Gerardo Godoy Jiménez
Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Godoy Jiménez
- Magistrado de la Primera Sala Civil del S.T.J.E. cd y Otros.
- Magistrado de la Primera Sala Civil del S.T.J.E. cd
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. ORIGINAL DE INCIDENTE Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. BILLETE DE DEPÓSITO En otro orden de ideas, como la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, relacionado con este juicio de amparo, obra en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, el billete de depósito N879990 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., mismo que exhibió la parte quejosa a fin que continuará surtiendo los efectos de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión relativo a este juicio; que, el juicio de control constitucional en que se actúa, se encuentra concluido; por tanto, hágase saber a la parte quejosa, que podrá solicitar la devolución de dicha cédula bancaria una vez transcurridos seis meses como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, que será después del tres de junio de dos mil veintidós, como se desprende de la certificación de cuenta; en el entendido que de no hacerlo durante los dos años posteriores al seis de junio próximo, con fundamento en el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá ese billete de depósito a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Gerardo Godoy Jiménez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, al resultar innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 237/2021, promovido por el apoderado de Gerardo Godoy Jiménez, contra actos que reclama del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, al día siguiente Gerardo Godoy Jiménez, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad: "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia definitiva de 22 veintidós de febrero de 2021, dos mil veintiuno, dictada por la ahora autoridad responsable dentro del toca de apelación número I- 296/2020 radicado en la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán y emanado del recurso de apelación planteado por la parte que represento dentro del juicio sucesorio intestamentario número 931/2019 que se promueve, ante el Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y previa prevención, por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I- 296/2020 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con motivo del recurso de apelación planteado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 931/2019 del Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en constancias del toca civil número XI-296/2020. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Sobreseimiento del juicio de amparo. Del examen de las constancias que integran el juicio que nos ocupa es factible advertir que, en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento." Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo debe sobreseerse cuando la parte quejosa desista expresamente de la demanda o cuando ésta no sea ratificada, cuando sea necesario que esto suceda, verbigracia, cuando se promueve amparo en favor de una persona por considerarse que se encuentra incomunicada y cuando es hallado debe ratificar el escrito correspondiente. En este sentido, ya se dijo que el apoderado de Gerardo Godoy Jiménez, promovió el juicio que nos ocupa; que por escrito presentado el siete de octubre en curso, hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional que era su deseo desistir de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; que por acuerdo de ocho de octubre de ese año, se ordenó requerirle que ratificara el escrito de desistimiento; y, que el veinte posterior, dicho apoderado ante la actuaria adscrita, ratificó tanto la firma como el contenido del libelo de desistimiento. Tales circunstancias patentizan la actualización de la causa de sobreseimiento aludida, precisamente porque el apoderado del quejoso, quien promovió el juicio de amparo como la única persona que podía resentir los efectos de los actos reclamados, ha manifestado que es su deseo dar por terminada la instancia federal; no pasa inadvertido que las consecuencias del desistimiento en el juicio de amparo son primordialmente que el acto reclamado permanezca incólume; debido a ello es que se requirió al promovente del juicio para que ratificara el escrito de desistimiento pues sólo de esta forma puede tenerse certeza de la identidad del ocursante y se evita que una persona diversa se desista del juicio constitucional en perjuicio del quejoso. Empero, cabe decir que, por certeza jurídica para las partes, una vez que el quejoso ha ratificado el escrito de desistimiento no puede retractarse para que se continúe con el trámite del juicio, pues de permitirse tal acción podría generar que el resto de las partes en el juicio de amparo quedarán imposibilitados para desplegar una conducta que les permitiera defender sus propios intereses. Apoya lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial. "Época: Novena Época Registro: 163160 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2010 Página: 687 DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada. Contradicción de tesis 253/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 13 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de Jurisprudencia 161/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de octubre de dos mil diez. Nota: La tesis 2a./J. 119/2006 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295." No pasa por alto el contenido de la jurisprudencia por contradicción, aprobada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "Tesis: 2a./J. 119/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 174481 Segunda Sala Tomo XXIV, Agosto de 2006 Página 295 Jurisprudencia (Común) DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74 ,fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Contradicción de tesis 14/2006-PL. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Civil) del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". Sin embargo, este órgano jurisdiccional tiene la certeza en la identidad y voluntad del promovente quien en su calidad de apoderado accionó y desistió de la demanda promovida en favor de su poderdante y ahora, en atención a que se colma el referido requisito indispensable, al haber manifestado su deseo de desistir de la continuación de este juicio y haber manifestado expresamente ratificar su escrito de desistimiento, al actuario de la adscripción quien se encuentre investido de fe pública; aunado a que cuenta con facultad expresa para tal efecto, según se desprende del poder conferido. Se cita por analogía jurídica a lo expuesto la tesis del rubro y texto siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2015721 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXLIII/2017 (10a.) Página: 414 DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario. Amparo directo en revisión 1190/2016. Granja Don Óscar, S.A. y otros. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En tal virtud, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, precisamente porque las únicas personas que podían resentir los efectos de los actos reclamados y los que acudieron a la instancia de amparo desistieron de la acción constitucional. Consecuentemente, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del presente juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, que el escrito de desistimiento se haya presentado con posterioridad a que se celebró el inicio de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa conserva vigente su derecho para desistirse de la demanda hasta en tanto no exista sentencia firme. Al respecto son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales. "Época: Décima Época Registro: 2003552 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 35/2013 (10a.) Página: 312 DESISTIMIENTO SIMULTÁNEO DEL JUICIO DE AMPARO Y DEL RECURSO DE REVISIÓN. DEBE ATENDERSE AL DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Ante el desistimiento del quejoso tanto del juicio de amparo como del recurso de revisión planteado en un mismo escrito, el Tribunal Colegiado de Circuito revisor debe atender al de la acción que originó el juicio constitucional, toda vez que el recurso de revisión es de naturaleza accesoria en relación con el juicio y este último es de estudio preferente; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 417/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. Tesis de jurisprudencia 35/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece". "Época: Décima Época Registro: 2002508 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a. IV/2013 (10a.) Página: 628 DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN. SUPUESTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso en el sentido de no proseguir con el juicio de garantías, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la acción constitucional sin importar la etapa en que se encuentre. Ahora bien, si una persona que promovió el juicio de amparo puede desistirse, también tiene dicha facultad tratándose del recurso de revisión que haya interpuesto respecto del juicio de garantías; en este sentido, los supuestos que pueden presentarse son: (i) que el quejoso que interpone el recurso solamente se desista de éste, entonces debe dejarse firme la sentencia recurrida; (ii) que quien desista del recurso sea el tercero perjudicado que lo interpone, caso en que debe dejarse firme la sentencia recurrida; (iii) que el quejoso que interpone el recurso desista simultáneamente de la demanda de amparo y de aquél, supuesto en el cual debe atenderse al desistimiento de la acción de amparo por ser preferente y decretar el sobreseimiento en el juicio; y, (iv) que el quejoso desista de la demanda de amparo que originó la sentencia impugnada mediante recurso de revisión promovido por un tercero perjudicado, caso en el que debe sobreseerse en el juicio, pues el recurso queda sin materia al desaparecer la sentencia que lo generó. Amparo en revisión 388/2012. María Irene Fernández Molina. 10 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar." "Época: Novena Época Registro: 198815 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Común Tesis: XX.1o.106 K Página: 620 DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR EL QUEJOSO. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI FUE PRESENTADO ANTES DE TERMINAR EL ENGROSE Y EL A QUO NADA DIJO AL RESPECTO, SINO QUE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Si de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto se advierte que el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, y fue firmada por el titular y el secretario del juzgado en la misma fecha; que la sentencia respectiva se dictó en actuación distinta; que ésta se terminó de engrosar posteriormente, negándose al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; que el quejoso, antes de que terminara de hacerse el engrose citado, se desistió de la demanda de garantías y solicitó el sobreseimiento en el juicio; que el Juez a quo, posteriormente al engrose, acordó, que no se tenía por desistido al quejoso, toda vez que con fecha anterior a su desistimiento se había celebrado la audiencia correspondiente; en esas condiciones, resulta evidente que si la sentencia no fue dictada a continuación de la audiencia sino en fecha posterior, y en ese lapso el quejoso se desistió de la demanda de garantías y solicitó el sobreseimiento en el juicio, es inconcuso que el proceder omiso del Juez de Distrito de proveer oportunamente sobre la petición del quejoso, constituye una irregularidad que deja sin defensa a la oferente, en razón de que es distinta la situación que surge en un juicio de garantías si se niega al quejoso la protección constitucional o si se sobresee en el referido juicio; por tanto, ante tal irregularidad, contraria a las normas que rigen el procedimiento del juicio de garantías, debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del mismo, para subsanar esa omisión. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 708/96. Amado Ruiz Rincón. 7 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Gopar Aragón. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez." Como consecuencia de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, dado que dicho examen debe reservarse para los casos en que se realice un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Robustece lo anterior, el criterio que se inserta enseguida: "Época: Séptima Época Registro: 818546 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 14, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 63 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL NEGOCIO. En la resolución en que se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, resultan improcedentes las consideraciones que hagan un examen previo de los calificativos y valoraciones de los actos reclamados propuestos por los quejosos, adelantando el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, que deben reservarse para el fondo del negocio. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Sexta Parte, Común, tesis 181, página 325, bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO.". Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49." QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gerardo Godoy Jiménez, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el punto considerativo tercero, por las razones contenidas en el cuarto considerando de la presente determinación. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, hasta hoy veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Marbella Juárez
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Desiste de demanda de amparo. Visto lo de cuenta: En atención a que diligencia de notificación y requerimiento de ocho de octubre anterior, Guillermo Ochoa Guzmán, apoderado del quejoso Gerardo Godoy Jiménez, reiteró desistir en la continuación del presente juicio, asentándose los datos de su identificación y firmando en señal de aceptación. Lo anterior, tómese en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente al presente juicio. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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