Gerardo Cabezas Trejo

Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
679/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Cabezas Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, agréguese el oficio 24798, que signa el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán mediante el cual remite las constancias relativas al exhorto 796/2022-239.E, mediante el cual se advierte que el quejoso Gerardo Cabezas Trejo, se desiste del juicio de amparo indirecto II-1168/2022 (ahora el juicio en que se actúa); sin que sea el caso, emitir mayor pronunciamiento a dicha manifestación, toda vez que con fecha siete de noviembre de este año se desechó la demanda de amparo, mismo que causa estado en este propio acuerdo. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el oficio 2353-GA signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento en cuanto al fondo en virtud a que con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós se recibió por diversa vía y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del oficio de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 201002, que remite la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la que dicho Juzgado determinó remitir el juicio de amparo II-1168/2022, escrito de demanda de amparo promovida por Gerardo Cabezas Trejo, por propio derecho, por haberse declarado legalmente incompetente. Lo anterior al considerar que los actos reclamados que el quejoso reclama se materializan o se lleva a cabo en el lugar en que este Juzgado ejerce jurisdicción, esto es en el Centro Federal de Readaptación Social de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, acepta la competencia planteada, toda vez que el acto reclamado tendra ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Gerardo Cabezas Trejo. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 679/2022. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en:... Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia... Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia:... Ahora, el acto reclamado consistente en la orden de traslado a otro centro de Readaptación Social de la ciudad de Sahuayo, Michoacán, de data trece de octubre del año dos mil veintidós, ya que refiere el quejoso, es donde se ha confirmado se llevarán a cabo sus audiencias de juicio oral, esto es, dentro de la causa penal 931/2021 la cual fue iniciada en la ciudad de Zamora, Michoacán, acto que se lo atribuye al JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, MICHOACÁN y otras autoridades. èste no puede ser estudiado por este Juzgado en amparo indirecto, por las razones de derecho que a continuación se explican: Es importante traer a mención, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de acuerdo al cual, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. El principio de definitividad de que se habla, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora, se presume que la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, del traslado se emitió por una autoridad judicial como lo es el JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, MICHOACÁN; por tanto, estudiar la constitucionalidad o no de esta resolución mediante el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que debe agotarse el medio ordinario de defensa, pues del análisis del acto reclamado señalado por el justiciable, se infiere que se trata de una medida relacionada con la condición de su internamiento que consiste en la orden de traslado, por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con las condiciones de su internamiento y en específico con la orden de traslado y su calificación. En efecto, los artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. ... De lo anterior, se tiene que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente; así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un órgano de decisión; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En esa tesitura, cuando obra una autorización judicial posterior como en este caso, el sentenciado pudiera acudir a cualquiera de las siguientes opciones: Cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 51, 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen el recurso de apelación ya sea Juez de Control o de ejecución y la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias o judiciales. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En tal virtud, en el caso debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de control o Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la posible orden de traslado que pudiera ejecutarse, procede el medio de impugnación denominado recurso de apelación; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, no se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado involuntaria en términos del artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En suma, previo a promover el juicio de amparo contra la orden de traslado, el quejoso debió agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que se desprende que dicho solicitante del amparo se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Apatzingán, Michoacán; con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1071, 1346, 1347 y 1397 del Código de Comercio, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Apatzingán, Michoacán y conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifique personalmente al quejoso Gerardo Cabezas Trejo, el presente proveído, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Téngase al quejoso designando como autorizado en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Christian Hellinger Valadez quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Mario Enrique Cervantes Vieyra, Julian Javier Lora Vivar, Martha Griselda García Samano, Cristian Flores Herrera, José Fernando Magdaleno Serrato y Valeria Rojas Aceves, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que el quejoso Gerardo Cabezas Trejo, señaló también como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Ebano número 34 de la colonia Las Fuentes, de la ciudad de Zamora, en atención a lo dispuesto por los artículos 138, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíense atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que comisione al actuario de su adscripción que se constituya en dicho domicilio y realice lo siguiente: 1). Notifique personalmente este acuerdo a Mario Enrique Cervantes Vieyra, Julian Javier Lora Vivar, Martha Griselda García Samano, Cristian Flores Herrera, José Fernando Magdaleno Serrato y Valeria Rojas Aceves y a Jorge Christian Hellinger Valadez, en cuanto autorizados del quejoso y los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique, señalen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas apercibiéndoles que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se publica en la lista de acuerdos de este juzgado. En la inteligencia de que una vez diligenciado el exhorto de que se trata, se solicita se remita a este Juzgado las constancias relativas a la notificación y requerimiento a la parte quejosa. ...Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. ... Notifíquese.

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