Gerardo García Cruz

Expediente 756/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
756/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Gerardo García Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Por lista notifico a la tercero interesada JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ...el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento del cumplimiento de ejecutoria. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, sigue analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Inconformidad 439/98. Raúl Enríquez Alvarado y Valentín Hernández Martínez. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Inconformidad 419/98. Gilberto Camilo Alquicira Zanabria. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López. Inconformidad 407/98. Mayo Sergio Raúl Chavira Díaz. 12 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Inconformidad 466/99. Bertha Carmela Cortés Hernández. 21 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil. Nota: Esta tesis interrumpe parcialmente la jurisprudencia 2a./J. 85/98 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 408, con el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA AL HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN UN AUTO ANTERIOR, DONDE ORDENÓ DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE YA CUMPLIÓ.". Precisión de los efectos del amparo. En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gerardo García Cruz; inconforme con dicha sentencia, el impetrante de garantías por conducto de su autorizada interpuso recurso de revisión. Así, mediante ejecutoria aprobada en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora conceder la protección constitucional a Gerardo García Cruz, para el efecto de que el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 148/2016. b) En su lugar dicte otra en la que reitere: 1. Las consideraciones relativas a la acreditación del cuerpo del delito de lesiones, incluido que la gravedad de la alteración en la salud del pasivo sí puso en peligro su vida, tardó en sanar más de quince días; así como la calificativa analizada en el auto de formal prisión y confirmada por el superior. 2. La probable responsabilidad penal de Gerardo García Cruz, en la comisión de aquél delito; y c) Examine si el tipo y naturaleza de las lesiones por las cuales se dictó auto de formal prisión y que quedaron clasificadas, hasta ese momento, en los dictámenes de nueve y diez de diciembre de dos mil tres emitidos por los peritos médicos forenses adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rafael Peralta Vílchez y Jesús Rosales García, respectivamente (fojas 12 y 25 del duplicado de la causa penal), se encuentran también previstas en el Código Penal del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el diecisiete de diciembre de dos mil catorce; y en su caso, analice cuál, si dicha codificación o la vigente al ocurrir el evento, le era más benéfica al inculpado; en la inteligencia de que no podrá agravar la situación jurídica del quejoso." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo. En auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a la responsable para que acataran el fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tiene superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Así, mediante oficio presentado ante oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de diciembre del año pasado por la autoridad responsable, informó que dejó insubsistente la resolución reclamada de cuatro de julio de dos mil dieciséis dictada en el toca penal 148/2016 y ordenó dictar una nueva resolución que cumpla con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En ese orden, mediante diverso oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince del mismo mes y año, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de apelación 148/2016, deducida del proceso penal 105/2006, que dictó para cumplir con el fallo protector, y del cual se tomó conocimiento en proveído de diecinueve del mismo mes y año, resolución en el cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1.- Procedió a emitir una nueva resolución en la cual reitero las consideraciones relativas a la acreditación del cuerpo de delito de lesiones, incluido que la gravedad de la alteración en la salud del pasivo (Juan Carlos González Rodríguez) si puso en peligro su vida, que las lesiones ocasionas tardan en sanar más de quince días, de igual forma reitero las consideraciones relativas a la responsabilidad penal del quejoso Gerardo García Cruz en la comisión de aquél delito y; 2.- Procedió a analizar el tipo y naturaleza de las lesiones por las cuales se dictó auto de formal prisión en contra del promovente y que quedaron calificadas, considerando para ello entre otros elementos de prueba los dictámenes médicos de nueve y diez de diciembre de dos mil tres, en ese contexto una vez analizado lo anterior, determinó modificar el auto de formal prisión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis pronunciado por la secretaría encargada de despacho por ministerio de ley del juzgado de origen, dentro del proceso 105/2006 instruido en contra del quejoso para ahora determinar procedente la traslación del tipo de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 271 del Código Penal del Estado de mil novecientos ochenta, por el de lesiones contemplado en el artículo 270, fracción V, del mismo código punitivo, al resultar más beneficio que el 125, fracción V, del nuevo Código Penal del Estado. Con dichas actuaciones, se consideró se daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis y luego de dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Por lista notifico a la quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento del cumplimiento de ejecutoria. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, sigue analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Inconformidad 439/98. Raúl Enríquez Alvarado y Valentín Hernández Martínez. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Inconformidad 419/98. Gilberto Camilo Alquicira Zanabria. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López. Inconformidad 407/98. Mayo Sergio Raúl Chavira Díaz. 12 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Inconformidad 466/99. Bertha Carmela Cortés Hernández. 21 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil. Nota: Esta tesis interrumpe parcialmente la jurisprudencia 2a./J. 85/98 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 408, con el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA AL HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN UN AUTO ANTERIOR, DONDE ORDENÓ DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE YA CUMPLIÓ.". Precisión de los efectos del amparo. En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gerardo García Cruz; inconforme con dicha sentencia, el impetrante de garantías por conducto de su autorizada interpuso recurso de revisión. Así, mediante ejecutoria aprobada en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora conceder la protección constitucional a Gerardo García Cruz, para el efecto de que el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 148/2016. b) En su lugar dicte otra en la que reitere: 1. Las consideraciones relativas a la acreditación del cuerpo del delito de lesiones, incluido que la gravedad de la alteración en la salud del pasivo sí puso en peligro su vida, tardó en sanar más de quince días; así como la calificativa analizada en el auto de formal prisión y confirmada por el superior. 2. La probable responsabilidad penal de Gerardo García Cruz, en la comisión de aquél delito; y c) Examine si el tipo y naturaleza de las lesiones por las cuales se dictó auto de formal prisión y que quedaron clasificadas, hasta ese momento, en los dictámenes de nueve y diez de diciembre de dos mil tres emitidos por los peritos médicos forenses adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rafael Peralta Vílchez y Jesús Rosales García, respectivamente (fojas 12 y 25 del duplicado de la causa penal), se encuentran también previstas en el Código Penal del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el diecisiete de diciembre de dos mil catorce; y en su caso, analice cuál, si dicha codificación o la vigente al ocurrir el evento, le era más benéfica al inculpado; en la inteligencia de que no podrá agravar la situación jurídica del quejoso." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo. En auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a la responsable para que acataran el fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tiene superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Así, mediante oficio presentado ante oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de diciembre del año pasado por la autoridad responsable, informó que dejó insubsistente la resolución reclamada de cuatro de julio de dos mil dieciséis dictada en el toca penal 148/2016 y ordenó dictar una nueva resolución que cumpla con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En ese orden, mediante diverso oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince del mismo mes y año, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de apelación 148/2016, deducida del proceso penal 105/2006, que dictó para cumplir con el fallo protector, y del cual se tomó conocimiento en proveído de diecinueve del mismo mes y año, resolución en el cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1.- Procedió a emitir una nueva resolución en la cual reitero las consideraciones relativas a la acreditación del cuerpo de delito de lesiones, incluido que la gravedad de la alteración en la salud del pasivo (Juan Carlos González Rodríguez) si puso en peligro su vida, que las lesiones ocasionas tardan en sanar más de quince días, de igual forma reitero las consideraciones relativas a la responsabilidad penal del quejoso Gerardo García Cruz en la comisión de aquél delito y; 2.- Procedió a analizar el tipo y naturaleza de las lesiones por las cuales se dictó auto de formal prisión en contra del promovente y que quedaron calificadas, considerando para ello entre otros elementos de prueba los dictámenes médicos de nueve y diez de diciembre de dos mil tres, en ese contexto una vez analizado lo anterior, determinó modificar el auto de formal prisión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis pronunciado por la secretaría encargada de despacho por ministerio de ley del juzgado de origen, dentro del proceso 105/2006 instruido en contra del quejoso para ahora determinar procedente la traslación del tipo de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 271 del Código Penal del Estado de mil novecientos ochenta, por el de lesiones contemplado en el artículo 270, fracción V, del mismo código punitivo, al resultar más beneficio que el 125, fracción V, del nuevo Código Penal del Estado. Con dichas actuaciones, se consideró se daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis y luego de dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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