Gerado Leyva Diaz

Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
259/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Gerado Leyva Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: [...] Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta Juzgadora, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Numeral que es de contenido siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida: El principio de definitividad, consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa, y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, de una interpretación literal de la fracción y numeral en comento, se llega a la decisión que para su actualización, deben concurrir los requisitos de forma y de fondo siguientes: a) Que el acto reclamado proceda de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación de la parte agraviada agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente expresa:[...] Establecido lo anterior, procede determinar con precisión la materia sobre la que versa el presente asunto, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Fiscal Segunda de la Unidad de Atención Temprana del Sexto Distrito, con sede en esta ciudad, lo siguiente: a) La omisión o negativa del Fiscal responsable de acordar el escrito de veintiuno de abril de la presente anualidad, en que le solicitó que girara oficio a la Jefa de Peritos de la Delegación de los Servicios Periciales de esta ciudad, a fin de que designe perito criminalista para que lleve a cabo la inspección ocular y secuencia fotográfica en el lugar de donde ocurrieron los hechos. En ese sentido, es dable traer a colación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". A su vez, la fracción XXI del artículo 109 y el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen: "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los referidos preceptos normativos se advierte que, en su caso, las víctimas u ofendidos podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que la omisión citada, debe ser reclamada en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, el diverso 109 fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el peticionario de amparo por lo que, es imperativo para la parte quejosa agotar dicho recurso, previo a instar el juicio de amparo, Lo anterior es así, toda vez que se trata de una omisión que está relacionada con el desempeño de su labor investigadora, por lo que se estima sujeta a control judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control verifique si el agente del Ministerio Público investigador cometió o no alguna negligencia en el desempeño de sus funciones durante la etapa de investigación y en su caso conminarlo a que cese ese estado de las cosas. En tal virtud, si el promovente estima ilegal la omisión reclamada, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se le puede equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte -víctima- en dicho procedimiento y por ende, con tal carácter se encuentra integrada a la litis. Cabe destacar que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del citado recurso el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, registro 2017641, de rubro y contenido siguiente: [..]

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