Gerardo Alejandro Abarca Velázquez
Expediente 632/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Alejandro Abarca Velázquez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Se tiene a Gerardo Alejandro Abarca Velázquez, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 632/2022. ... Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es:... Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, así, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis correspondiente. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ... Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:... Asentado la anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. En efecto, los preceptos legales referidos establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:... Es decir, el primer numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar, no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera, el segundo de los artículos transcritos, esto es, el dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera o después de juicio, es decir, específicamente, del estudio del segundo y tercer párrafos de la fracción IV del numeral transcrito, se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y si se trata de los procedimientos de remate la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella: Que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; Y, De igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en la que también puede reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así, en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que ha sido marcada con el inciso b) en este auto y, para mejor comprensión de dicha circunstancia, resulta pertinente destacar que el acto reclamado por Gerardo Alejandro Abarca Velázquez lo hace consistir en el verificado de la diligencia de rematen en su segunda almoneda, así ordenado en el Juicio Ordinario Familiar Oral 734/2018, sobre divorcio sin expresión de causa y en pensión alimenticia, por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, lo que en términos de los antecedentes, puede afirmarse válidamente que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia de ese proceso, en el cual figuró como parte demandada. En ese orden de ideas, no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución de la sentencia que puso fin al juicio, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo; por tanto, la notificación del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, es un acto de conocimiento a las partes en el procedimiento de ejecución para el verificativo de la audiencia de remate en su segunda almoneda, lo que corresponde a la etapa de ejecución, y la cual, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto acorde con la facción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia relacionados a remates, en el caso la casa del quejoso. De ahí que no la notificación a la diligencia que por esta vía se combate, ni el verificativo de la audiencia encuadran en los supuestos de los que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo, pues se observa que aún no se ha emitido la última resolución que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en el caso la casa del quejoso. Así las cosas, resulta improcedente la vía constitucional biinstancial, ya que éste será procedente una vez que se haya emitido una resolución que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, sin que se afecte algún derecho sustantivo de manera directa al directo quejoso, al menos no de propiedad, dado que, respecto a ese derecho en términos del artículo 14 Constitucional ya fue oído y vencido en juicio, al ser parte forma y material de este. Entonces, las posibles violaciones que el quejoso considere le fueron ocasionadas en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en su caso, deberá reclamarlas de manera conjunta con la resolución que en su caso ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Habida cuenta que las posibles infracciones que pudieran contener el acto reclamado serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales, pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por consiguiente, se obtiene que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, esto es, el ubicado en el número 306, de la calle Francisco J. Mujica, de la Colonia Revolución de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Gerardo Díaz Núñez, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse en autos Benjamín Carbajal Rodríguez, hasta en tanto acredite contar con la licenciatura en derecho, o bien, su registro en dicho sistema. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes restantes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y/o una cuenta de correo electrónico, para que en caso de ser necesario, establecer contacto para las videoconferencias que llegasen a ser necesarias. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. ... Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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