Gerardo Cruz Ortega
Expediente 207/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Cruz Ortega
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
- Principal
se regulariza el procedimiento, para efecto de dejar insubsistente la instrucción ordenada en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno y se ordena la depuración del presente juicio, debiendo conservarse la demanda, así como la determinación en la que se decretó la suspensión de plano y la presente en donde se ordena su archivo, así como los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios.
- Principal
Se agrega oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, mediante cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento dela demanda de amparo formulada por Gerardo******quedando registrado bajo el progresivo 201/2021 de su índice. Se ordena el archivo el presente cuaderno como asunto concluido...
- Principal
... mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión, remítanse debidamente digitalizadas las actuaciones que integran el expediente de mérito, a efecto de que el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, en turno, se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda y continuar con la secuela procesal; en el entendido que también se remiten vía mensajería acelerada las actuaciones originales, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo acostumbrado...
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Téngase a Gerardo Cruz Ortega promoviendo demanda amparo contra actos del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Zona 24, Oncología Médica, con sede en Poza Rica, Veracruz, y otra autoridad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 207/2021-I, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los actos reclamados en este asunto son: La negativa a brindar los servicios de salud que requiere el quejoso acordes a su padecimiento, por parte de la autoridades Director y Subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Zona 24, Oncología Médica, con residencia en Poza Rica, Veracruz. En mérito de lo anterior, en primer término, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado importa peligro a la vida; se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables cesen de inmediato la conducta negativa que por esta vía se reclama, esto es, para que bajo su más estricta responsabilidad se le proporcione la atención médica correspondiente a su padecimiento, toda vez que el derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende la atención médica hacia las personas, en este caso, otorgar el tratamiento necesario para combatir el cáncer de testículo, así como demás padecimientos derivados de la propia enfermedad. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen la atención médica urgente que requiera la parte promovente del amparo; la cual deberá ser adecuada y suficiente para el padecimiento que presenta actualmente; y de ser necesario, instrumente los medios y acciones que sean pertinentes para su tratamiento como lo puede ser, el traslado a otra unidad médica y cualquier acción que al efecto sea necesaria para brindar la atención médica oportunamente; lo anterior es así toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del hoy quejoso, además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al respecto se invoca la tesis P. XIX/2000, del epígrafe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito, en el término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en términos del diverso 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando los actos que se les reclaman, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. INCOMPETENCIA. Ahora bien, se precisa que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados. En ese tenor, para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU" Establecido lo anterior, y una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias que la acompañan, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. En primer término, se vuelve necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se apreciaque para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que se establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a la ejecución material no entiende solamente a su contenido producir en el mundo fáctico real. Así ha sido criterio sostenido por diversos Tribunales del país, que la omisión y/o negativa de las autoridades de brindar atención medica constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento del estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Motivo por el que, establecen, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, esto es, en donde deba otorgarse la atención médica que se reclama. Ahora, del escrito de demanda, se observa que el quejoso se duele de la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica oncológica que requiere; así como de la omisión de realizar las acciones administrativas para ser atendido en la institución médica que corresponda; no obstante que, refiere, su padecimiento es progresivo y lo coloca en peligro. De igual modo, se aprecia que dichos actos los reclama a autoridades residentes en Poza Rica, Veracruz; por ser ahí donde se ubican el Hospital General Oncológico donde previamente ha recibido atención médica, tal como se observa de las diversas documentales que anexó para tal efecto. Por lo que se deduce, que es en aquella localidad, en donde el quejoso debe recibir la atención médica que exige; y que también es ahí, en donde se deben efectuar las gestiones administrativas para que sea atendido en las instituciones correspondientes; sitios que se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano federal. En razón de lo anterior, es válido decir que si los actos que se reclaman son negativos con efectos positivos, los cuales se verán materializados en el lugar en donde las responsables tienen su domicilio (Poza Rica, Veracruz), al ser ahí donde realizarán los trámites correspondientes para otorgarle la atención médica y tratamiento adecuado al quejoso y, donde también se los proporcionarán; este Juzgado no tiene competencia para conocer de la demanda que se plantea. En esa tesitura y de acuerdo con la reglas sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado fuera el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente demanda de amparo, era menester que el acto reclamado se tratara de ejecutar o se estuviera ejecutando dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción, lo que en el caso no acontece, pues de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso Gerardo Cruz Ortega, se duele de la falta de atención médica por parte del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Zona 24, Oncología Médica, con sede en Poza Rica, Veracruz y otra autoridad residente en dicha ciudad; de ahí que se sostenga que el acto reclamado tiende a ejecutarse fuera de la demarcación territorial de este juzgado; por tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, y es evidente que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, en turno, que ejerce jurisdicción en aquélla ciudad en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, sin que se soslaye que el quejoso en la demanda de amparo refiera que tiene domicilio en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este órgano constitucional; pues como se explicó, donde se ha omitido proporcionarle atención médica que pide, es precisamente en Poza Rica, Veracruz, por lo que las responsables, allá ubicadas, deberán realizar los trámites respectivos y otorgarle atención medica respectiva, aunado a que es en aquélla clínica, en donde el quejoso se le ha proporcionado la atención medica con anterioridad; sitio cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito, con sede en Poza Rica, Veracruz. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el domicilio del quejoso no debe determinar la competencia del juez de distrito, porque adoptar una postura contraria, equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 207/2021-I, en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese el acuse de recibo. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Viliolfo Ramos Sánchez y Victor Ramos Domínguez, por contar con los registros de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, conforme al Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por su similar 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las catorce horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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