Gerardo del Mazo Morales

Expediente 1704/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1704/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Gerardo del Mazo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. RESOLUCIÓN QUEJA Agréguese el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 219/2018, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Gerardo Del Mazo Morales, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1704/2018., por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta ejecutoria.". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto e informa que lo admitió con el número 219/2018.

  3. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso, por el cual interpone queja contra el auto de veintidós de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios, copia simple del mismo y copia certificada del presente sumario.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Intégrese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual desahoga la prevención formulada el doce de los actuales; en atención a lo anterior, téngase por cumplido ese requerimiento. DESECHAMIENTO. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, así como del diverso juicio de amparo 1702/2018-I-A del índice de este juzgado, el cual resulta hecho notorio de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su numeral 2, se advierte que el peticionario de amparo reclama lo siguiente: - Del Magistrado de la Sala Unitaria Penal del Estado de México, la resolución de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 84/2018, en la que confirmó el auto de ocho de mayo del año en curso, emitido en la causa penal 1/2017 por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en el que decretó la libertad de Gerardo del Mazo Morales (aquí quejoso) por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. - Del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, la ejecución de la resolución antes mencionada. En ese contexto, este Juzgado de Distrito -de oficio- considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento respecto del acto aquí reclamado, Para corroborar tal postura, es necesario transcribir los preceptos legales antes referidos, a continuación: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:-------------------------------------------------------- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;--------- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;------------------------ III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;------------------------------- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.------------------------------------------ Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.------ Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:------------------- (.)-------------------------------------------------------------------------------- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.---- No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.--------------- Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.----------------------------------- Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional que alberga el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, pues al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción en cuanto a que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de tales normas o actos. Es importante mencionar que el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones, las cuales se enuncian a continuación: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para empezar a computar el plazo de presentación de la demanda; a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En ese orden, del análisis de la demanda, así como del escrito de desahogo, se advierte en primer término, que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar al aquí quejoso, el ocho de mayo del año curso, en la causa penal 1/2017 de su índice, lo que evidencia que el impetrante de amparo tuvo conocimiento desde la notificación de dicho auto para impugnarlo como ahora pretende hacerlo, lo que en la actualidad es improcedente. Con base en ello, y toda vez que el acto de autoridad analizado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo, resulta indiscutible que contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, como se dijo el primer acto emitido por el juez primigenio quien dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar al aquí quejoso, el ocho de mayo del año curso, en la causa penal 1/2017, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. En tales condiciones, si la demanda que dio origen al presente sumario fue presentada hasta el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; por ende, es improcedente la demanda intentada. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Aunado a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo en vigor, respecto del diverso acto reclamado al Magistrado de la Sala Unitaria Penal del Estado de México, quien emitió la resolución de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 84/2018, en la que confirmó el auto de ocho de mayo del año en curso, emitido en la causa penal 1/2017 por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en el que decretó la libertad de Gerardo del Mazo Morales (aquí quejoso) por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, también procede desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, pues es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio al impetrante. Conviene señalar que la Ley que rige el juicio constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6, por su orden, establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto, no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si el quejoso reclama de las autoridades responsables la resolución de quince de octubre del año en curso y su ejecución, es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio, pues de lo manifestado por el promovente, así como del diverso juicio de amparo 1702/2018-I-A de este índice, en específico del informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala Unitaria Penal del Estado de México (autoridad señala como responsable en el presente asunto), se aprecia que dicha determinación confirmó el auto de libertad otorgado en su favor, por no haber elementos suficientes para procesar, con las reservas de ley, de lo que se colige que no existe afectación en la esfera jurídica del gobernado aquí quejoso, pues la resolución que reclama le beneficio en lugar de causarle al perjuicio. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.". De modo que, con lo relatado con anterioridad resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de garantías indirecto que se promueve, al actualizarse también la diversa causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, a contrario sentido, ambos de la Ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente.

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