Gerardo Gonzalez Rios

Expediente 2255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2255/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Gonzalez Rios
  • Jessica Marycarmen Gonzalez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de noviembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo con la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos el oficio signado por ********, Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, cumple con el requerimiento ordenado en el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós e informa que acepta el cargo para fungir como representante especial del menor de edad involucrado en este juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que se determinó que con motivo de la pandemia antes precisada, las comparecencias personales deben restringirse al máximo posible; toda vez que existe aceptación expresamente únicamente por parte del citado ***, representante designado por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se le discierne el cargo de representante especial del menor de edad de iniciales *****, para los efectos legales a que haya lugar, facultándolos ampliamente para el buen desempeño de su cometido en salvaguardar los derechos del menor de que se trata, en el trámite del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. - - Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, así como el anexo que adjuntó consistente en un legajo de copias certificadas del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia 282/2022 de su índice y un disco compacto en formato DVD, el cual deberá quedar al resguardo de esta secretaría. - - - Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron acompañadas por el Juez responsable, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por Gerardo González Ríos contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, el cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. - - En ese sentido, este órgano jurisdiccional federal advierte, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso, la actualización de una causal de improcedencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: - - - IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." - - - En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. - - - En efecto, el citado precepto legal establece lo siguiente: - - - Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - -XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.- - -De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado.- - - b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, - - - c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. - - - De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: - - - I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, - - -II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable.En efecto, en este juicio se combatió el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se estableció un régimen de convivencia en la modalidad a distancia, entre el peticionario de amparo y su hija menor de edad y de las copias certificadas que fueron remitidas por el Juez responsable con su informe justificado, además de las que obran al resguardo de esta secretaría en un tomo anexo que fue anexado por la propia autoridad a su informe rendido en el incidente de suspensión, se advierte que por escrito de doce de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa Gerardo González Ríos interpuso recurso de revocación contra la parte conducente del acuerdo de dos de septiembre del mismo año, en el cual se estableció ese régimen de convivencia. Recurso que, tal y como se advierte de las constancias relativas al procedimiento de origen, fue admitido a trámite el veintisiete de septiembre anterior.En este contexto, se tienen colmados los primeros dos requisitos para la actualización de la causal en estudio, esto es, que paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado y que este haya sido interpuesto por el propio quejoso.De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso de revocación, conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado; por lo que el acto reclamado en este juicio puede ser modificado o revocado al resolverse la revocación a favor del quejoso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, visible en la página 15, que dice: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, por lo que, conforme al diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia. Con motivo de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para el siete de noviembre de dos mil veintidós a las diez horas con diecisiete minutos. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, a José Antonio Villanueva Chan, José Ángel Concha, Santos Albino Salas Baqueiro, Rodrigo Humberto González Uc, Isaac José Luis Ortiz Pérez y Castañeda y Briggite Quijano Novelo, personal a su cargo nombrados como representantes especiales. Sin que sea el caso tener por desahogada dicha prevención, en virtud de que tal como se le expuso en dicho proveído, el efecto fue para que dichos representantes especiales presenten sus escritos en los que manifiesten si aceptan o no el cargo para el que han sido designados, y en su caso, rindan la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, y al ser éste un acto que involucra diversos efectos jurídicos a los que los representantes quedarán sujetos, no se puede suplir dicho mandamiento por medio de su superior jerárquico pues la aceptación del cargo debe realizarse de forma personal. Al efecto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a los nombrados representantes para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, presenten sus escritos en los que manifiesten si aceptan o no el cargo para el que han sido designados, y en su caso, rinda la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, a fin de privilegiar las medidas de distanciamiento social derivado de la pandemia tal como se indicó en auto en el que se admitió el presente juicio, el cual se ordena remitir en copia al representante designado a fin de que conozca los términos de dicho acuerdo relacionados con la forma de tramitación y notificaciones en este juicio en lo sucesivo. Apercibidos que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se les impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes y a los representantes especiales mencionados en este acuerdo.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. - - Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, así como el anexo que adjuntó consistente en un legajo de copias certificadas del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia 282/2022 de su índice y un disco compacto en formato DVD, el cual deberá quedar al resguardo de esta secretaría. - - - Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron acompañadas por el Juez responsable, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por Gerardo González Ríos contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, el cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. - - En ese sentido, este órgano jurisdiccional federal advierte, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso, la actualización de una causal de improcedencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: - - - IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." - - - En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. - - - En efecto, el citado precepto legal establece lo siguiente: - - - Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - -XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.- - -De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado.- - - b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, - - - c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. - - - De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: - - - I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, - - -II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable.En efecto, en este juicio se combatió el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se estableció un régimen de convivencia en la modalidad a distancia, entre el peticionario de amparo y su hija menor de edad y de las copias certificadas que fueron remitidas por el Juez responsable con su informe justificado, además de las que obran al resguardo de esta secretaría en un tomo anexo que fue anexado por la propia autoridad a su informe rendido en el incidente de suspensión, se advierte que por escrito de doce de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa Gerardo González Ríos interpuso recurso de revocación contra la parte conducente del acuerdo de dos de septiembre del mismo año, en el cual se estableció ese régimen de convivencia. Recurso que, tal y como se advierte de las constancias relativas al procedimiento de origen, fue admitido a trámite el veintisiete de septiembre anterior.En este contexto, se tienen colmados los primeros dos requisitos para la actualización de la causal en estudio, esto es, que paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado y que este haya sido interpuesto por el propio quejoso.De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso de revocación, conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado; por lo que el acto reclamado en este juicio puede ser modificado o revocado al resolverse la revocación a favor del quejoso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, visible en la página 15, que dice: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, por lo que, conforme al diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia. Con motivo de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para el siete de noviembre de dos mil veintidós a las diez horas con diecisiete minutos. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, a José Antonio Villanueva Chan, José Ángel Concha, Santos Albino Salas Baqueiro, Rodrigo Humberto González Uc, Isaac José Luis Ortiz Pérez y Castañeda y Briggite Quijano Novelo, personal a su cargo nombrados como representantes especiales. Sin que sea el caso tener por desahogada dicha prevención, en virtud de que tal como se le expuso en dicho proveído, el efecto fue para que dichos representantes especiales presenten sus escritos en los que manifiesten si aceptan o no el cargo para el que han sido designados, y en su caso, rindan la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, y al ser éste un acto que involucra diversos efectos jurídicos a los que los representantes quedarán sujetos, no se puede suplir dicho mandamiento por medio de su superior jerárquico pues la aceptación del cargo debe realizarse de forma personal. Al efecto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a los nombrados representantes para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, presenten sus escritos en los que manifiesten si aceptan o no el cargo para el que han sido designados, y en su caso, rinda la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, a fin de privilegiar las medidas de distanciamiento social derivado de la pandemia tal como se indicó en auto en el que se admitió el presente juicio, el cual se ordena remitir en copia al representante designado a fin de que conozca los términos de dicho acuerdo relacionados con la forma de tramitación y notificaciones en este juicio en lo sucesivo. Apercibidos que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se les impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes y a los representantes especiales mencionados en este acuerdo.

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