Gerardo Baltazar Chávez

Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
293/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Baltazar Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público adscrita, y la parte tercera interesada, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1 Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que ambos cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y no es de relevancia documental. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a éstas. 7. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 293/2023, promovido por Gerardo Baltazar Chávez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza Quinta Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de: La Jueza Quinta Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La orden de embargo dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, promovido por la moral denominada Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, misma que ordenó practicarse en el domicilio ubicado en calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la colonia y/o fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán, el cual refiere habitar con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós. La Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La inminente ejecución de la orden de embargo sobre bienes de su propiedad. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos que deben tener ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo expresaron al rendir su informe con justificación. En ese sentido, de manera esencial, la juez responsable manifestó que por auto de admisión dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, autorizó a la actuaría de su adscripción, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del demandado Gerardo Baltazar Mozqueda, ubicado en calle Víctor Bravo, número diecisiete, colonia Fuentes de Valladolid, de esta ciudad, a fin de requerirlo del pronto y efectivo pago de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, señalara bienes de su propiedad que las garanticen, y emplazarlo a juicio. Por su parte, la Actuaria adscrita señaló que el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, llevó a cabo la diligencia encomendada, por lo que ve al demandado Gerardo Baltazar Mozqueda, únicamente en lo relativo al emplazamiento, sin haber embargado bienes. Finalmente, también se informó que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se autorizó nuevamente al personal adscrito, a fin de requerir de pago, o en su caso embargar bienes propiedad del demandado, autorizando los medios de apremio consistentes en la fuerza pública, uso de cerrajero, rompimiento de chapas y cerraduras, sin que de momento se haya cumplimentado. Lo anterior se corrobora con las constancias que adjuntaron a su informe, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTA. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". También resulta oportuno, tener presente el contenido del artículo 5, fracción I, a que alude la fracción citada con antelación, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese orden, es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; así, el peticionario de garantías debe demostrar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda de amparo que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, por tanto, no se estima suficiente que las autoridades responsables informen la certeza del acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al peticionario del amparo, pues el detrimento depende de la existencia de derechos legítimamente tutelados, cuya vulneración se impugna mediante el amparo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la demanda de amparo resulta improcedente. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; y, 2a./J. 51/2019, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio constitucional, realiza el distingo en el supuesto de que quien se ostente como parte agraviada, puede acudir a sede constitucional en defensa del mismo cuando sea el titular de un derecho subjetivo público; lo anterior, cuando los actos reclamados se emitan dentro de procedimientos judiciales, pues sería inadmisible que en una contienda judicial donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos; con lo cual se crearía caos ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones judiciales. Así, se hace especial distinción entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia constitucional. Por tanto, de conformidad con las premisas destacadas previamente, para la procedencia de la acción constitucional de amparo en el supuesto de que la parte quejosa se ostente como tercero extraño, éste debe acreditar la afectación de los derechos subjetivos que invoca con motivo de los actos reclamados. Destacado lo anterior, se retoma que en el caso concreto, el quejoso Gerardo Baltazar Chávez, reclama la orden de embargo dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, promovido por la moral denominada Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, misma que ordenó practicarse en el domicilio ubicado en calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la colonia y/o fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán, el cual refiere habitar con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós; y, su inminente ejecución. Y, en ese contexto, esencialmente aduce que la orden de practicar embargo en su domicilio le irroga perjuicio, por no ser parte en el juicio de origen. Además, porque ese domicilio lo habita con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós; de ahí que los bienes que se encuentran al interior de su domicilio son de su propiedad y no de Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda -demandado-, quien si bien es cierto es su hijo, éste cuenta con diverso domicilio donde debe llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En primer término se precisa que, la orden de requerimiento de pago y en su caso embargo, no se emitió contra Gerardo Baltazar Chávez, parte quejosa en el presente juicio constitucional, sino contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 79/2023, que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios. Entonces, es evidente que la sola emisión del acto que ordena verificar esa diligencia en el domicilio en cita, no afecta su esfera de derechos, porque como ya se dijo no tiene el carácter de parte procesal, esto es, de demandado; y, como se aprecia, la orden embargo se emitió a fin de requerir al deudor, el pago de las prestaciones que se le reclaman, o en su defecto, embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar la suma reclamada, por lo cual, es evidente que esa orden no puede tener efectos en la esfera jurídica del quejoso o, en sus bienes, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "Morelia, Michoacán, a 16 dieciséis de marzo del 2023 dos mil veintitrés.- ..se autoriza al Actuario adscrito a este Juzgado, para que en legal y debida forma se constituya en el domicilio del demandado GERARDO BALTAZAR MOSQUEDA, ubicado en la calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la Colonia y/o Fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán y le requiera del pago de las prestaciones que se reclaman dentro del presente Juicio y en caso de no hacer dicho pago en el momento de la diligencia, embárguensele bienes de su propiedad suficientes y bastantes a garantizar las prestaciones reclamadas, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe el ejecutante.". Se insiste, la orden de embargo únicamente afecta al demandado Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, no así al quejoso Gerardo Baltazar Chávez, quien no es parte en el juicio generador de los actos reclamados; por tanto, es claro que por sí solos no afectan los intereses jurídicos del peticionario. Por similitud jurídica y como orientadores, se citan los criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución.". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso.". Sin que obste el contrato de arrendamiento de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, que celebró el aquí quejoso Gerardo Baltazar Chávez, en cuanto arrendatario, con Ricardo Ramos Reyes, como arrendador, respecto de la casa habitación ubicada en la Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, Fraccionamiento Sitio de Cuautla o Fuentes de Valladolid, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, pues aunque tiene valor probatorio en términos de los artículos 133 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de un documento privado, es insuficiente para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso. En efecto, con tal medio de convicción no se demuestra fehacientemente que con el acto reclamado en este asunto, se afecte el interés jurídico del promovente del amparo. Ello es así, en razón a que el contrato privado de arrendamiento citado -se insiste- resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico del impetrante, esto es, que dicho quejoso efectivamente tenga la calidad de arrendatario del bien inmueble en el cual se ordenó practicar el embargo, ya que independientemente que hubiera sido objetado o no, se requiere que éste conste de una manera auténtica, esto es, que tenga fecha cierta, por lo cual debió haber sido entregado a un funcionario en razón de su oficio, ratificado ante funcionario con fe pública o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, a fin de que existiera la certeza de que el inconforme tiene en arrendamiento el citado bien inmueble, para de esa manera demostrar que la orden de embargo le afecta en su esfera jurídica. Empero, tal documento no cumple con ese requisito, pues como se dijo, no fue entregado a un funcionario en razón a su oficio, celebrado o ratificado ante fedatario público o inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, y al ser así se concluye que es considerado como un documento privado de fecha incierta, el cual, por sus características, es insuficiente para acreditar su interés jurídico. Además de que, tampoco se encuentra demostrado que, en la especie, haya fallecido alguna de las partes que suscribieron ese convenio, de ahí que, si en el caso no se actualizaron tales supuestos, el documento en cuestión resulta insuficiente para tener por acreditada la existencia del contrato en la fecha que señala el promovente del amparo y, por ende, su interés jurídico, ya que tal pacto se convierte en un contrato entre simples particulares, que no tiene efectos contra terceros. Sirven de apoyo, por identidad jurídica sustancial, las Jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ahí que, el contrato privado de arrendamiento que exhibió la parte quejosa, con la finalidad de acreditar su interés jurídico dentro del presente juicio de amparo, no reúne los requisitos antes establecidos, por lo que dicho documento es ineficaz para demostrar esa afectación que reclama el impetrante, al no ser de fecha cierta. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la fiscal de la adscripción, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Baltazar Chávez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA CAJA MORELIA VALLADOLID SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, LA DETERMINACION DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 293/2023, promovido por Gerardo Baltazar Chávez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza Quinta Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de: La Jueza Quinta Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La orden de embargo dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, promovido por la moral denominada Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, misma que ordenó practicarse en el domicilio ubicado en calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la colonia y/o fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán, el cual refiere habitar con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós. La Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La inminente ejecución de la orden de embargo sobre bienes de su propiedad. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos que deben tener ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo expresaron al rendir su informe con justificación. En ese sentido, de manera esencial, la juez responsable manifestó que por auto de admisión dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, autorizó a la actuaría de su adscripción, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del demandado Gerardo Baltazar Mozqueda, ubicado en calle Víctor Bravo, número diecisiete, colonia Fuentes de Valladolid, de esta ciudad, a fin de requerirlo del pronto y efectivo pago de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, señalara bienes de su propiedad que las garanticen, y emplazarlo a juicio. Por su parte, la Actuaria adscrita señaló que el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, llevó a cabo la diligencia encomendada, por lo que ve al demandado Gerardo Baltazar Mozqueda, únicamente en lo relativo al emplazamiento, sin haber embargado bienes. Finalmente, también se informó que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se autorizó nuevamente al personal adscrito, a fin de requerir de pago, o en su caso embargar bienes propiedad del demandado, autorizando los medios de apremio consistentes en la fuerza pública, uso de cerrajero, rompimiento de chapas y cerraduras, sin que de momento se haya cumplimentado. Lo anterior se corrobora con las constancias que adjuntaron a su informe, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTA. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". También resulta oportuno, tener presente el contenido del artículo 5, fracción I, a que alude la fracción citada con antelación, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese orden, es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; así, el peticionario de garantías debe demostrar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda de amparo que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, por tanto, no se estima suficiente que las autoridades responsables informen la certeza del acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al peticionario del amparo, pues el detrimento depende de la existencia de derechos legítimamente tutelados, cuya vulneración se impugna mediante el amparo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la demanda de amparo resulta improcedente. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; y, 2a./J. 51/2019, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio constitucional, realiza el distingo en el supuesto de que quien se ostente como parte agraviada, puede acudir a sede constitucional en defensa del mismo cuando sea el titular de un derecho subjetivo público; lo anterior, cuando los actos reclamados se emitan dentro de procedimientos judiciales, pues sería inadmisible que en una contienda judicial donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos; con lo cual se crearía caos ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones judiciales. Así, se hace especial distinción entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia constitucional. Por tanto, de conformidad con las premisas destacadas previamente, para la procedencia de la acción constitucional de amparo en el supuesto de que la parte quejosa se ostente como tercero extraño, éste debe acreditar la afectación de los derechos subjetivos que invoca con motivo de los actos reclamados. Destacado lo anterior, se retoma que en el caso concreto, el quejoso Gerardo Baltazar Chávez, reclama la orden de embargo dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil 79/2023, promovido por la moral denominada Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, misma que ordenó practicarse en el domicilio ubicado en calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la colonia y/o fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán, el cual refiere habitar con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós; y, su inminente ejecución. Y, en ese contexto, esencialmente aduce que la orden de practicar embargo en su domicilio le irroga perjuicio, por no ser parte en el juicio de origen. Además, porque ese domicilio lo habita con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con Ricardo Ramos Reyes, el uno de septiembre de dos mil veintidós; de ahí que los bienes que se encuentran al interior de su domicilio son de su propiedad y no de Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda -demandado-, quien si bien es cierto es su hijo, éste cuenta con diverso domicilio donde debe llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En primer término se precisa que, la orden de requerimiento de pago y en su caso embargo, no se emitió contra Gerardo Baltazar Chávez, parte quejosa en el presente juicio constitucional, sino contra Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 79/2023, que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de sus endosatarios. Entonces, es evidente que la sola emisión del acto que ordena verificar esa diligencia en el domicilio en cita, no afecta su esfera de derechos, porque como ya se dijo no tiene el carácter de parte procesal, esto es, de demandado; y, como se aprecia, la orden embargo se emitió a fin de requerir al deudor, el pago de las prestaciones que se le reclaman, o en su defecto, embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar la suma reclamada, por lo cual, es evidente que esa orden no puede tener efectos en la esfera jurídica del quejoso o, en sus bienes, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "Morelia, Michoacán, a 16 dieciséis de marzo del 2023 dos mil veintitrés.- ..se autoriza al Actuario adscrito a este Juzgado, para que en legal y debida forma se constituya en el domicilio del demandado GERARDO BALTAZAR MOSQUEDA, ubicado en la calle Cap. y/o Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, en la Colonia y/o Fraccionamiento Fuentes de Valladolid en Morelia, Michoacán y le requiera del pago de las prestaciones que se reclaman dentro del presente Juicio y en caso de no hacer dicho pago en el momento de la diligencia, embárguensele bienes de su propiedad suficientes y bastantes a garantizar las prestaciones reclamadas, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe el ejecutante.". Se insiste, la orden de embargo únicamente afecta al demandado Gerardo Baltazar Mozqueda y/o Mosqueda, no así al quejoso Gerardo Baltazar Chávez, quien no es parte en el juicio generador de los actos reclamados; por tanto, es claro que por sí solos no afectan los intereses jurídicos del peticionario. Por similitud jurídica y como orientadores, se citan los criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución.". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso.". Sin que obste el contrato de arrendamiento de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, que celebró el aquí quejoso Gerardo Baltazar Chávez, en cuanto arrendatario, con Ricardo Ramos Reyes, como arrendador, respecto de la casa habitación ubicada en la Capitán Víctor Bravo, número 17 diecisiete, Fraccionamiento Sitio de Cuautla o Fuentes de Valladolid, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, pues aunque tiene valor probatorio en términos de los artículos 133 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de un documento privado, es insuficiente para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso. En efecto, con tal medio de convicción no se demuestra fehacientemente que con el acto reclamado en este asunto, se afecte el interés jurídico del promovente del amparo. Ello es así, en razón a que el contrato privado de arrendamiento citado -se insiste- resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico del impetrante, esto es, que dicho quejoso efectivamente tenga la calidad de arrendatario del bien inmueble en el cual se ordenó practicar el embargo, ya que independientemente que hubiera sido objetado o no, se requiere que éste conste de una manera auténtica, esto es, que tenga fecha cierta, por lo cual debió haber sido entregado a un funcionario en razón de su oficio, ratificado ante funcionario con fe pública o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, a fin de que existiera la certeza de que el inconforme tiene en arrendamiento el citado bien inmueble, para de esa manera demostrar que la orden de embargo le afecta en su esfera jurídica. Empero, tal documento no cumple con ese requisito, pues como se dijo, no fue entregado a un funcionario en razón a su oficio, celebrado o ratificado ante fedatario público o inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, y al ser así se concluye que es considerado como un documento privado de fecha incierta, el cual, por sus características, es insuficiente para acreditar su interés jurídico. Además de que, tampoco se encuentra demostrado que, en la especie, haya fallecido alguna de las partes que suscribieron ese convenio, de ahí que, si en el caso no se actualizaron tales supuestos, el documento en cuestión resulta insuficiente para tener por acreditada la existencia del contrato en la fecha que señala el promovente del amparo y, por ende, su interés jurídico, ya que tal pacto se convierte en un contrato entre simples particulares, que no tiene efectos contra terceros. Sirven de apoyo, por identidad jurídica sustancial, las Jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ahí que, el contrato privado de arrendamiento que exhibió la parte quejosa, con la finalidad de acreditar su interés jurídico dentro del presente juicio de amparo, no reúne los requisitos antes establecidos, por lo que dicho documento es ineficaz para demostrar esa afectación que reclama el impetrante, al no ser de fecha cierta. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la fiscal de la adscripción, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Baltazar Chávez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Comparece tercera interesada. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Asminda Mara Espinosa Ortega, apoderada legal de la persona moral denominada Caja Morelia Valladolid Sociedad Cooperativa de Ahorro y Prestamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, -personalidad que se le reconoce al tenor de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que anexa para tal efecto-; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 5", fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele compareciendo al presente juicio de amparo. 1.2. Señala domicilio y autorizados. Asimismo, señala domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Cuautla, número mil doscientos veinte, planta alta, de la colonia Felicitas del Río, de esta ciudad, y autoriza para recibir notificaciones a Andrea Mara Gudiño Espinosa y Said Areola Orozco, en términos restringidos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 1.3. Finalmente, respecto a su solicitud a devolver la copia certificada de la cédula profesional y de la cotejada del poder que anexó a su escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar a su devolución, en virtud de que en la audiencia constitucional pueden ser objetados conforme con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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