Gerardo García Méndez

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Gerardo García Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los autos del toca 52/2023 que remitió la Segunda Sala del Tribunal Suprior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 383/2023, promovido por*** contra un acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; empero, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. Son inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se actualice alguna de las hipótesis en las que proceda suplir la deficiencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Así en principio, resulta fundado pero inoperante el motivo de disenso en el que el impetrante de amparo refiere en esencia que la resolución reclamada transgrede, entre otras, la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Carta Magna, dado que la responsable no indicó de qué disposición normativa se desprendía que uno de los requisitos para que proceda la prescripción de ejecución de una sentencia, consiste en que el asunto se encuentre en un "estado de abandono", pues, señala, la ley de la materia únicamente exige que haya transcurrido el plazo de diez años para que opere dicha figura. Se sostiene lo anterior, pues aun cuando asiste razón al impetrante en el sentido de que el Tribunal responsable no citó de manera particular fundamento alguno de donde se desprendiera el requisito al que hace alusión en su motivo de inconformidad; ello es insuficiente para otorgar el amparo solicitado, toda vez que contra lo sostenido por el quejoso uno de los requisitos para que se actualice la prescripción de la acción para solicitar la ejecución de la sentencia dictada en los juicios civiles, además del sólo transcurso del tiempo, es el relativo a que exista inactividad procesal del ejecutante. Se explica. El artículo 375 del Cogido de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone que la acción para pedir la ejecución de una sentencia, prescribe en el plazo de diez años, contados a partir del día en que venció el término para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. Por su parte, el artículo 1168 del Código Civil de la Entidad, señala que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley En ese entendido, la prescripción negativa supone la extinción de la eficacia de una determinada pretensión por no haber sido ejercitada en juicio dentro del plazo legal dispuesto para tal efecto. Esta pérdida de eficacia es consecuencia de la inercia o inactividad del titular del derecho sustantivo pretendido o efectivamente existente durante un cierto espacio de tiempo establecido en ley término prescriptivo. Por tanto, para que opere la prescripción negativa se requiere necesariamente el silencio o la inacción del acreedor durante el tiempo señalado por la ley, ya que esta institución subyace en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. Esto es, la inactividad, el silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica, pues no es permisible que el procedimiento de ejecución se eternice o quede paralizado al arbitrio del particular que la inició y después abandonó. Sobre el particular, es pertinente indicar que la Primera Sala de la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que opere la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia se requiere además del transcurso del tiempo señalado por la ley, que el acreedor o ejecutante haya permanecido en completa inacción durante ese plazo. De lo anterior se advierte que los elementos que deben reunirse para que opere la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia son*** El transcurso del tiempo fijado por la ley*** La inactividad o inercia del titular del derecho. Estimar lo contrario, como lo pretende el inconforme, es decir, que este último requisito es innecesario para que se actualice la figura de trato, llegaría al absurdo de que la parte ejecutada podría realizar medidas dilatorias, como interponer recursos o juicios de amparo, y por el simple transcurso del tiempo el vencedor perdería su derecho a ejecutar la sentencia, lo que evidentemente contravendría en perjuicio de la parte vencedora su derecho a una tutela jurisdiccional, en su etapa relativa a lograr la eficacia de la sentencia; derecho que, como se vio, se encuentra contemplado por el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese entendido, resultó correcta la determinación de la responsable, respecto de que el sólo transcurso de los diez años que prevé el artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, no conlleva a que prescriba el derecho a ejecutar una sentencia, sino que tal plazo debe estar necesariamente acompañado de la ausencia de actuaciones que impulsen el procedimiento de ejecución; lo que, en la especie, indicó, no acontecía. Por otro lado, también resulta inoperante el motivo de disenso en el que el quejoso refiere sustancialmente que la sala responsable inadvirtió que si bien el tercero interesado impulsó el procedimiento, de las constancias que integran el sumario de origen, se advierte que algunas de sus peticiones no fueron acordadas favorablemente; lo que, dice, resultaba necesario aconteciera, ya que*** sólo las promociones que impulsan correctamente el procedimiento pueden tomarse en cuenta para interrumpir el plazo de la prescripción y no aquellas que, con la mera argucia de retardar el procedimiento o por desconocimiento jurídico, sean presentadas para utilizar el plazo computado, o sea que la ejecutante en el juicio natural presentó promociones improcedentes, con el objeto de no contabilizar el tiempo transcurrido para que operara la prescripción*** La inoperancia de dicho motivo de inconformidad deriva de que se trata de un aspecto novedoso respecto del cual el Tribunal responsable no estuvo en posibilidades de pronunciarse, dado que no se plantearon en los agravios en la apelación; por tanto, no resulta procedente analizarlos. Así es, si en la expresión de agravios no se sometió a la potestad de la responsable el tópico que ahora se plantea en el presente concepto de violación; entonces, la sala civil responsable no estuvo en posibilidad de pronunciarse acerca de lo aducido por el impetrante; en consecuencia, este órgano de control constitucional no puede examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de cuestiones que no formaron parte de la litis de segunda instancia, ello atento a la técnica que rige al juicio de amparo. De ahí la inoperancia del concepto de violación en análisis. En ese entendido, al ser inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, por no actualizarse alguna de las hipótesis en las que proceda suplir la deficiencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo impetrado. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a*** contra el acto reclamado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado

  3. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 383/2023, promovido por*** contra un acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; empero, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. Son inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se actualice alguna de las hipótesis en las que proceda suplir la deficiencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Así en principio, resulta fundado pero inoperante el motivo de disenso en el que el impetrante de amparo refiere en esencia que la resolución reclamada transgrede, entre otras, la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Carta Magna, dado que la responsable no indicó de qué disposición normativa se desprendía que uno de los requisitos para que proceda la prescripción de ejecución de una sentencia, consiste en que el asunto se encuentre en un "estado de abandono", pues, señala, la ley de la materia únicamente exige que haya transcurrido el plazo de diez años para que opere dicha figura. Se sostiene lo anterior, pues aun cuando asiste razón al impetrante en el sentido de que el Tribunal responsable no citó de manera particular fundamento alguno de donde se desprendiera el requisito al que hace alusión en su motivo de inconformidad; ello es insuficiente para otorgar el amparo solicitado, toda vez que contra lo sostenido por el quejoso uno de los requisitos para que se actualice la prescripción de la acción para solicitar la ejecución de la sentencia dictada en los juicios civiles, además del sólo transcurso del tiempo, es el relativo a que exista inactividad procesal del ejecutante. Se explica. El artículo 375 del Cogido de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone que la acción para pedir la ejecución de una sentencia, prescribe en el plazo de diez años, contados a partir del día en que venció el término para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. Por su parte, el artículo 1168 del Código Civil de la Entidad, señala que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley En ese entendido, la prescripción negativa supone la extinción de la eficacia de una determinada pretensión por no haber sido ejercitada en juicio dentro del plazo legal dispuesto para tal efecto. Esta pérdida de eficacia es consecuencia de la inercia o inactividad del titular del derecho sustantivo pretendido o efectivamente existente durante un cierto espacio de tiempo establecido en ley término prescriptivo. Por tanto, para que opere la prescripción negativa se requiere necesariamente el silencio o la inacción del acreedor durante el tiempo señalado por la ley, ya que esta institución subyace en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. Esto es, la inactividad, el silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica, pues no es permisible que el procedimiento de ejecución se eternice o quede paralizado al arbitrio del particular que la inició y después abandonó. Sobre el particular, es pertinente indicar que la Primera Sala de la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que opere la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia se requiere además del transcurso del tiempo señalado por la ley, que el acreedor o ejecutante haya permanecido en completa inacción durante ese plazo. De lo anterior se advierte que los elementos que deben reunirse para que opere la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia son*** El transcurso del tiempo fijado por la ley*** La inactividad o inercia del titular del derecho. Estimar lo contrario, como lo pretende el inconforme, es decir, que este último requisito es innecesario para que se actualice la figura de trato, llegaría al absurdo de que la parte ejecutada podría realizar medidas dilatorias, como interponer recursos o juicios de amparo, y por el simple transcurso del tiempo el vencedor perdería su derecho a ejecutar la sentencia, lo que evidentemente contravendría en perjuicio de la parte vencedora su derecho a una tutela jurisdiccional, en su etapa relativa a lograr la eficacia de la sentencia; derecho que, como se vio, se encuentra contemplado por el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese entendido, resultó correcta la determinación de la responsable, respecto de que el sólo transcurso de los diez años que prevé el artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, no conlleva a que prescriba el derecho a ejecutar una sentencia, sino que tal plazo debe estar necesariamente acompañado de la ausencia de actuaciones que impulsen el procedimiento de ejecución; lo que, en la especie, indicó, no acontecía. Por otro lado, también resulta inoperante el motivo de disenso en el que el quejoso refiere sustancialmente que la sala responsable inadvirtió que si bien el tercero interesado impulsó el procedimiento, de las constancias que integran el sumario de origen, se advierte que algunas de sus peticiones no fueron acordadas favorablemente; lo que, dice, resultaba necesario aconteciera, ya que*** sólo las promociones que impulsan correctamente el procedimiento pueden tomarse en cuenta para interrumpir el plazo de la prescripción y no aquellas que, con la mera argucia de retardar el procedimiento o por desconocimiento jurídico, sean presentadas para utilizar el plazo computado, o sea que la ejecutante en el juicio natural presentó promociones improcedentes, con el objeto de no contabilizar el tiempo transcurrido para que operara la prescripción*** La inoperancia de dicho motivo de inconformidad deriva de que se trata de un aspecto novedoso respecto del cual el Tribunal responsable no estuvo en posibilidades de pronunciarse, dado que no se plantearon en los agravios en la apelación; por tanto, no resulta procedente analizarlos. Así es, si en la expresión de agravios no se sometió a la potestad de la responsable el tópico que ahora se plantea en el presente concepto de violación; entonces, la sala civil responsable no estuvo en posibilidad de pronunciarse acerca de lo aducido por el impetrante; en consecuencia, este órgano de control constitucional no puede examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de cuestiones que no formaron parte de la litis de segunda instancia, ello atento a la técnica que rige al juicio de amparo. De ahí la inoperancia del concepto de violación en análisis. En ese entendido, al ser inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, por no actualizarse alguna de las hipótesis en las que proceda suplir la deficiencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo impetrado. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a*** contra el acto reclamado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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