del Gobierno y Secretario de Salud todos del Estado de Yucatán con sede esta Ciudad, precisados en el considerado segundo, en términos de lo dispuesto en el considerando quinto y para los efectos señalados en el sexto subsecuente de la sentencia recurrida.CUARTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en representación de Adán Manuel Gayosso García, Alberto Alazcuaga García, Alfonso Cabrera Parra, Alvaro Alfredo Romero Euán, Ángel Gabriel Chávez Can, Antonio Mauricio Sosa Castillo, Aristeo Abraham Huchim Rosales, Carlos Ortega Mendoza, Daniel Radilla Salado, Guilbardo Abel Mena Rubio, Herbert Gabriel Aguilar Escalante, Jair de Jesús Díaz Murrieta, José Angel Bonilla Donaire, José Joel Reyes Montes, José Rigoberto Tuz Poot, José Zacarías Aké Polanco, Miguel Ángel Arrieta Rodríguez, Miguel Ángel Torres Maldonado, Pablo Alejandro Bueuf Carrillo, Rudy Humberto Pech Suáste, Sergio García León, por los motivos establecidos en el último." De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos a que haya lugar, y acúsese el recibo solicitado.Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo y agréguese a estos autos las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo del recurso de revisión en cita.En virtud de lo en la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados.Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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