Gerardo García Peniche

Expediente 891/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
891/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2017

Partes del expediente

  • Gerardo García Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, sin que lo haya hecho valer la parte a quien pudo ocasionarle perjuicio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO SOBRESEÍDO y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, en la que la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, hace constar que le fue imposible notificar personalmente al quejoso Gerardo García Rodríguez (nombre correcto) el proveído de veinticinco de agosto del año en curso, por las razones que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, proceda cualquiera de los actuarios de la adscripción a realizar la notificación del referido acuerdo al citado quejoso, así como las subsecuentes que surjan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista de estrados que se publica en este Juzgado Federal. Notifíquese. Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de agosto del presente año, aclara que su nombre correcto es ******, por lo que se tiene por cumplida dicha prevención. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rindió su informe justificado; asimismo, precisó que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a Mayra Rosalía Lerios Romero, desistiéndose expresamente de la prosecución del procedimiento de origen respecto a Gerardo García Rodríguez, por lo que se ordenó continuar el mismo únicamente en contra de Alberto Antonio del Sagrado Corazón García Peniche; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias referidas que remitió la Juez responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama el aquí quejoso, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CIV, Página: 858, Registro 343,911) "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: 2a. XLVIII/98, Página: 241, Registro 196,442) Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En tal contexto, si bien es verdad que el inconforme Gerardo García Rodríguez, tuvo la calidad de parte ejecutada en el expediente 196/2017 relativo al procedimiento de ejecución del convenio transaccional respecto del predio ubicado en el número cuatrocientos uno (401), de la calle Veintiuno (21), del Fraccionamiento Terranova, de la colonia Chuburná, de esta ciudad; sin embargo, también lo es que por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora desistiéndose de la prosecución del procedimiento de origen con respecto al aquí quejoso en su calidad de fiador del ocupante, por lo que se ordenó continuar el mismo únicamente por lo que hace al diverso demandado Alberto Antonio del Sagrado Corazón García Peniche (foja 88); de ahí que se impone concluir que aun cuando el emplazamiento que se tildaba de inconstitucional subsista, el objeto o materia del mismo ha dejado de existir al haber dejado de ser el quejoso parte en el expediente del que deriva el acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia de éste la inconstitucionalidad del emplazamiento en el procedimiento de origen, al haberse desistido la parte accionante de la prosecución del mismo contra el aquí quejoso, resulta que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la diligencia que se impugna por esta vía constitucional, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, no es el caso hacer mayor pronunciamiento respecto al contenido del escrito presentado el dieciséis de agosto del presente año, por Susana *****, en su carácter de autorizada del quejoso, por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, compareció ***************a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en las actuaciones del expediente 196/2017 relativo al procedimiento de ejecución del convenio transaccional del predio de que se trata, se advierte que fue **********, quien firmó dicho acuerdo de voluntades en calidad de fiador; existiendo similitud entre la firma que calza la demanda de amparo y la del referido acuerdo. Lo anterior aunado a que del escrito de cuenta, que se ordena agregar a los autos, signado por ***********, se advierte que se ostenta autorizada de **********. De ahí, que al existir una discrepancia entre los nombres del quejoso y de quien actuó en el expediente del que deriva el acto reclamado, se acuerda: Requiérase a la parte quejosa a fin de que en el término de tres días legalmente computados, aclare cuál es su nombre correcto, a fin de estar en posibilidad de establecer si se trata de la misma persona. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del término señalado, se tendrá como su nombre correcto el que se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable, esto es, GERARDO GARCÍA RODRÍGUEZ. Finalmente, este órgano jurisdiccional se reserva de acordar lo relativo al escrito presentado por Susana Beatriz Gamboa Salazar, hasta en tanto transcurra el término otorgado al impetrante del amparo en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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