Gerardo Castro Garcia

Expediente 214/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
214/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Castro Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a trece de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por -, a través del cual cumplen con la prevención que les fue formulada en proveído de siete de marzo en curso y exhibe copia certificada ante Notario de la Escritura Público número 5497, con la cual acreditan el carácter con que se ostentan. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se dersprende que los peticionarios de garatnáis, acuden a esta instancia constitucional, en cuanto representantes del Consejo de Administración de la persona moral actora -contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, de quien reclaman lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 9 nueve de febrero del año en curso, que dictó la responsable dentro del recurso de revocación dentro del juicio ordinario civil número -, el cual se tramita en el Juzgado Octavo de lo Civil de este distrito judicial, tendiente a violentar en mi perjuicio el debido proceso en mi perjuicio". Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial del dos de abril de dos mil trece, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La literalidad de los dispositivos transcritos es clara en establecer que el juicio de amparo indirecto resulta procedente contra actos en el juicio, sólo si éstos tienen una afectación sobre las partes contendientes en el juicio de imposible reparación. De igual forma, al respecto ha sido criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, en lo que definió a los actos de imposible reparación, como aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, misma que se aplica por identidad en el contenido de la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, con la V del numeral 107 de la ley de la materia vigente, y que es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Del contenido integral de la demanda de garantías se advierte que la promovente reclama la resolución de nueve de febrero del año en curso, dentro del juicio ordinario civil número 948/2017. Acto que no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, que no afectan materialmente derechos sustantivos, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, para que fuera procedente el juicio de amparo indirecto, pues el hecho de que la autoridad responsable haya declarado fundado el recurso de revocación interpuesto por- presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración de la persona moral denominada -interpuso contra el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual revocó el auto impugnado y se les tuvo por no desistiéndose de la acción en contra de la demandada aquí quejosa, y otro, en forma alguna trasgrede derechos sustantivos o fundamentales, como la vida, la libertad, propiedades y posesiones, entre otros; esto es, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino en todo caso la violación de derechos adjetivos que ocasione únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga resolución favorable a sus intereses, dentro del incidente de nulidad, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado, con la emisión por parte de la autoridad responsable del acto reclamado. De los preceptos legales reproducidos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).'; el Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para calificarlos como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Criterio que reiteró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, de la que derivó la tesis de rubro: 'CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.' Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a, situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, 2. La segunda, que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualiza la primera de las condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la impetrante, al grado que se les impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Lo anterior así se considera, porque de la demanda de amparo que se analiza se advierte que esencialmente se reclama la resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial, respecto de la que imperan las siguientes características: a) Tiene sus orígenes o aconteció derivado de un juicio civil que se encuentra en trámite, b) Se ordena la revocación del desistimiento de la acción del juicio en contra de -c) La aquí quejosa es parte actora. Consecuentemente, bajo ese sentido, es razonable considerar que si bien el acto aquí reclamado, pudiera afectar derechos, estos son adjetivos; es decir, tal afectación no se configura materialmente, dado que como es de verse, con su emisión no se le impide a la justiciable el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, sino que dicha afectación depende de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio. Circunstancia que desde luego resulta suficiente para estimar que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo intentado, al no surtirse una de las dos condiciones que enmarca el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, para su procedencia, a saber, que el acto reclamado afecte materialmente los derechos sustantivos de la impetrante. De ahí que la resolución pronunciada por la autoridad responsable dictada el nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil número 948/2017, que revocó el auto impugnado, y no tuvo por desistiéndose de la acción a -, no constituye un acto de imposible reparación o que traiga consigo una afectación material a un derecho sustantivo, y, en todo caso, de llegarse a producir alguna violación con dicha resolución, la misma reviste el carácter de meramente intraprocesal, la cual puede llegar a desaparecer en el caso de un dictado de sentencia favorable la quejosa, y que, en caso de no serlo, tiene a salvo sus derechos para reclamar las violaciones que considere pertinentes por medio del amparo directo, en términos de lo previsto en las fracciones VII y XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis l.1o.A.7 K 10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, Materia Común, página 1231, de rubro y texto siguiente: 'RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.' (Transcribe texto). Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 76, abril de 1994, Materia Común, página 13, de rubro y texto siguiente: 'PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DEAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.' (Transcribe texto). De igual forma, apoya lo anterior por su contenido, la Jurisprudencia 361, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, página 307, que establece: 'PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.' En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la ley de la materia en vigor. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia l.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 180663, cuyo rubro dice: 'DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En tales condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, aplicada en sentido contrario, de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que la presente determinación y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo da cuenta, promovida por -, quienes se ostentan Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Consejo de Administración de la persona moral actora "-contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia; regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el número IV-214/2018-1; y previo a admitirla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumplan con lo siguiente: A. Como los promoventes refieren ser Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la persona moral denominada -, requiéraseles para que exhiban el documento con el cual acrediten la representación que dicen ostentar, toda vez que no exhiben documento alguno con el cual lo acrediten. B. En la inteligencia que deberán anexar las copias de su libelo aclaratorio para correr traslado con ellas a todas y cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas, por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, dado que ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Apercibidos que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se les formula, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, del Tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la diversa la jurisprudencia número 37/2001, Materia Común, Novena Época, Pleno, publicada en la Página 125 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Se tiene a los promoventes señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales y por autorizado para ese efecto en términos del artículo12 de la Ley de Amparo al licenciado -, no así a los restantes, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, por lo que se les autorizada para imponerse de los autos y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente.

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