Gerardo Cabezas Trejo

Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
142/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Cabezas Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos, el despacho 41/2022, adjuntando las constancias relativas a la notificación realizada al quejoso-, el uno de abril en curso, respecto al auto de nueve de febrero último, en que se desechó su demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de febrero último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, pues como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración, sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo general en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-142/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán. En atención al acto reclamado, el Suscrito estima procedente desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto, se hace consistir en la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán. Ahora, los artículos 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (...) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (...) VII. Traslados." Preceptos legales de los que se desprende, que contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, se podrá presentar controversia judicial, de resultar desfavorable la decisión judicial, se podrá interponer recurso de apelación a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada por un Tribunal de Alzada. De ahí que antes de acudir a esta instancia, el peticionario debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del expediente 448/2019, en sesión celebrada en veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que a la letra reza: "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER JUICIO DE AMPARO: PRIMERA SALA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo." En esa medida, se concluye que en la especie no se satisfizo el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que este Órgano Jurisdiccional, estima que no se surte la excepción a dicho principio, prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, específicamente en el apartado donde ese dispositivo prevé: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Al respecto se cita la Jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se localiza en la página 94 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, con número de registro 205283, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y estatuye: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado; en tal virtud, con apoyo en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo por disposición expresa de su artículo 2°, y del numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que por su conducto, y en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, comisione a quien corresponde, se constituya en dicho centro de reclusión, y le notifique personalmente el presente auto al quejoso de referencia, dándole lectura íntegra del mismo, lo cual deberá asentar de forma expresa en el acta respectiva; hecho lo cual, devuelva la comunicación oficial de que se trata, con las constancias que acrediten su cumplimentación. Por otra parte, se tiene a la parte promovente por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a - quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a -, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Finalmente, como lo solicita el promovente, se le tiene proporcionando el correo electrónico -, para establecer contacto, en caso de que este Órgano Jurisdiccional, lo considere necesario. Notifíquese; y personalmente al quejoso mediante despacho. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

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