Gerardo Fuentes Ruíz
Expediente 1058/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 25/10/2016
Partes del expediente
- Legislatura del Estado Libre y Soberano de México
- Gerardo Fuentes Ruíz
- Gerardo Fuentes Ruíz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se sobreseyó el mismo. (Fojas 412 a 425) 2. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso Gerardo Fuentes Ruiz, por propio derecho y en representación de su menor hijo Diego Gerardo Fuentes Velázquez, interpuso recurso de revisión, mismo que, por razón de turno, correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, registrándolo bajo el número 6/2016, en el que mediante ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, modificó el fallo recurrido; sobreseyó por una parte; negó por otra; y, finalmente, concedió la protección constitucional al quejoso de mérito, contra los actos que reclamó del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, jefe de la unidad de atención al derechohabiente de Naucalpan y encargado del módulo número seis, del aludido instituto, respecto la inconstitucional condicionante de afiliar al menor a la clínica o unidad médica más cercana al domicilio de su progenitor y, no por razón del domicilio del infante. (Fojas 480 a 506) 3. En virtud de lo anterior, por auto de dos de junio del año en curso, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables mencionadas anteriormente. (Folio 507 a 509) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. El Tribunal Colegiado de mérito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan y Encargado del Módulo Seis del aludido instituto: ".no supediten la afiliación de Diego Gerardo Fuentes Velázquez al domicilio de su progenitor Gerardo Fuentes Ruiz, por lo que deberán afiliarlo en el domicilio que legalmente tenga el menor, acorde a lo establecido en el artículo 5° del Reglamento de Servicios de Salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y, una vez ocurrido ello, en términos del artículo 9 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se realice el trámite de credencialización respectivo...". En ese tenor, a través de las misivas de siete de junio y diecinueve de agosto, ambas de dos mil dieciséis, en la primera, la representante legal de las autoridades responsables, informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancias para acreditarlo (fojas 656 a 658 de autos). Así mismo, mediante la segunda, la autorizada de las mismas, informó sobre la forma en que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitió copias certificadas para avalar tal extremo. (Fojas 680 a 685 de autos) Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Por autos de nueve de junio y veintidós de agosto, ambos del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tales constancias se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que lo hubiesen hecho. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autorizada de las autoridades responsables Consejo Directivo y Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, ambas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió copia certificada del oficio 203F 43200/3025/2016 de diecinueve de agosto del año en curso, por medio de la cual la Jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, hace del conocimiento del Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica y Consultiva del referido instituto, que: ".Por medio del presente, en respuesta a su Oficio No. 203F12101/UJC/SC/DCA/2557/2016 le informo que en efecto se dio cumplimiento a lo requerido, dado que el día 17 de Junio de 2016 se realizó la afiliación de DIEGO GERARDO FUENTES VELÁZQUEZ así como su credencialización..". Remitiendo al efecto, entre otras constancias, copia certificada del Recibo de Ingresos folio 837242, expedido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con sede en Naucalpan de Juárez, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nombre de DIEGO GERARDO FUENTES VELÁZQUEZ, con clave ISSEMYM 026504-II, con el que se acredita la afiliación a ese instituto del menor hijo del quejoso, en la clínica más cercana al domicilio que legalmente tiene el referido menor. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que las autoridades obligadas a cumplir la concesión de amparo acataron los aspectos establecidos en la ejecutoria de amparo y cumplieron los lineamientos de la misma, ya que acreditaron la afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con sede en Naucalpan de Juárez del menor DIEGO GERARDO FUENTES VELÁZQUEZ, en la clínica más cercana al domicilio que legalmente tiene establecido. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. e) Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado; empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. f) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. g) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autorizada de las autoridades responsables Consejo Directivo y Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, ambas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite copias certificadas que acreditan su dicho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de junio de la presente anualidad, legalmente notificado, como consta en autos, se requirió a las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Consejo Directivo, Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Encargado del Módulo Número Seis del Registro de Derechohabientes en el Municipio de Naucalpan, todos de la dependencia supracitada, a efecto de que dieran cabal cumplimiento con la ejecutoria amparante dictada en autos; a la data no se tiene respuesta de dichas comunicaciones. Por tanto, requiérase nuevamente a dichas autoridades, para que en el término de veinticuatro horas a partir de su legal notificación den cumplimiento a la sentencia amparadora correspondiente. Apercibidas que de ser omisas a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se les impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se les apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la representante legal de las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Consejo Directivo, Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Encargado del Módulo Número Seis del Registro de Derechohabientes en el Municipio de Naucalpan, todos de la dependencia supracitada, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remite diversas constancias que así lo acreditan; asimismo, solicita se dé vista al quejoso a efecto de que comparezca en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan a cubrir los requisitos documentales necesarios y se realice la credencialización de su menor hijo. En ese tenor, córrase traslado al quejoso, con copia del oficio de cuenta, a efecto de que la responsable esté en aptitud de cumplir con el fallo protector. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la ley en materia, requiérase a las autoridades responsables citadas, para que una vez que se lleve a cabo el cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en el improrrogable término de tres días, hagan del conocimiento de este órgano de control constitucional lo acontecido y remita las constancias que lo acrediten. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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