Gerardo de Jesus Ruiz Hernandez

Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Gerardo de Jesus Ruiz Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto por Eduardo Ceballos Medina, Karen Elizabeth Ceballos Medina y Susana Marlene Barajas Grijalva, en su carácter de autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Misiva mediante la cual comunica que dicho órgano es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio, mismo que se registró con el número de toca 685/2023; asimismo, solicita le sea remitido el escrito de agravios original relativo al referido medio de impugnación. Al respecto, como lo solicita la Superioridad, al no existir impedimento legal alguno, mediante oficio que para tal efecto se gire, remítase el aludido escrito original de agravios, a fin de que se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto al recurso de revisión en comento. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. *Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por ***, en su carácter de autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interponen RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el veinte de septiembre de dos mil veintitrés.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios.** *Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente.********************Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente.***Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema.********************Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.******Notifíquese personalmente y cúmplase.*

  4. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 999/2023-III-B, promovido por GERARDO DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Gerardo de Jesús Ruiz Hernández a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que atribuye a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 999/2023-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, se tiene que los quejosos reclaman: La resolución dictada el doce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 248/2015, promovido en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se fijó la responsabilidad de la demandada, con motivo de su oposición a reinstalarlo en cumplimiento del laudo al que fue condenada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resulta infundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, por lo que procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Para arribar a lo anterior, conviene precisar que de las constancias que conforman el juicio laboral 248/2015, remitido por la Presidente de la Junta responsable, las cuales constituyen antecedentes del acto reclamado y tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. En fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, por la Junta, aquí responsable, dictó laudo en el que condenó a la demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD a reconocer al actor GERARDO DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, una antigüedad laboral a su servicio a partir del dieciséis de junio de dos mil once, así como a considerar que la relación de trabajo que la une con dichos actores es por tiempo indeterminado, por lo que debe aplicar a la relación de trabajo del actor el contrato colectivo de trabajo único y pagarle las diferencias de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda para despensa, ayuda para transporte, pago adicional de vacaciones y aguinaldo, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el diez de marzo de dos mil catorce hasta el veintiocho de febrero de dos mil quince, fecha en la que fue separado de su trabajo, para lo cual se ordenó la apertura del incidente de liquidación. Igualmente, se condenó a la demandada a reinstalar al actor GERARDO DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, en el puesto de Comandante de Instalación adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión Aérea de Control Peninsular, y pagarle los salarios vencidos computados del 28 de febrero de 2015 fecha del despido, al 28 de febrero de 2016, fecha en la que vence el plazo de 12 meses a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y una vez vencido este se le deberá pagar los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago, como establece el citado numeral, cuya cuantificación deberá hacerse en el incidente de liquidación. 2. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de liquidación del laudo promovido por la parte actora, en la que se condenó a la demandada COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD a pagar los montos determinados en esa resolución por concepto de diferencias de las prestaciones consistentes en tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda para transporte, ayuda para despensa, pago adicional de vacaciones, días festivos y prima dominical correspondientes al periodo del 10 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015. Asimismo, se condenó a la nombrada demandada a pagar al actor, hoy quejoso, los salarios vencidos computados del 28 de febrero de 2015 al 28 de febrero de 2016, un cincuenta por ciento más por el periodo y los intereses sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable. 3. En fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la Junta Laboral responsable, levantó el acta relativa a la reinstalación del trabajador, aquí quejoso, en la que hizo constar que el apoderado de la demandada, se negó a dicha reinstalación, solicitando se fijen las indemnizaciones de ley correspondientes, con el objeto de dar por terminadas las relaciones laborales entre el actor y su representada, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. 4. Por acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, la junta laboral del conocimiento dictó auto de requerimiento de pago y embargo, a fin de requerirle la suma de $3'148,270.14 (tres millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos setenta pesos, moneda nacional), relativa a la cantidad laudada en el incidente de liquidación. 5. En fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la junta responsable dictó auto de requerimiento de pago y embargo, a fin de requerirle la cantidad de $167,315.22 (ciento sesenta y siete mil trescientos quince pesos, con veintidós centavos, moneda nacional), por concepto de intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. 6. Memorial de seis de mayo de dos mil veintidós, suscrito por el apoderado de la parte demandada en el que solicitó a la Junta responsable fijara las indemnizaciones de ley que le corresponden a su representada, con el objeto de dar por terminada la relación laboral con el actor. 7. Escrito de doce de mayo de dos mil veintidós, signado por el apoderado de la parte actora en el que solicitó a la Junta responsable se fijara la responsabilidad económica que resulte al patrón, con motivo de la solicitud de la demandada, a fin de que se declaren terminadas las relaciones laborales. 8. En fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia incidental innominada relativa a la reinstalación del actor, en la que la junta laboral tuvo por presentados a las partes actora y demandada, ratificándose de sus respectivos escritos y por ofrecidas las pruebas que relacionaron. 9. En fecha doce de junio de dos mil veintitrés, la junta laboral responsable emitió resolución relativa al incidente de no acatamiento al laudo planteado por la parte demandada; misma que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Al respecto, como concepto de violación, el quejoso aduce lo siguiente: Que la resolución impugnada vulnera sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como los principios de exhaustividad y congruencia, en términos del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque omite pronunciarse respecto a la solicitud de fijar la responsabilidad que le resulte al patrón, en términos de lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque omite condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones y salarios vencidos que contempla el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, en sustitución a la reinstalación a la que fue condenada, así como al pago de la compensación por la terminación de la relación de trabajo y la prima legal de antigüedad en términos de la cláusula 46 fracciones IV y V del Contrato Colectivo de Trabajo y al pago de los salarios completos por todo el tiempo que el trabajador se vio imposibilitado para desempeñar sus labores por causas imputables a la demandada, ante su negativa a reinstalarlo. De manera que al ordenar la apertura del incidente de liquidación vulnera sus derechos fundamentales, porque este solamente puede ser ordenado cuando se hayan resuelto en su totalidad todas las prestaciones deducidas por las partes y siempre que no pueda hacerse una condena líquida. Tales argumentos, como se dijo, devienen infundados, puesto que contrario a ello la autoridad responsable sí fundamentó y motivó la resolución reclamada. Al respecto, es dable señalar lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." En el caso debe precisarse que de conformidad con los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos constitucionales invocados, un acto que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica del gobernado, debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y estar fundado y motivado. Ahora bien, por fundamentación se entiende la necesidad de que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general; es decir, que exista una ley que así lo autorice, ya que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En tanto que, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse que al existir una norma jurídica, el caso o situación concreta respecto de los que se pretende cometer un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal en que funda su acción. De esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una ley, es decir, aunque esté debidamente fundado. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógicos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los supuesto de la norma que invoca. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial número 43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 769, Tomo III, correspondiente al mes de Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Por otro lado, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con los diversos principios de exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, la autoridad competente está obligada al emitir su fallo, de ocuparse de todas y cada una de las pretensiones que plantea la parte que pide. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Precisado lo anterior, contrario a lo alegado por el quejoso, sí se cumplieron los aludidos requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, así como de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución, pues del análisis de la determinación reclamada se desprende que la Junta laboral responsable, primeramente estableció que la litis incidental consistía en resolver la procedencia o no del incidente que planteó el demandado respecto a la reinstalación del actor en el puesto "Comandante de Instalación adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión de Área de Control Peninsular", a la que fue condenado en el laudo. Lo anterior, porque se trata de un trabajador de confianza, y en base a ello, la demandada queda eximida de reinstalarlo, en términos de la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que refirió, que correspondía a la demandada, la carga de la prueba del carácter de trabajador de confianza que adujo, en términos de lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. Así, con base en los elementos probatorios aportados, declaró la junta laboral la procedencia del incidente de no acatamiento al laudo planteado, al quedar evidenciado que el puesto que ocupaba el actor, es de confianza, y en virtud de que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, fracción III, dispone que el patrón queda eximido de reinstalar al trabajador en los casos de trabajadores de confianza, pues debido a la naturaleza de sus funciones impide que el patrón continúe depositando su confianza en él cuando ya la perdió, independientemente de que se actualice o no jurídicamente tal pérdida de confianza, pues en este caso opera la excepción a la regla general prevista en la fracción XXI del artículo 123 constitucional, al tener el demandado la facultad de determinar al personal de confianza a su servicio, según lo dispuesto en la citada cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo vigente en el demandado en el bienio 2015-2017. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, determinó la responsable, dar por terminadas las relaciones laborales que unieron al demandado con el actor. Por ello señaló, que deben cubrirse al actor los conceptos indemnizatorios correspondientes consistentes en: "tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, veinte días de salario por año de servicios prestados y conforme a la cláusula 46 fracción III inciso a), que establece: Los trabajadores se podrán separar o podrán ser separados del trabajo, por las causas que se mencionan y de acuerdo con las disposiciones siguientes: [..] III.- POR LAS PREVISTAS EN LA LEY ...a) DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD [...] esta cubrirá al trabajador afectado los salarios vencidos computados desde la fecha del despido, hasta un periodo máximo de doce meses del salario que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Asimismo, en la citada cláusula en su fracción III inciso a), establece: si al término del plazo señalado [...] no ha concluido el procedimiento o se ha dado cumplimiento [...] se pagara también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón de 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Precisando a continuación, lo siguiente: "siendo que las primeras dos prestaciones deben cuantificarse con base en el salario de la presente fecha, que es cuando se está dando por terminada la relación de trabajo, por lo que dado que no se cuenta con dicho salario para su cuantificación se ordena la apertura de un incidente de liquidación. Concluyendo que en dicha audiencia las partes deberán ofrecer las pruebas que consideren pertinentes para demostrar el salario del actor vigente en esa fecha; todo ello, con base en los artículos 947 fracción II y 50 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo anterior, se advierte que la autoridad laboral responsable, de manera congruente y exhaustiva, señaló las consideraciones y razonamientos lógico-jurídicos, que la llevaron a resolver la resolución que por esta vía se combate, ya que expuso con claridad las razones por las que consideró la procedencia del incidente planteado por la demandada, en cuanto a no acatar el laudo, en la parte en que se le condenó a reinstalar al actor en sus funciones laborales que reclamó; así como a declarar terminadas las relaciones laborales que unían a la demandada con el actor; y establecer la indemnización que le corresponde al actor, citando los preceptos legales que apoyan esa decisión. De igual manera, también se observa que la junta laboral, cumplió con los referidos requisitos constitucionales, al ordenar la apertura de un incidente de liquidación, para cuantificar las prestaciones relativas a "tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, veinte días de salario por año de servicios prestados". Porque dichas prestaciones, como declaró, deben cuantificarse con base en el salario de la fecha de la resolución, que es cuando se está dando por terminada la relación de trabajo; de ahí que, efectivamente, de manera congruente, estimó que al no contar con ese dato, es que resulta procedente la apertura del incidente de liquidación, para realizar las operaciones correspondientes a la cuantificación que conforme al artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, pero con base en el salario vigente a esa fecha respecto de las prestaciones que señaló, lo que lejos de perjudicar al trabajador, lo beneficia en cuanto a que lógicamente el monto a cuantificar será superior al salario integrado que se tiene determinado en resoluciones anteriores que data de dos mil dieciocho. Sobre el particular resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, registro: 238924 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 30, tercera parte, que a la letra dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." De igual forma cobra aplicación, por su sentido jurídico, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/13, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1187, Tomo XV, marzo 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas". En las condiciones apuntadas, al haber resultado infundado el concepto de violación formulado, lo que legalmente procede es negar al quejoso GERARDO DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GERARDO DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy -veinte de septiembre de dos mil veintitrés-, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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