Gerardo Benjamín Coss Color

Expediente 1220/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1220/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Benjamín Coss Color

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículos 12 y 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 1220/2021-VII, promovido por Gerardo Benjamín Coss Color, contra actos que reclama de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán; Gerardo Benjamín Coss Color acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades señaladas con antelación, de quienes reclamó: "De la autoridad ordenadora: La emisión del oficio número SE/2814/2021 de fecha veintitrés de junio de la presente anualidad, mediante el cual me informa de manera general e refiere el cambio de adscripción del suscrito sin que funde y motive el oficio de referencia. De la autoridad ejecutora: La notificación del SE/2814/2021, de fecha 23 veintitrés de junio de la presente anualidad, mediante el cual me informa de manera general se refiere el cambio de adscripción del suscrito" En su ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el que por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, admitió la demanda. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Cuarto de Distrito determinó remitir el juicio en que se actúa a este Juzgado Tercero de Distrito, por conocimiento previo. En auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó el returno del expediente y lo registró bajo el número 1220/2021, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades con inicios de ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La determinación emitida el veintitrés de junio de dos mil veintiuno por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en la que se determina la readscripción del ahora quejoso como Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, al Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, con efectos a partir del veintiocho de junio del dos mil veintidós. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Magistrado del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, aceptaron la existencia del acto reclamado. A su vez, la notificadora de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, negó la existencia del acto que le fue atribuido. Sin embargo, realizó manifestaciones en su informe que evidencian la certeza del acto reclamado; aunado a que ostenta la calidad de ejecutora, por lo que en cualquier momento puede ejecutar el acto. De ahí que válidamente pueda considerarse que dicha negativa quedó desvirtuada y, por ende, que es cierto el acto que se le atribuye a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, de oficio se considera actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque la institución a la que se le atribuye el acto reclamado no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, al menos no en el caso particular. Se afirma lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con el 1º de la Ley de Amparo en vigor, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen o vulneren los derechos humanos o sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no encuadren en el concepto de autoridad, por no reunir los requisitos esenciales para ejercer respecto de ellos, un control de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, a fin de establecer las características de un acto de autoridad, se estima procedente establecer que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Así, la fracción II, del artículo 5º de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria o, que omite realizar un acto que de haberlo hecho, crearía, modificaría o extinguirá la situación jurídica. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad, se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas. En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Del panorama planteado, se obtiene que las notas distintivas de un acto de autoridad son las siguientes: a). La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b). Que emita actos jurídicos, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Ahora, acorde a lo establecido en el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, también pueden tener ese carácter los particulares; siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, esto es, para que un particular pueda tenerse como autoridad responsable en un juicio de amparo, será necesario que sus actuaciones revistan las siguientes características: a) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción. b) Que afecten derechos en los términos antes anotados; y que, c) Sus funciones estén determinadas por una norma general. Cabe señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5º de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia pudiera proceder la imposición de una sanción, o bien, que podrían hacerse cumplir forzosamente. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica; por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. Se afirma lo anterior, porque la violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela se pretende, debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral, según corresponda. Lo contrario significaría que cualquier incumplimiento de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma a la ley de la materia, pues del análisis que se realizará del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimiento ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional.. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al caso concreto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010168 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T.25 K (10a.) Página: 3823 AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origenla necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma.". Ahora bien, es el caso que del documento que el amparista exhibe con su demanda, se advierte que es trabajador del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y que el recibo de nómina fue expedido en Ario de Rosales, Michoacán. De lo que se sigue que los posibles derechos y obligaciones establecidos entre el Consejo del Poder Judicial del Estado y el aquí quejoso, tienen su origen en una relación de trabajo, es decir, de coordinación u horizontal, no así de supra a subordinación. Lo anterior significa que contra la emisión de la orden de readscripción del quejoso como secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, al similar de Sahuayo, Michoacán, procede una acción ante los tribunales ordinarios, como lo son los del orden laboral burocrático. Ello es así porque la relación jurídica que se establece entre la autoridad señalada como responsable y el quejoso, es de naturaleza horizontal, esto es, de órgano administrativo Poder Judicial del Estado de Michoacán como contratante de servicios y secretario como empleado y prestador de servicios, tal como sucede por ejemplo con los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro, no se trata pues de una relación de supra a subordinación. Afirmación que se realiza tomando en consideración que al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la Segunda Sala del Alto Tribunal, retomó lo que previamente había analizado en el amparo en revisión 772/2015, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Así, expuso que el juicio de amparo en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Por tanto, cuando se atribuye a un organismo del Estado la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en ese caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En cambio, cuando exista una respuesta a esa petición, no procederá la ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. Las consideraciones anteriores sustentan la ejecutoria que integró la jurisprudencia del contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011948 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.) Página: 898 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.". De lo anterior se sigue que la negativa a cumplir una obligación que (con independencia de su procedencia o no) tiene su origen en un acuerdo de voluntades, por parte de un organismo público que tiene el carácter de ente contratante en una relación laboral, no puede ser considerada como un acto de autoridad, porque por virtud de ella no se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, dado que el incumplimiento de las mismas, debe ser dilucidado por un tribunal ordinario. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido que a continuación se reproduce: "Época: Novena Época Registro: 160995 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 134/2011 Página: 1511 SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia.". A mayor abundamiento se estima necesario reiterar que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, no reviste el carácter de actos de autoridad, toda vez que en este caso en particular no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues la emisión de la determinación de readscripción del quejoso los coloca en un plano de coordinación que caracteriza a la igualdad procesal que subyace en ellas, como lo es el de una relación laboral. Dicho de otro modo, por regla general, si el acto reclamado consiste en que la autoridad señalada como responsable ha ordenado un cambio de sede para que el quejoso desempeñe las funciones en el mismo cargo de secretario que le fue conferido y con similares emolumentos, tal actuar deriva de su participación en una relación contractual dentro en un plano de igualdad, en el que no está dotado de aptitud impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el juzgador cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de relación de coordinación, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia del siguiente contenido literal: "Época: Décima Época Registro: 2016588 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así como la tesis que dice: Registro digital: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad competente, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre éste y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Lo anterior máxime que el propio quejoso expresa en su libelo que, no ha dado motivos para que se le haya hecho el cambio de adscripción, puesto que no ha sido acreedor a ninguna queja o sanción, en los casi tres años que refiere lleva desempeñando el cargo de secretario de acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán. En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia indicada al inicio de este considerando, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra de los actos combatidos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gerardo Benjamín Coss Color, por propio derecho, contra las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 1220/2021-VII, promovido por Gerardo Benjamín Coss Color, contra actos que reclama de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras; y ... por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gerardo Benjamín Coss Color, por propio derecho, contra las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1220/2021 promovido por Gerardo Benjamín Coss Color contra actos de la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Notificadora de la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que las autoridades señaladas como responsables adjuntaron como sustento de su informe justificado, pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito los formuló, mediante pedimento ministerial 242/2022, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de mayo de la presente anualidad. EL JUEZ Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesiónJUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍAsvm

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