Gerardo Balseca Viveros
Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Balseca Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Vistos, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 455/2020, promovido por *******, contra actos del 1. Licenciado Florencio Hernández Espinoza, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral, con sede en Orizaba, Veracruz, y otra autoridad. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El quejoso, *******, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ? La emisión de alguna orden de aprehensión girada en su contra; y su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables, 1. Licenciado Florencio Hernández Espinoza, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral, con sede en Orizaba, Veracruz, y 2. Policía Ministerial, Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz; al rendir sus informes previos, reconocieron la existencia de los actos reclamados, pues a ese respecto señalaron, en lo que trasciende, que en audiencia celebrada el diez de septiembre de dos mil veinte, dentro del proceso penal 102/2017, se giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, *******, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito despojo. TERCERO. Con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, la suspensión se otorga condicionando sus efectos en los siguientes términos: Si el delito atribuido a la parte quejosa es de aquellos en que procede decretar prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva se concede para el único efecto de que el quejoso, *******, quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal en el lugar que se destine para su reclusión, y a la de la autoridad que conoce de su proceso para la continuación del procedimiento penal, ello, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente. En cambio, si dicho ilícito es de aquellos que no implican prisión preventiva oficiosa, con apoyo en el citado numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva se concede para el efecto de que el quejoso, *******, no sea detenido, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente. En el entendido de que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades; si el peticionario del amparo es sorprendido en flagrante delito o se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 Constitucional; si la orden es librada por autoridad judicial distinta a las señaladas como autoridades responsables o si es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga garantía en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de esta determinación, a satisfacción de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), cantidad que se fija tomando en consideración la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución de los actos reclamados. Dicha garantía deberá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Si el promovente exhibe billete de depósito deberá procurar que el mismo sea expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), en el entendido de que al llenar el rubro denominado concepto deberá especificar que se exhibe "para que surta sus efectos la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número de juicio de amparo 455/2020)", o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley, A NOMBRE DEL DIRECTO QUEJOSO COMO DEPOSITANTE, ante y a satisfacción de este juzgado. En caso de ser póliza de fianza, deberá de ser a disposición de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con los artículos 174, 175 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 278 de ese ordenamiento. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se previene al promovente para que con fundamento en el artículo 166, fracción II, del ordenamiento legal en cita, se presente ante el Juez responsable, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de esta resolución para la continuación del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de las autoridades responsables el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J.149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 371, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DE LA QUEJOSA DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación de la quejosa de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con idéntico apercibimiento se requiere a las autoridades responsables para que informen el incumplimiento de la parte quejosa de comparecer a la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE a *******, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, precisadas en el considerando segundo, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso tercero.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21/10/2020 QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Licenciado Florencio Hernández Espinoza, Juez de Control y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, del Juzgado Penal de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, con tres anexos, consistentes en dos discos de videograbación y copias certificadas de diversas constancias relativas al proceso penal *********, de su índice. Ahora, de los discos de videograbación enviados por el Juez responsable, se advierte que el doce de octubre de dos mil veinte, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso **********, al decretar auto de vinculación a proceso en su contra, por el delito de despojo, cometido en agravio del patrimonio de Inocencio D. Santos Rosales, en el citado proceso penal. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, se advierte que el peticionario de amparo reclama del Licenciado Florencio Hernández Espinoza, Juez de Control y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, del Juzgado Penal de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, la orden de aprehensión girada en su contra, en el proceso penal **********, por el delito de despojo, cometido en agravio del patrimonio de Inocencio D. Santos Rosales; y su ejecución. Sin embargo, de los discos de videograbación remitidos por el Juez responsable en esta data, que contienen la audiencia inicial y la continuación de ésta, celebrada el doce de octubre de dos mil veinte, se advierte -en lo que trasciende- que en dicha audiencia se dictó en contra del aquí quejoso, ************, auto de vinculación a proceso, al acreditarse su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como despojo, cometido en agravio del patrimonio de Inocencio D. Santos Rosales. Discos de videograbación que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificados por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes:"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de doce de octubre del año en curso, dictada por el citado Juez de Control y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, del Juzgado Penal de Primera Instancia, con sede en Orizaba, (Florencio Hernández Espinoza), dentro del proceso penal **********, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. En ese entendido, al operar la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo y, por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario dar vista a las a partes con el informe justificado rendido por el Juez de Control responsable, así como llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. Por las consideraciones que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 87/2012 (10a.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, guárdense en la secretaría de este Juzgado los discos de videograbación, para mejor manejo del presente expediente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado y anexo, rendido por el 2. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo
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