Gerardo Ávila Álvarez

Expediente 1021/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1021/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Ávila Álvarez
  • Director General del Centro de Readaptación Social Número 17 Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. SE REMITE OFICIO A JUZGADO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN" de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Ahora, toda vez que de autos se advierte que en proveído de ocho de agosto del año en curso, se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, informando que se avoco al conocimiento del presente asunto, registrándolo con el número 557/2023; por tanto, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase al referido órgano jurisdiccional el ocurso de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. INFORMA AVOCAMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al diverso 13852 de dos de agosto en curso, informa que el cuatro de agosto pasado tuvo por recibido el original del juicio de amparo VIII-1021/2023 del índice de este juzgado; asimismo, comunica que en esa data se avocó al conocimiento del asunto, mismo que se registró con el número ********************. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 19, fracción I inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Director General del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN" con residencia en Buenavista Tomatlán, mediante el cual se manifiesta respecto de la suspensión de plano ordenada en auto de dos de agosto del año en curso. Lo anterior, toda vez que en el auto señalado este órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo de que se trata y se ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno con residencia en Uruapan. Por lo que una vez de que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito al que le haya correspondido conocer del asunto en cuestión, remítase el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por Gerardo Ávila Álvarez, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS- Michoacán" y/o Encargado de la Dirección de ese Centro Federal, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, dada la naturaleza del presente asunto, el suscrito califica la urgencia de dar trámite inmediato al presente asunto y proveer lo relativo a la medida suspensiva de plano en este propio auto, en virtud de que, al tenor de lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la calificativa de urgencia constriñe a los órganos jurisdiccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras esta se mantenga. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que en el caso justifica el pronunciamiento relativo a la suspensión de plano. En ese sentido, la parte quejosa sustancialmente reclama: La falta de atención médica general y la suministración del medicamento el cual necesita para recuperar su salud; La inasistencia por arte de Odontología; La negativa por ser atendido por el especialista en Psiquiatría; .La falta de atención por parte del Traumatólogo; La falta de asistencia por el Ortopedista; La negligencia en asistirlo por parte del Nutriólogo; La cancelación del medicamento Psiquiátrico. Ahora, la circunstancia de que el promovente del amparo manifieste los padecimientos que tiene y los tratamientos que requiere, lo que se corrobora con las constancias que se exhiben con la demanda, ponen de relieve que los actos reclamados pudieran trascender en la integridad personal incluso con riesgo en vida de la amparista, afectándose su derecho a la salud, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 486, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia realicen lo siguiente: a) Proporcionen la atención médica que estimen necesaria para atender correctamente los padecimientos o cuadros clínicos que presenta el quejoso; b) Suministrarle el o los medicamentos que le hayan sido prescritos por los médicos o especialistas que lo hayan valorado. En el entendido de que con esta determinación no se está constriñendo a las autoridades responsables a realizar las gestiones que la parte quejosa precisa en su ocurso, sino que debe de analizar la posibilidad que se expone y sólo en caso de se pueda realizarlo, lo haga del conocimiento de este juzgado. d) Informar de manera inmediata el tratamiento dado a la medida cautelar que ahora se emite a favor del quejoso Gerardo Ávila Álvarez, así como proporcionar el reporte médico y el expediente clínico, y la situación física de la cual se encuentre el aquí amparista. Por otro lado, se requiere a las citadas autoridades para que dentro del plazo de veinticuatro horas, a través de oficio, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada y legible de las constancias correspondientes y hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. SALVEDADES DE LA MEDIDA SUSPENSIVA En la inteligencia de que, si bien la medida suspensiva respecto la atención médica solicitada, tiende a tutelar un derecho humano de un particular, no puede estar por encima de derechos humanos de una colectividad ya que las responsables son instituciones de salud públicas, y por tanto, se estima necesario precisar que la medida no tiene por objeto alterar injustificadamente la agenda médica hospitalaria ni privilegiar la atención, revisión o tratamiento en favor de la parte quejosa; esto es, la atención médica se deberá recibir en los horarios y turnos que le correspondan a la amparista en relación a otros pacientes, sin perder de vista que debe ser lo más pronto posible y una vez que solicite su revisión médica y respetando el orden que las autoridades tengan establecido para las consultas con médicos generales, especialistas o de suministros de medicamentos. Además, en el dado caso de que las autoridades responsables, de acuerdo al cuadro clínico que presente la parte quejosa y en atención a la urgencia del caso, podrán practicar cualquier procedimiento necesario para evitar el riesgo en el estado de salud que guarde, según la valoración médica que efectuada. Lo anterior, es así ya que la medida decretada tiende a garantizar que se proporcione el acceso al derecho a la salud, más no generarle un privilegio en el entorno fáctico; pues con los elementos aportados hasta el momento, no se está en aptitud de conocer la situación médica que guarda Gerardo Ávila Álvarez, para determinar si se trata de un paciente que requiere otro tipo de atención médica, así como la prescripción de determinados medicamentos, estudios específicos o incluso el sometimiento a cirugía, pues ello sólo corresponde ser valorado y determinado por el personal médico correspondiente; aunado a que, esas cuestiones, en su caso, una vez allegadas las pruebas respectivas, podrán ser analizadas como materia del fondo del asunto y no susceptibles de ser valoradas a través de una medida suspensiva. Tienen aplicación al respecto, las tesis de los rubros y textos siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2001188 Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: I 4o. A 6 A (10a.) Página: 2056 SEGURO SOCIAL. SI EL ASEGURADO O SUS BENEFICIARIOS ACUDEN A SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DENTRO DE LAS OCHO SEMANAS POSTERIORES A QUE QUEDÓ PRIVADO DE SU TRABAJO Y AQUÉLLA SE PROLONGA POR UN PERIODO MAYOR, NO DEBE DEJAR DE PROPORCIONARSE EL SERVICIO, EN ARAS DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE LA MATERIA). El artículo 109 de la Ley del Seguro Social dispone, sustancialmente, que cuando un trabajador quede privado de trabajo remunerado, pero haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará, durante las ocho semanas posteriores a su baja, el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, derecho del que también gozarán sus beneficiarios. Así, el derecho a la salud que establece el indicado precepto debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentren totalmente recuperados el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que solicitaron sus servicios. En estas condiciones, si alguno de los sujetos señalados acude a solicitar atención médica en los términos planteados dentro de las ocho semanas posteriores a la privación del trabajo remunerado y ésta se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" - instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos." "Época: Décima Época Registro: 2002501 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.) Página: 626. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano." SE REMITE DEMANDA POR INCOMPETENCIA Atendido lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en turno del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, toda vez que el acto que reclama la parte promovente, requiere ejecución material y ésta tendrá verificativo en el lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se justifica a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprende, que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, la tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En el libelo que se estudia el promovente Gerardo Ávila Álvarez, reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS- Michoacán" y/o Encargado de la Dirección de ese Centro Federal y otras autoridades con residencia en Uruapan, Michoacán: La falta de atención médica general y la suministración del medicamento el cual necesita para recuperar su salud; La inasistencia por arte de Odontología; La negativa por ser atendido por el especialista en Psiquiatría; .La falta de atención por parte del Traumatólogo; La falta de asistencia por el Ortopedista; La negligencia en asistirme por parte del Nutriólogo; La cancelación del medicamento Psiquiátrico. De lo expuesto, el que suscribe estima, en principio que los actos aquí reclamados requieren ejecución material por tratarse de un tema de atención médica y además que en caso de ejecutarse probablemente tendrá verificativo en el Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, motivo por el cual, en la especie, se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado; por ende, si en el municipio apuntado ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Lo anterior, conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del propio año; ello, al encontrarse el municipio de Chiclhota, comprendido en el territorio en el que ejercen jurisdicción los citados juzgados federales. Tienen aplicación las siguientes tesis: "Época: Séptima Época Registro: 240065 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 199-204, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 12 COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. "Época: Décima Época Registro: 2012019 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.16 K (10a.) Página: 2093 COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión.". En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda, por no encontrarse en ninguno de los supuestos de los artículos 15 y 48, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Uruapan; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada; en la inteligencia que se deberá formar cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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