Gerardo Ávila Ruiz
Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Ávila Ruiz
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el disco versátil digital (DVD), enviado por la responsable, que remitió junto a su informe justificado, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo, puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibidos documentos originales que obren en el expediente, contaran con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en su carácter de Juez de Control, mediante el cual informa que el diez de junio de dos mil veintiuno, en audiencia de celebración de procedimiento abreviado se dictó sentencia de condena en contra Gerardo Ávila Ruíz, por el delito de portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que acredita con la copia de la misma. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica que operó con motivo de la sentencia de condena en contra Gerardo Ávila Ruíz, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en su carácter de Juez de Control, dentro de la causa penal 57/2021. La referida causal de improcedencia establece que el juicio de amparo biinstancial es improcedente, cuando, por virtud del cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido contra un acto que emane de un procedimiento judicial y con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que atacó en primer término y que por ello, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de este último, sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el impetrante por virtud del acto que reclamó en el juicio constitucional. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A lo anterior sirve de sustento, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso, el quejoso hizo consistir los actos reclamados en: auto de vinculación a proceso y medida cautelar de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dentro de la causa penal 57/2021, instruido en contra de Gerardo Ávila Ruiz, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionada en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; conducta que atribuyó al imputado a título de dolo directo y en grado de autor material, en términos de los artículo 9, párrafo primero y 13, fracción II del Código Nacional Federal. La medida cautelar de prohibirle al peticionario de amparo de salir del país, sin autorización, requiriéndolo para que entregue al Centro de Justicia Penal Federal, bajo resguardo y dentro de los cinco días hábiles siguientes, su tarjeta de residencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, del oficio de cuenta se desprende que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en su carácter de Juez de Control, el diez de junio de dos mil veintiuno, en audiencia de procedimiento abreviado dictó sentencia de condena en contra Gerardo Ávila Ruíz, por el delito de portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dentro de la causa penal 57/2021. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. De ahí, es inconcuso que en el caso se han colmado todos los requisitos para que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el auto de vinculación a proceso y medida cautelar de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dentro de la causa penal 57/2021, instruido en contra de Gerardo Ávila Ruiz, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionada en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y la medida cautelar de le prohibió al peticionario de amparo de salir del país, que aquí constituyen los actos reclamados, fueron dictadas en un procedimiento judicial. Asimismo, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo (veintiséis de abril de dos mil veintiuno), el Juez responsable dictó sentencia de condena en audiencia de procedimiento abreviado en contra Gerardo Ávila Ruíz, por el delito de portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en diez de junio de dos mil veintiuno. Además, porque la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso con motivo de la sentencia de condena en contra Gerardo Ávila Ruíz, impide decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de le prohibió al peticionario de amparo de salir del país, sin afectar la determinación referida la cual es independiente y no es motivo de análisis en este juicio. En ese contexto, es imposible volver las cosas al estado que tenían antes de las posibles violaciones que hubieran existido con el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de le prohibió al peticionario de amparo de salir del país, porque no puede retrotraerse en sus efectos restitutorios como lo prevé el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; pues, precisamente, como se dijo, la situación jurídica del quejoso ha cambiado, y por ende, ahora ya no puede analizarse en este juicio aquellos otros actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal determinación. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con César Sahagún Tena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informa. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, por medio del cual informa que encomendó a los notificadores adscritos, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del fiscal federal. Asimismo, remite la constancia de notificación efectuada a la representante social efectuada por correo electrónico, por el que remitió la copia de la demanda de amparo y del auto de tres de mayo de dos mil veintiuno de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Alegato ministerio público. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la Agente, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele copias simples de la misma; previo recibo que se deje en autos. Estado de autos. Del estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, no ha remitido el emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público, que intervino en la causa penal 57/2021, el cual le fue solicitado mediante oficio 10023/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, recibido por la misma en seis de mayo del año en curso, como se advierte de la constancia respectiva. Emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, solicítesele de la manera más atenta, ordene a quien corresponda emplace a juicio al tercero interesado Agente del Ministerio Público, que intervino en la causa penal 57/2021, corriéndole traslado con copia de la demanda, así como autorizada del auto admisorio. Además, dígase a la autoridad responsable que deberá remitir las constancias de emplazamiento que le practique al referido Ministerio Público. Diferimiento. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija, en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo dela Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV2 (COVID-19). NOTIFÍQUESE; Y EMPLÁCESE POR CONDUCTO DE LA RESPONSABLE, AL FISCAL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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